A un año de la sanción del uso de cannabis para cuestiones medicinales, los familiares de personas con patologías que encontraron mejoría con el consumo de esa sustancia denunciaron que el Ministerio de Seguridad no permite la reglamentación completa de la Ley 27350. Esto significa que “no autoriza la importación ni el cultivo” de la materia prima para la elaboración de aceites, por lo que los usuarios siguen siendo pasibles de ser detenidos, aseguran desde la organización Mamá Cultiva.

Para elaborar aceite de cannabis, la legislación nacional contempla la importación de materia prima para que organismos estatales elaboren la sustancia, a fin de comercializarla, y la autorización para que las familias que no pueden adquirirla tengan la posibilidad de cultivar y elaborar el aceite. La norma indica que la cartera de Seguridad es la que debe aprobar estos pasos, algo que, aseguran, no ocurre. Mientras esto no suceda, los padres y madres que planten cepas pueden ser detenidos.

Valeria Salech, de la organización Mamá Cultiva, contó que han mantenido reuniones con autoridades del Ministerio de Salud, pero desde allí le transfirieron la responsabilidad del retraso a la cartera que conduce Patricia Bullrich.

Salech explicó además que “el Anmat todavía no ha autorizado ningún producto” a base de cannabis para que pueda importarse. Por otro lado, para que haya producción nacional, “la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos necesita que haya materia verde” y esto no ocurre porque Seguridad no le aprueba al INTA un espacio para cultivar. “Es el Ejecutivo el que está frenando esto, y se nota mucho”, sentenció Salech.

Según la ley, hay otras dos maneras para acceder a esa terapia. Una es que los paciente se inscriban en un programa de investigación que les iba a suministrar el aceite, mientras que aquellos que no puedan anotarse tengan la posibilidad de importarlo. “Ese programa es un fracaso porque está hecho para personas que tiene epilepsia refractaria, que son muy pocas porque no es una patología muy común. Lo que es muy común es paliar efectos de la quimoterapia, Parkinson, Alzheimer o chicos con autismo, esclerosis múltiples”, precisó la integrante de la ONG que impulsó la 27350.

El otro camino es la elaboración de un registro de pacientes usuarios de cannabis medicinal para autorizar cultivos y que la policía no los allane, pero eso es justamente lo que no pasa, tal como indicó la mujer.