“El gobierno de San Juan mantiene el estado de abandono en Jáchal”. Con esa frase, el abogado Diego Miguel Seguí describió la situación de esa comunidad a un año del derrame de un millón de litros de solución cianurada que se produjo en las instalaciones de la minera canadiense Barrick Gold, compañía que opera en la cordillera sanjuanina.

Seguí, el abogado que representa a los vecinos de la Asamblea Jáchal No Se Toca, aseguró que ni el abandono del gobierno sanjuanino, el del nacional, ni los escasos resultados de las investigaciones judiciales los detendrán. Justamente hoy –13 de septiembre de 2016– realizarán un acto en la plaza de Jáchal al que acudirán dirigentes de distintas provincias –incluida Mendoza–, donde dejarán en claro que continuarán su lucha.

El primer anuncio

Hace un año, los vecinos del departamento de Jáchal tuvieron la primera novedad sobre el derrame a través de un mensaje por WhatsApp en el que les pedían que no consumieran agua de la canilla porque habían vertido al río Jáchal 15 mil litros de cianuro y mercurio. De acuerdo al texto, el problema se generó en la mina de oro y plata Veladero, ubicada a 350 kilómetros al noroeste de ciudad de San Juan, que opera la firma Barrick Gold.

La preocupación de los vecinos fue instantánea, ya que Jáchal está unido a Veladero a través de las aguas del río, que se carga en las nacientes del arroyo Potrerillos, sobre el que se produjo el derrame.

En un primer momento, tanto el Gobierno de San Juan como la firma canadiense desmintieron la información. Días después admitieron el derrame, debido a la rotura de una válvula en las instalaciones de la mina, aunque negaron la contaminación del agua.

Los vecinos no se quedaron quietos y se autoconvocaron en la plaza de Jáchal. El intendente, Jorge Barifusa (FpV), convocó a Saúl Zeballo, contador y vecino reconocido de la ciudad, para que integrara el comité de crisis e hiciera contacto con técnicos de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) para realizar un análisis al agua.

Los resultados de los análisis que hicieron integrantes del Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería de la UNCUYO fueron dados a conocer por los vecinos y publicados en el sitio La Vaca, replicados por Explícito y luego en Unidiversidad. Determinaron que las aguas de los ríos de deshielo contenían metales pesados peligrosos para cualquier tipo de vida en la zona, como arsénico, aluminio, manganeso, boro, cloruros y sulfatos.

El Gobierno de San Juan y la minera también presentaron informes que aseguraron que, pese al derrame de solución cianurada, no había contaminación de las aguas.

El último informe que se conoció fue el que realizaron los peritos de la Policía Federal a pedido de la Justicia. El mismo determinó el hallazgo de “cianuro total” en los ríos de Jáchal y además advirtió sobre la infracción a la Ley de Residuos Peligrosos.

Luego del derrame, la Corte Suprema falló sobre el conflicto de intereses en materia judicial. Determinó que la Justicia de San Juan llevaría adelante la investigación de todos los hechos y la responsabilidad de los privados, mientras que el ámbito Federal llevaría adelante las pesquisas relacionadas con las presuntas infracciones que cometieron los funcionarios públicos a las leyes medioambientales.

En San Juan la investigación quedó en manos del juez Pablo Oritja, quien procesó a nueve empleados y ejecutivos de la Barrick. En tanto, en el ámbito federal, la pesquisa quedó en manos del magistrado Sebastián Casanello, quien la derivó al fiscal federal Ramiro González, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en materia ambiental, quien analiza la responsabilidad de los funcionarios.
 

En estado de abandono

En comunicación telefónica con Universidad, el abogado Diego Miguel Seguí aseguró que, a un año del derrame, la situación de la comunidad sigue igual. Dijo que la Barrick Gold continúa operando en la cordillera y que el gobierno sanjuanino mantiene el estado de abandono sobre Jáchal y sus vecinos, además de continuar con el impulso a la minería, con los mismos parámetros anteriores al derrame.

Seguí también criticó a las autoridades nacionales. Dijo que el rabino y ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, no cumplió con ninguna de las promesas que hizo cuando estuvo en el lugar, como que ejecutaría el seguro ambiental que la Ley de Residuos Peligrosos impone a las mineras y que se cumpliría en forma debida con la Ley de Glaciares.

El abogado comentó que para los vecinos fue lapidaria la decisión de los ediles del Concejo Deliberante de Jáchal, que votaron en contra de una consulta popular no vinculante para saber si la comunidad aprobaba la instalación de emprendimientos mineros en la cuenca del río.

Seguí explicó que la gran preocupación sigue siendo la calidad del agua de consumo. En ese sentido, explicó que lograron una solución para la localidad de Mogna (que ordenó la Justicia provincial), que presentaba los peores índices respecto de la calidad del líquido, pero que existen otras zonas donde no llegaron al mismo resultado, como sucede en Mercedes, cuya situación consideró como más crítica.

A un año del derrame en Veladero se realizará un acto en la plaza de Jáchal, en el que participarán artistas y dirigentes de todo el país. El objetivo del encuentro es que nadie olvide a la comunidad sanjuanina que hace un año se autoconvocó y exigió respuestas a las autoridades, respuestas que aún esperan y por las que están dispuestos a continuar su lucha.