La frase es de Perón, pero el presidente electo no lo señala: “Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”. Y ojalá sea así: como sociedad, debemos velar para que ello se cumpla expresamente.

Es que hay un importante sector social esperanzado en lo que vendrá desde el 10 de diciembre. Otro que votó al candidato ganador por falta de diversidad de opciones, y un sector nada menor –Massa obtuvo 9 votos de cada 20– que ve con mucha preocupación las medidas que está esbozando el futuro presidente, esas que –por cierto– había adelantado antes de las elecciones.

Milei no mintió en cuanto a hacer ajuste: siempre declaró que lo haría. Puede decirse que su “corrimiento" postelectoral es a la inversa: hacia reforzar el acuerdo con el macrismo y entregar –si queda en manos de Caputo– la dirección de la economía a quienes ya gobernaron el país (sin demasiado acierto). Lo que suaviza un tanto los extremos de la postura de Milei, fuertemente doctrinaria y atada a libros de cabecera de autores que –como él mismo– no han tenido experiencia alguna de gobierno.

Pero el “cóctel” de medidas es, sin dudas, draconiano. Eliminación de las contribuciones a las provincias, dejando solo las de coparticipación que la Constitución exige. Idea de déficit cero en gasto estatal, lo que implica posible aumento de tarifas y recortes en casi todas las áreas. Mantenimiento de la inflación, lo que se agudizará con las expectativas sobre el dólar y las medidas sobre tipos de cambio. Ni una palabra sobre mantener las paritarias y mejorar los salarios. Eliminación lisa y llana de la obra pública, dejando a empresas sin ganancia, trabajadores sin empleo y usuarios sin las obras. Insinuación de no pago del aguinaldo, reforzada ahora con provincias que dicen no tener cómo devengarlo que y apuntan contra medidas de Massa (efectivamente, fue el excandidato de UxP el que tomó la decisión de no continuar con el impuesto a las ganancias, pero será resorte del nuevo gobierno continuar o no esa decisión). En fin: esto, por citar solo una parte de lo que se ha hablado, más las privatizaciones de empresas estatales que pueden implicar miles de nuevos desempleados.

Por cierto, desde la derecha ideológica se dice que, luego de todo esto, vendrá el bienestar: son –dicen ellos– reformas necesarias, que favorecerán a los inversores y disminuirán las prestaciones a los trabajadores. Pero ¿quién garantiza ese paraíso final que se promete, cuando el camino es sangre, sudor y lágrimas? Y ese final prometido nunca es final garantizado: todavía estamos esperando que maduren los “brotes verdes” del macrismo.

Es obvio que, con tantas espinas, el camino que se presenta será conflictivo. Lo saben y dicen los mismos partidarios del nuevo gobierno. Frente a ello, Milei promete respetar el derecho a la protesta social, siempre que no colisione con otros derechos (el de libre tránsito es de obvia referencia).

Parece razonable que la protesta social se autolimite en cuanto a no afectar el ejercicio del tránsito, siempre que no se la quiera orillar a la invisibilización y la irrelevancia. Habrá modos de que la protesta aparezca en la calle y, a la vez, pueda liberar el tránsito de manera metódica y preprogramada. La protesta no tiene por qué impedir que los demás ciudadanos se trasladen: pero debe encontrar visibilidad, y la calle la ofrece. Habrá que equilibrar las cargas.

Lo cierto es que la ley constriñe también al poder político. Hablar de la ley no es dar libre acción a la policía: es exigir a esta que actúe legalmente. No es aplicar doctrina Chocobar, ni provocar la muerte como a Rafael Nahuel. Tanto la protesta social como la acción de las fuerzas de seguridad deben ajustarse a la ley, no solo porque lo diga el presidente: porque es la obligación ciudadana y democrática.

Han aparecido acciones ilegales de una ultraderecha que cree que volvió su momento, como si esto fuera la dictadura. Que Villarruel no haya tenido influencia alguna en Seguridad –al menos, hasta ahora– quita peso a esa opción. Es una apuesta que parece creer que el desorden podría conducir hacia un gobierno autoritario, y no a un temprano desgaste del gobierno que dicen apoyar, el de Milei: no ha habido acciones violentas sistemáticas anteriormente –el atentado a Cristina Fernández de Kirchner fue una excepción–, de modo que pintadas, amenazas, etc., ahora perjudican la imagen del gobierno que va a asumir.

También en ese punto, el ejercicio de la ley prometido por el futuro presidente se hace necesario. Los argentinos bien sabemos lo que ocurre cuando los diques de la violencia se rompen. Siempre hay quien cree triunfar en lo inmediato, pero, a largo plazo, todos los sectores se perjudican. De modo que, a 40 años de la democracia, seamos capaces de defenderla: el conflicto social siempre existe, pero solo se hace tolerable dentro de los límites y cauces de la observancia de la legalidad.