La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y ONU Mujeres publicaron un estudio sobre el impacto a la libertad de expresión que tienen los ataques en redes a las mujeres con voz pública en América Latina y el Caribe. El mayor efecto sobre la libertad de expresión es la autocensura: el 40% de las entrevistadas manifestó haberse autocensurado. En total, entrevistaron a 15 periodistas, defensoras de derechos humanos, activistas y políticas.

“En los últimos cinco años la violencia de género en línea creció exponencialmente y los modos en que se manifiesta se multiplicaron. Organismos internacionales y organizaciones de defensa de los derechos humanos vienen publicando trabajos sobre su dimensión y consecuencias”, introduce el estudio. Hay otros resultados tan elocuentes como alarmantes: el 80% aseguró haber limitado su participación en redes, el mismo porcentaje temió o teme por su integridad física y hasta por su vida, y todas recibieron amenazas de violación.

El informe se titula “Violencia de género en línea hacia mujeres con voz pública. Impacto en la libertad de expresión”, cuyas autoras son las comunicadoras Ingrid Beck, Florencia Alcaraz y Paula Rodríguez. Las entrevistas sobre las cuales se basó la investigación se hicieron con mujeres radicadas en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

La violencia de género en línea es abarcativa. Incluye el discurso de odio, las amenazas de violencia física o sexual, el acoso en línea y el acecho, el doxing o divulgación de información personal, la vigilancia electrónica selectiva, la coacción, la exposición no consentida de imágenes íntimas y las fake news.

Esta forma de violencia no puede ser soslayada, minimizada o envuelta en generalizaciones sobre las “reglas del juego” del debate en las plataformas digitales. Por cada mujer silenciada o que se intenta callar o limitar, son varias las que ni siquiera llegarán al debate público.

— Paula Rodríguez (@madrebotinera)

December 10, 2022

Pero pensar que las agresiones digitales quedan limitadas a ese ámbito es un error: “La violencia en línea traspasa la virtualidad; tiene consecuencias concretas y visibles en las personas que la padecen; y con frecuencia, continúa literalmente por fuera de las plataformas digitales”, explica el informe. El ejemplo explícito es la amenaza de violación.

Y se explaya: “Es un error y una minimización del problema hablar de violencia online como algo ajeno, separado, distanciado de la violencia estructural por razones de género. Las mujeres con voz pública, especialmente las periodistas y comunicadoras, defensoras de los derechos humanos, son el objetivo particular de una violencia de género en línea sistemática”.

Foto: Gala Abramovich

"Es importante identificar que es un continuum de violencia y que lo que se ve en el Twitter es el principio, no el final. De las 15 mujeres entrevistadas 3 tuvieron que exiliarse. El impacto de la violencia en línea no termina en el trolleo, sigue después en la mensajería privada, en la vida física, esa escalada es la que hace además el retiro definitivo de las mujeres de los espacios de opinión, por miedo y a veces situaciones concretas", explicó Daniela Urribarri, editora del informe e integrante de la Alianza conformada por una red de 18 organizaciones de 16 países

La violencia en línea no es un fenómeno aislado, sino parte de un contexto social en el que se ejerce sistemáticamente la discriminación y la violencia contra las mujeres, niñas y diversidades, que fluyen en un "escenario online-offline", sin límite claro. Algunos son ataques reactivos —a una publicación, una cobertura, una nota—, mientras que otros se perciben 'porque sí' y las entrevistadas los relacionan con el ensañamiento. A menudo, comprueban o sospechan coordinación. La agresión en línea tiene también un efecto disciplinador sobre terceras personas.

Estos ataques impactan directamente en el ejercicio de la libertad de expresión de quienes los padecen. Las consecuencias son palpables: restan voces en el debate público, reducen puntos de vista, empobrecen el debate social y, por consiguiente, socavan la calidad de las democracias.

El informe no se limita a denunciar una situación sino que también tiene una última parte propositiva y hace recomendaciones al Poder Ejecutivo de impulsar políticas públicas específicas; al Judicial, de facilitar el acceso ante delitos; al Legislativo, de actualizar o promover leyes. También requiere la acción de las plataformas, de los medios de comunicación y de las organizaciones sociales y políticas.