La Red Mujeres para la Justicia, integrada por juezas y funcionarias de distintos fueros y tribunales del país, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la propuesta del Ejecutivo de designar dos varones más en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por entender que, con esta acción, viola sus obligaciones convencionales, constitucionales y reglamentarias. La novedad la dio a conocer Amnistía Internacional a través de un comunicado.

En el texto se detalló que, a lo largo de 162 años de historia, solo tres mujeres (frente a 104 hombres) alcanzaron el cargo de jueza de la Corte Suprema. Por esto, consideraron que es un deber del Ejecutivo promover, para ocupar un lugar en el máximo tribunal, a mujeres que reúnan las altísimas cualidades, idoneidad y compromiso con los derechos que se requieren para semejante función.

Actualmente, la Corte Suprema de Justicia está integrada solo por varones: Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz (vicepresidente), Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. A mediados de abril, el presidente Javier Milei propuso en forma oficial a Ariel Oscar Lijo y Manuel José García Mansilla para cubrir las vacantes de Elena Higthon de Nolasco, que se jubiló, y de Maqueda, que está próximo a cumplir los 75 años y jubilarse, tal como lo establece la ley.

La propuesta de ambas candidaturas fue impugnada por diversas organizaciones con el fundamento de que viola obligaciones constitucionales en materia de paridad de género, pero los reclamos no fueron atendidos. En los mensajes de elevación de los pliegos al Senado (que dirime si ingresan o no), el Ejecutivo consideró que integrar el tribunal con una composición de género diversa era una “exigencia que, en la medida de lo posible, corresponde ser tenida en cuenta, pero que de ninguna manera resulta excluyente” para la postulación de los candidatos.

Para la Red Mujeres para la Justicia, la respuesta del Ejecutivo fue errónea, y fundamentó su postura. “Una integración paritaria de la Corte Suprema y el acceso a cargos públicos, especialmente en órganos jerárquicos y de poder, son derechos políticos de las mujeres y el Estado tiene la obligación de hacerlos efectivos. ¿Cómo? Empezando por postular y seleccionar mujeres para los cargos vacantes cada vez que tenga la oportunidad de hacerlo en un órgano mayoritariamente integrado por varones, como sin duda ocurre ahora en el máximo tribunal”.

La demanda

La Red presentó la demanda de inconstitucionalidad contra la propuesta del Ejecutivo. Además, pidió a la Justicia que ordene al Senado que no comience con el análisis de los pliegos de los candidatos hasta que el planteo sobre la inconstitucionalidad de los nombramientos se resuelva, ya que avanzar en ese proceso sería convalidar un acto manifiestamente inconstitucional.

La demanda se fundamentó en que las postulaciones violan el Decreto 222/03 y la normativa constitucional y convencional vigente (artículos 16, 75 inc. 22 y 23 de la Constitución Nacional). También artículos 1, 2, 5 y 7 inc. b de la convención del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), a la que Argentina adhirió y que tiene rango constitucional desde 1994.

La causa quedó radicada ante el Juzgado N.º 8 en lo Contencioso Administrativo Federal, a cargo de Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, bajo el número CAF 10637/2024. La presentación contó con el respaldo de Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). “Frente a este escenario, la propuesta de designación profundiza la subrepresentación estructural de las mujeres, en una clara violación al derecho de igualdad real entre varones y mujeres, y con serio impacto en la calidad democrática de las instituciones”, fundamentó la Red.

El techo de cristal judicial

En el comunicado de Amnistía se detalló que la discriminación estructural e histórica de las mujeres en la sociedad les impidió el acceso a los puestos de mayor jerarquía en el Estado en general, en el Poder Judicial en particular, y más específicamente a la Corte Suprema de la Nación. La organización compartió las estadísticas que reflejan la discriminación. En el sistema judicial argentino, si bien el 57 % del personal del Poder Judicial está conformado por mujeres, ellas ocupan solo el 31 % de los cargos de magistrados y magistradas de la justicia nacional y federal y solo el 29 % de las máximas autoridades del Poder Judicial, según los datos publicados en el Mapa de Género del año 2023 elaborado por la Oficina de la Mujer del máximo tribunal.

En cuanto a la realidad en las provincias, un estudio oficial de 2021 dio  cuenta de que, “si bien la paridad de género enfrenta mayores o menores desafíos según la provincia de que se trate, a nivel general, la suma total de juezas en los tribunales superiores llega únicamente al 38 % y solo el 17 % (4 mujeres) ocupan actualmente las presidencias”.

Del mismo modo, una investigación llevada a cabo por el Ministerio Público de la Defensa ilustra la falta de voluntad que ha tenido a lo largo de los años el Ejecutivo para proponer candidatas mujeres a la Corte Suprema y la importancia de su rol para alcanzar la paridad de género. De tal estudio se desprendió que, entre 2008 y 2019, las ternas enviadas por el Ejecutivo para designar cargos de defensor o defensora incluían mujeres en 8 de cada 10 oportunidades. Sin embargo, solo fueron designadas en el 33 % de los casos.