El gobernador Alfredo Cornejo confirmó que está trabajando para la resociabilización de las personas privadas de la libertad, buscando que de alguna forma devuelvan al Estado el costo de su manutención. El Procurador de las Personas Privadas de la Libertad, Fabricio Imparado, celebró la medida y prometió modificaciones para cumplir la ley vigente, que reglamenta cómo debe ser la reinserción laboral. Varias organizaciones ya trabajan con presos de los penales de la provincia.

En el marco de los anuncios de seguridad del viernes 10 de noviembre, el mandatario de Mendoza destacó que quiere que "los presos devuelvan con su trabajo el costo que le generan al Estado y que asuman más obligaciones". A pesar de sus intenciones, el discurso sonó a demagogia al verificar la existencia de la Ley Nacional de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, vigente desde hace 20 años y que especifica cómo debe ser el trabajo carcelario.

El Procurador de las Personas Privadas de la Libertad, Fabricio Imparado, mostró su apoyo a la decisión del Gobernador ya que se define como un "ferviente defensor del trabajo en contextos de encierro". En declaraciones a MDZ Online, destacó que el preso "tiene el derecho y el deber" de trabajar según establece la Ley Nacional N.º 24660, que regula los procedimientos y las características del empleo en situación de encierro.

La normativa regula que la persona privada de su libertad puede trabajar como cualquier otra, con la misma seguridad social, sin castigo ni forzadamente, teniendo en cuenta sus capacidades y aptitudes, y con una remuneración acorde al salario mínimo, vital y móvil. Se exige, además, que nadie puede negarse injustificadamente y, si lo hace, será sancionado con una falta media que repercutirá en su concepto.

Lo que sucede es que muchas personas no trabajan y las autoridades no han establecido mecanismos propicios para revertir la problemática. En la entrevista, Imparado admitió que este sistema de resociabilización y reinserción laboral no funciona como debería, y reveló que no se respetan la distribución del salario destinada a la indemnización civil de las víctimas, las cargas sociales para la familia del condenado y el fondo de reserva para su posterior salida. Para sortear las falencias económicas del sistema, intentarán que el Gobierno disponga del 25 % de ese salario para costear la manutención del detenido.
 

Ecología e inclusión social

Varias empresas y organizaciones emplean a personas en situación de encierro para fomentar la reinserción y la inclusión social. Una de ellas es Xinca, empresa de zapatillas dedicada al cambio social y ambiental, que genera oportunidades laborales a partir del reciclado de residuos y productos en desuso, como neumáticos y telas. 

Además de promover la sustentabilidad y el consumo responsable, la empresa tiene alianzas y vínculos con talleres y asociaciones sociales y brinda herramientas de reinserción a internos del penal de San Felipe. En el municipio bonaerense de Quilmes, Xinca cerró un acuerdo para ser el proveedor oficial de los trabajadores públicos.

Xinca ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, como los premios Viva, Latinoamérica Verde, Mayma y Global Sourcing Council 3S. Además, la empresa recibió financiamiento por medio millón de pesos tras ganar en el reality show El emprendedor del millón, que fue emitido por Telefe en 2013.