El periodista Ricardo Ragendorfer, junto con Carlos Dutil escribieron el libro "La Bonaerense: historia de la policía de la provincia de Buenos Aires" donde, entre los datos más llamativos, se encuentra que “La Bonaerense” tiene como misión recaudar unos 15 mil dólares por mes. A raíz de esto Ragendorfer escribió un artículo en la revista Le Monde Diplomatique -El Dipló- donde cuenta las condiciones perversas, e históricas, de esa fuerza policial.

Según el autor del libro “La Bonaerense”, la mitad de esos 15 mil dólares "se repartía entre el comisario, el subcomisario y el servicio de calle, en tanto que la otra mitad subía hacia las departamentales, donde tenía lugar un reparto idéntico: la mitad quedaba en el lugar y el resto sube a Jefatura".

El análisis del periodista se enmarca en las crisis de seguridad que se viven en toda Latinoamérica. Y se enfoca en los recursos con los cuales los países cuentan para hacerle frente. En función de esto, da cuenta que los 50 mil hombres y mujeres que componen "la Bonaerense" como "la fuerza de seguridad más numerosa del país", fuerza que comparte, junto con la Gendarmería, la Policía Federal y la Prefectura "el estigma de la corrupción".

Ragendorfer sostiene en El Dipló que "las más activas en los quehaceres ilícitos suelen ser las que operan en las grande urbes, por su densidad de habitantes y la creciente desigualdad social". La forma de operar de la "mafia que se viste de azul", tal como la califica, se centra en, concretamente: "arreglos, extorsiones, impuestos, peajes y tarifas o, lisa y llanamente, la complicidad directa de los uniformados en un diversificado mercado de asuntos, desde los más lucrativos -tráfico de drogas, desarmaderos, piratería del asfalto- hasta establecer “zonas liberadas” para cometer asaltos y secuestros extorsivos".  El autor sostiene que, finalmente, "las tasas de inseguridad pública son directamente proporcionales al nivel de corrupción existente en las filas policiales".

Por otro lado, esta mañana el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo número 1 de La PLata, Luis Arias, aseguró esta mañana que existen "responsabilidades de la Policía y el poder político" en los delitos cometidos por los menores de edad. En ese sentido, el magistrado platense denunció que "nadie asume la responsabilidad y siempre se les echa la culpa a los chicos". "Muchas veces, son los punteros los que suministran, además de planes sociales, drogas y armas", indicó Arias, quien recordó su denuncia de que hay algunos policías  que "sistemáticamente liberan zonas y envían a los menores a delinquir en ellas". En declaraciones radiales, el especialista puntualizó que "se acude a este pedido de reforma (al Código Penal Juvenil) como una cuestión de oportunismo mediático. Es una discusión inconducente". Arias, en la misma nota alerta sobre la consecuencias de la baja de imputabilidad, "Si bajamos la edad de imputabilidad, el chico ingresa al sistema penal. ¿Y qué hacemos con ese chico? Va a estar veinte años en la cárcel y va a salir a los treinta y cinco años. No hay un sistema para resocializar en la Provincia de Buenos Aires y tratar las adicciones que lo llevan al delito". El juez platense indicó que "hay un montón de pibes que podemos sacar de la droga y no tienen dónde tratarse".

Para Arias, "no hacer nada frente a la venta de droga es una actitud delictiva. Tenemos que poner las cosas en la balanza y hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos como sociedad y como Estado", concluyó el magistrado.

Por su parte El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, insistió esta mañana en que hay "un vacío legal" ante la delincuencia juvenil, polémica que recrudeció tras el brutal crimen de Fabián Esquibel en la localidad platense de Tolosa. Casal volvió a pedir que se diseñe un marco legal que permita actuar ante los menores de edad que cometen delitos graves y que hoy son considerados como "no imputables", y afirmó que cuando el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, impulsó ese pedido, lo "masacraron". "Lo maltrataron de todos lados pensando que él tenía una directriz de derecha y de mano dura", lamentó el titular de la cartera de Justicia y Seguridad provincial.

En declaraciones a Radio 10, enfatizó que Scioli reclama desde "hace dos años y medio" el debate de esta ley sobre ocho proyectos que tenían consenso y "lo masacraron, lo maltrataron". El nuevo pedido de Casal se produce luego de que la Justicia resolviera que el chico de 15 años que quedó detenido por el crimen de Fabián Esquibel es "no imputable". El funcionario bonaerense reiteró que "espera que se atienda" el pedido de Scioli para "tener una ley, con marco nacional, que regule cualquiera sea la situación y que no exista el vacío legal que existe ahora".

Desde el gobierno nacional, la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, insistió en el día de ayer en una reunión con las autoridades y a los agentes de la Policía Federal a ser "transparentes para que la gente recupere la confianza en la institución y sus hombres", en una reunión con la plana mayor de la Fuerza.

"Queremos que los ciudadanos vuelvan a sentir que el policía es un amigo que los protege y cuida frente a las amenazas del delito", remarcó Garré. "Tenemos la obligación de ser eficaces, eficientes y transparentes para que la gente recupere la confianza en la institución y sus hombres", insistió.

Además, la funcionaria pidió "respetar la dignidad y garantizar la posibilidad de progreso en la carrera (policial) de las agentes femeninas". "Entiendo que por historia este tipo de instituciones posee principios machistas, pero es indispensable que se entienda la necesidad del cambio en esta materia", sostuvo Garré, que planteó así que uno de los ejes destacados de su gestión serán las políticas de género.

La ministra se expresó en estos términos durante una reunión de trabajo que mantuvo con el jefe de la Policía Federal, Enrique Capdevila; el subjefe, Alejandro Di Nizo, y los titulares de las 13 Superintendencias de la Fuerza. También participaron los secretarios del Ministerio Cristina Caamaño, de Seguridad Operativa; Ileana Arduino, de Políticas de Prevención y Relaciones con la Comunidad; y Gustavo Sibila, de Planeamiento; junto a los subsecretarios Miguel Ángel Robles, de Delitos Complejos y Lucha contra la Criminalidad Organizada; y Juan López Chorne, de Planeamiento Estratégico. La reunión giró en torno a las exposiciones de los comisarios Marcos Brousson, a cargo de la Superintendencia de Transportes;  Hugo Lompizano, de Seguridad Metropolitana; Carlos Omar Coto, de Interior y Delitos Complejos; y Héctor Tebez, de Personal, Instrucción y Derechos Humanos. Los oficiales informaron que durante el año pasado la Fuerza intervino en 6.907 procedimientos que culminaron con la detención y procesamiento de 4.707 personas.

Al término de las exposiciones, Garré dio a conocer los lineamientos de su gestión en relación con la Policía: "Van a tener un Ministerio de puertas abiertas para elevar cualquier consulta, queja, propuesta o crítica", indicó. Por último, recordó que la presidenta Cristina Kirchner decidió crear el Ministerio a su cargo para "garantizar el derecho a la seguridad de todos los ciudadanos desde la más alta institucionalidad que puede generar el Poder Ejecutivo".

 Analía Martín

Fuente: NA