El aumento de la edad de los condenados por delitos de lesa humanidad permite avizorar un escenario complicado para el Gobierno nacional: se prevé un incremento significativo de los pedidos de prisión domiciliaria que seguramente serán avalados por la Justicia. La complejidad está dada por la sensibilidad del tema y por una decisión política del oficialismo: el macrismo no apelará más esas solicitudes que suelen presentar los represores a partir de los 70 años.

Esta postura seguramente provocará malestar en organismos de derechos humanos, activistas y buena parte de la oposición. Sin embargo, desde la Secretaría de Derechos Humanos trataton de bajarle el tono al tema. "Es el tiempo que nos toca vivir", explicaron al diario Clarín, en alusión a la edad cada vez más avanzada de los 1056 detenidos que la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad registraba hasta el 30 de junio.

Desde el ente gubernamental que preside Claudio Avruj salieron a desmentir la idea que, entienden, pretende instalar parte de la oposición de que el Gobierno de Cambiemos comenzó a beneficiar a los represores desde que Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada. Para fundamentarlo esgrimen planillas oficiales que indican que este beneficio ya corría con el kirchnerismo: hoy hay 462 detenidos por crímenes de lesa humanidad que cumplen arresto domiciliario, pero recuerdan que hasta septiembre de 2015 había 441 represores que estaban recluidos en sus casas. "Los números demuestran que no se abrieron las cárceles de par en par, como dicen desde el kirchnerismo y que durante el anterior gobierno también hubo beneficiados en ese sentido", remarcaron desde el ministerio de Justicia.

A pesar de la polémica, el ministro Germán Garavano ya dijo que el Gobierno se ajustará a derecho y no apelará las decisiones judiciales que, se estima, incrementarán el número de reclusos domiciliarios.