Fue un deja vú legislativo. El mismo lugar, la misma rapidez, las mismas palabras que se repitieron hasta el cansancio. La única diferencia, sustancial por cierto, fue que los y las legisladoras  aprobaron la derogación de la ley a la que le dieron el visto bueno hace diez días, con lo cual volverá a regir en Mendoza la 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en los proyectos mineros.

En el recinto se vivió un deja vú con argumentos distintos, pero afuera nada se pareció al 20 de diciembre, cuando los legisladores aprobaron la Ley 9209, con una Legislatura blindada. Ahora, una multitud festejó lo que consideró su logro, ya que desde el momento en que se aprobaron las modificaciones a la 7722, los y las ciudadanas salieron a las calles y esa fue la razón central para que el gobernador, Rodolfo Suárez, diera marcha atrás con su decisión.

Quedó derogada la ley minera y vuelve la 7722

Mientras una multitud se concentraba en las inmediaciones de la Legislatura y Casa de Gobierno, senadores y diputados sesionaron este lunes para derogar la ley minera 9209 y reestablecer la vigencia de la 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en emprendimientos mineros desarrollados en Mendoza.

Esa multitud fue la que pusieron en el centro de sus expresiones los y las legisladoras en la sesión de hoy. La mayoría para reconocerles que dieron una pelea histórica, para decirles que los escucharon y que su lucha fue la razón central para que cambiaran su voto, ya que los mismos que apoyaron las modificaciones a la 7722, fueron los que ahora votaron a favor de derogarla.

El reconocimiento a quienes salieron a la calle a protestar, tiene su razón de ser, si se analiza la corta historia de la ley 9209. El gobernador Suárez anunció en campaña que impulsaría la minería y que buscaría modificar la 7722, vigente desde 2007. Un día después de jurar cumplió su promesa y en sesiones maratónicas la iniciativa fue aprobada con los votos oficialistas y del PJ, aunque los primeros tienen mayoría.

Los cambios a la 7722 fueron sustanciales: permitieron la utilización de cualquier sustancia -salvo el mercurio que está prohibido- y dejaron de lado la exigencia de que los legisladores aprobaran la Declaración de Impacto Ambiental de cada uno de los proyectos mineros. Esto generó movilizaciones de ciudadanos en distintos puntos de Mendoza, que pidieron al gobernador derogar la ley. Primero Suárez anunció que no la reglamentaría y abriría un espacio de diálogo, pero las protestas continuaron, por lo que el viernes 27 anunció que enviaría  un proyecto para derogarla, que fue lo que efectivamente sucedió.

Mingorance: "Tenemos que desarrollar todo tipo de actividad en Mendoza"

El secretario de Ambiente explicó que el Gobierno busca compararse con otros países del mundo en materia minera, como Australia.

Marcha atrás

La gran mayoría de los y las legisladores aprobaron en cinco horas la derogación de la nueva ley y sólo unos pocos mantuvieron su postura anterior. En el Senado el proyecto se aprobó por 34 votos y sólo lo hicieron en contra las senadoras Hilda Quiroga (PJ) y Gladys Ruiz (radical) ambas de Mal argüe, por entender que ese departamento se quedó sin una herramienta central de crecimiento. En Diputados se aprobó por  43 votos a favor y  hubo 4 rechazos, de Gustavo Cairo y Hebe Casado (Pro) y Guillermo Mosso y Josefina Canale (PD), quienes plantearon que seguían convencidos de las bondades que para el futuro de Mendoza podrían acarrear los proyectos mineros.

Los que mantuvieron su postura, de rechazo a las modificaciones de la 7722 fueron los representantes de la Izquierda, de Protectora y un puñado de legisladores oficialistas y justicialistas, que en la sesión de hace diez días votaron a contramano de sus bloques.

Sin grietas, el oficialismo y el PJ modificaron la Ley 7722

Esta vez no hubo grieta entre el oficialismo y el PJ: los y las senadoras y diputados aprobaron en sesiones especiales las modificaciones a la Ley 7722, que prohibía -hasta ahora- el uso de sustancias tóxicas en los proyectos mineros.

Los discursos se dividieron en dos tópicos centrales: los relacionados estrictamente con la imposibilidad de poner en marcha proyectos mineros por fuera de la 7722 y las  consecuencias -a favor o en contra- que eso acarrearía, y lo que significó el proceso de movilización social que se generó.

En medio de esos dos aspectos hubo un concepto que unificó a la mayoría: le reconocieron al gobernador Suárez su capacidad de escuchar, de entender que la ley no tenía licencia social y que era necesario dar marcha atrás para garantizar la paz social.

Unos y otros hablaron de la matriz productiva. Quienes apoyaron las modificaciones a la ley se preguntarán cómo se ampliará la matriz productiva sin minería a gran escala y de dónde saldrán los recursos para enfrentar los altos porcentaje de desocupación y pobreza en que están sumidos muchos pobladores. Los que estaban en contra, les respondieron que la minería no solucionaría esos problemas, que ningún pueblo minero se enriqueció, sino que sólo se llevan las riquezas a cambio de escasas regalías.

Para la mayoría, luego de la derogación de la ley, el desafía es proponer caminos alternativos de crecimiento que permitan impulsar otras industrias.

Duro comunicado del Ianigla-Conicet contra la reforma de la 7722

Trabajadores de Ciencia y Técnica que integran el Instituto Ianigla-Conicet proponen repensar el futuro desarrollo socioeconómico, el uso del agua y la conservación de los ambientes naturales de Mendoza.

Otro de los tópicos fue la licencia social y las movilizaciones. La mayoría aseguró que quedó claro que la propuesta de Suárez no tenía el apoyo popular, que escucharon el reclamo y la expresión de las calles. Unos se lamentaron de las expresiones violentas de un grupo, de los escraches, insultos y amenazas que aseguraron recibieron tanto los funcionarios y legisladores como sus familiares; mientras otros les pidieron que no se victimizaran y solicitaron a las autoridades judiciales que no criminalizaran la protesta.

Aunque fueron unos cuantos los que aseguraron que este proceso significó un aprendizaje y la necesidad de escucha, sólo una diputada del justicialismo, Cristina Pérez, habló de autocrítica. Dijo que afuera (en relación a los ciudadanos movilizados) entendieron más que nosotros y que ante la duda, ante el miedo de no comprender bien, prefirieron preservar el agua y el ambiente. “Hagamos una buena autocrítica, tenemos que ponernos a escuchar” fueron sus palabras.

Mientras concluían las sesiones especiales, que fueron una especie de deja vú, afuera la situación fue muy distintas a la del 20 diciembre, ya que una multitud celebró la derogación de la ley que sólo vivió 10 días y la plena vigencia la 7722.