Mariana Silvestri (46), la mujer propuesta por el gobernador Alfredo Cornejo para transformarse en la primera titular del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, está convencida de que es infundada la idea de que un abogado privado defiende mejor a una persona acusada que uno oficial. Reconoce que cada defensor estatal lleva muchas causas, pero está convencida de que todos hacen un trabajo responsable, el cual piensa mejorar con capacitación permanente, con especialización y con la mejora del sistema informático.

Silvestri cuenta a Unidiversidad que conoció al Gobernador hace una semana, cuando le informó que era la candidata para convertirse en la defensora general. Este nuevo cargo está contemplado en la Ley 8928, que separó y equiparó las etapas de investigación (que realizan los fiscales) y de la defensa. Y determinó que ambas ya no dependerán del procurador, Alejandro Gullé, que ahora sólo será el jefe de los fiscales.

La magistrada es cautelosa. Dice que esperará el tratamiento de su pliego en el Senado (necesita el acuerdo de esa Cámara para permanecer cinco años en el cargo), pero reconoce que si le dan el visto bueno tiene un enorme desafío por delante como cabeza de todos los defensores oficiales que tiene la provincia. Repite que ser seleccionada fue una alegría para ella, su marido y sus dos hijas adolescentes porque entiende que la única razón es su trabajo, ya que, aclaró, no tiene pertenencia partidaria alguna.

La abogada conoce la estructura que dirigirá si aprueban su pliego. Luego de recibirse en la Facultad de Derecho de la UNCUYO, ejerció en forma privada y desde noviembre de 2005 se desempeña como defensora pública, especialmente en las causas penales.

Su evaluación de la estructura que tiene hoy la defensoría es positiva. Explicó que, más allá de las falencias, cuentan con muy buenos profesionales, entrenados, estudiosos, que tienen una gimnasia de la que carecen los privados porque participan en todas las etapas del proceso e incluso pueden presentar recursos hasta en la Corte nacional.

Silvestri se anima a enumerar las diferencias que existen entre el trabajo de un defensor público y uno privado. La más importante –señala– es que los primeros no eligen las causas, sino que tienen el deber de asistir a los acusados; el segundo es el cúmulo de causas, ya que, por ejemplo, un defensor oficial puede tener en sus manos la situación de 40 detenidos y 140 causas al mismo tiempo. Pese a esto, la mujer asegura que la clave para una buena defensa es la distribución del tiempo, el estudio y la comunicación con el acusado, para que comprenda la situación en que se encuentra.

La letrada repite que la Justicia es un servicio para el ciudadano. La clave es ponerse en los zapatos del otro y tener en claro que lo único importarte es la persona que está en medio de un conflicto y sobre el que pesa una acusación.

En su carrera le tocó defender a algunas personas rechazadas por abogados privados por los crímenes aberrantes de los que los acusaban. Ella, en cambio, asegura que fue su deber defenderlos con seriedad, que no le corresponde juzgarlos moralmente y que todos los casos –especialmente los más complicados– la empujaron a estudiar y a especializarse.
 

La estructura actual

Silvestri plantea que intentará mejorar el trabajo de los abogados públicos y de la estructura con recursos similares a los que maneja hoy la Defensoría, aunque una estructura nueva.

De 10 causas, 7 están en manos de defensores oficiales

En una nota publicada por Unidiversidad en agosto de 2016, la coordinadora general de la Defensa Pública y Pupilar, Mirtha Emilia Olivera, informó que los abogados públicos manejan el 70 % del total de las causas penales provinciales, es decir que de cada diez causas, siete están en manos de los 87 letrados.

Para Silvestri, mejorar esa estructura es un desafío. “Esto es un nuevo camino que se abre, es una función que no existía antes en este Poder Judicial. Eso está bueno porque hay mucho y todo por hacer”, cierra.