Este martes 22 de septiembre se desarrolló la audiencia N.º 101 en el IV Juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar que se realiza en Mendoza. En el primer piso del Tribunal Oral Federal N.º 1, el exjuez Otilio Roque Romano inauguró la etapa en la cual los exmagistrados ampliarán sus declaraciones ante el pedido de recategorización presentado por el doctor Dante Vega del Ministerio Público Fiscal.

Tanto Romano (con 97 causas) como Luis Francisco Miret (35 causas), Guillermo Max Petra Recabarren (con 22 causas) y Rolando Evaristo Carrizo (19 causas), imputados por omitir la investigación en casos de privación ilegítima de la libertad, torturas, allanamientos y desaparición de personas, faltando a sus obligaciones como funcionarios públicos, ejercerán su defensa contra la acusación que los señala como partícipes primarios de homicidio agravado con concurso premeditado de dos o más personas y asociación ilícita.

En su ampliación declaratoria, el exjuez Romano ratificó su anterior exposición dada en la etapa de instrucción y denunció “oscilación y contradicciones en la intimación primaria”. Dirigió su testimonio a sus hijos menores para que “el día de mañana puedan saber quién es su padre” y “a las víctimas”, sobre quienes expresó: “Muchas de ellas hablan de venganza… Yo intento superarla espiritualmente”. Sobre estas últimas, el exjuez manifestó: “Estoy seguro de que han sido inducidos y preparados, a lo cual no es ajeno el Ministerio Público Fiscal”, y cerró esta mención diciendo: “Yo no digo que no hubo represión pero fueron los altos mandos los que la impusieron”.

Con respecto a las acusaciones en su contra, Romano aseguró: “Se me atribuye el dolo realizando una construcción basada en hechos fácticos inexactos y exagerados”; a lo cual agregó: “El primer vicio que tiene es el anacronismo, porque se me juzga por hechos ocurridos hace 40 años en base a cánones vigentes en la actualidad”. El exmagistrado recurrió a la lectura de artículos, resoluciones y citas de literatura en general para afirmar que tanto su conducta como la de sus colegas “había sido aceptable y decorosa”,  e incluso “desafiantes con el poder militar”.

Romano alegó contra la acusación de asociación ilícita con el aparato represivo militar al reseñar sobre su situación personal y familiar para el año 1965; habló de un pasado económicamente humilde y refirió sobre las circunstancias que permitieron su ingreso a la Justicia Federal. De la misma manera describió la situación de la Fiscalía para entonces, destacando el escaso personal y el estado de precariedad institucional tras producirse el golpe cívico-militar.

En un repaso por los diferentes gobiernos de facto que vivió su generación, el exmagistrado expresó: “Ninguno de esos golpes fue tan cruento como el de Videla; Nadie presuponía que ese hombre que se presentaba como católico, con cara de Ángel (según dijo, por el personaje de la historieta Patoruzú) hubiese instalado un sistema de terror como nunca se había instalado en Argentina”.

Romano argumentó su accionar como fiscal aludiendo a sobreseimientos dictados en el año 1975, los que –según el imputado– le valieron amenazas realizadas por el Comando Anticomunista Mendoza (CAM) y el Grupo de Oficiales Jóvenes Mendoza (GOJ). “Los militares hacían lo que querían y no nos tenían en cuenta”, expresó el exjuez, que solicitó interrumpir su declaración por cansancio y razones de salud.

De esta manera, la ampliación de la testimonial de Romano continúa el lunes 28 de septiembre, a las 9.30, en la sala de debate ubicada en el primer piso del Tribunal Oral Federal N.º 1.