El Gobierno declaró el estado de emergencia hídrica en las regiones del Noroeste y el Litoral afectadas por las inundaciones, donde más de 6000 personas fueron evacuadas y aún no volvieron a sus hogares. La AFIP, el Banco Nación, la Secretaría de Agroindustria y el Ministerio de Producción y Trabajo deberán aplicar medidas para aliviar la situación de pobladores y productores, y proteger los puestos de trabajo.

Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Santa Fe son las provincias más afectadas por las lluvias y los desbordes de ríos y arroyos en los primeros días del año. Hacia ellas deberán orientarse las acciones paliativas solicitadas por el Gobierno mediante el decreto 67/2019 publicado en el Boletín Oficial.

Allí se estableció la declaración del “Estado de Emergencia Hídrica”, por el término de 180 días, en "aquellos sectores del territorio abarcado por las regiones del Noroeste Argentino (NOA) y el Litoral (...) que determine el Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil".

Esta medida insta a distintos organismos y ministerios a promover mecanismos para aliviar la situación de pobladores y productores. Es que las intensas precipitaciones en esas zonas fueron de una magnitud sin precedentes y superaron los registros históricos. Esto provocó la evacuación de más de 6000 personas que aún no vuelven a sus hogares, y la pérdida de millones de pesos en materia agropecuaria.

En el decreto se señala que las lluvias "ocasionaron desbordes de cursos de agua en distintas regiones del país originando insuficiencias en el funcionamiento de desagües pluviales existentes, causando inundaciones en barrios cercanos a los cauces, afectación en la red de caminos y pérdidas materiales a los habitantes de las distintas regiones, incluyendo a los productores de bienes y servicios".

De este modo, el Ministerio de Producción y Trabajo deberá adoptar "las medidas necesarias con el objeto de preservar la continuidad de la actividad productiva y la conservación de los puestos de trabajo de los sectores afectados".

Por su parte, la Secretaría de Agroindustria tendrá que adoptar "las medidas necesarias con el objeto de implementar lo dispuesto en la Ley N° 26509 y sus modificaciones para situaciones de emergencia y desastres agropecuarios". En tanto, el Banco de la Nación tendrá que disponer acciones para "preservar la continuidad de la actividad productiva y la conservación de los puestos de trabajo".

La AFIP, a su vez, "adoptará las medidas que resulten pertinentes para aquellos contribuyentes cuyo establecimiento productivo se encuentre afectado por la emergencia, siendo éste su principal actividad". La Secretaría de Energía deberá arbitrar "los medios necesarios a los efectos de que se establezca un régimen tarifario especial provisorio en el servicio de gas para el sector productivo de las zonas afectadas mientras dure el período de emergencia".

El decreto, además, indica que "toda autoridad, organismo o funcionario legalmente autorizado para ejecutar obra pública" deberá "ponderar la urgencia comprometida en la ejecución de los proyectos y las obras de infraestructura necesarios para prevenir y/o mitigar inundaciones y eventos climáticos extremos en las zonas declaradas en situación de emergencia hídrica".

Al anunciar la declaración, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, sostuvo: "Para saber con claridad cuál es el impacto económico de las inundaciones, muchas veces hay que esperar que el agua se vaya, porque en general lo peor se ve cuando el agua se va". El funcionario indicó que la cartera de Producción está haciendo "un relevamiento en términos de la producción agropecuaria, pero todavía no tenemos un número preciso de lo que se ha perdido y tampoco sabemos cómo van a seguir el clima y el estado de los ríos", y agregó: "Hay que ser muy prudentes, hay que esperar, hay que estar muy cerca de los damnificados, de la gente que perdió todo con las inundaciones, y hay que seguir con las obras".

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