Debate minero: la voz de las organizaciones contra Hierro Indio

Los representantes de las asambleas de vecinos y ambientalistas pidieron que se declarara nula la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Hierro Indio por presuntos vicios legales y administrativos. Los legisladores escucharán ahora a quienes promueven la minería.

Los integrantes de organizaciones ambientalistas y productivas y las asambleas por el agua y por los bienes comunes pidieron a los senadores que declararan nula la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) con que contaba el proyecto minero Hierro Indio y que se volviera el expediente a foja cero, ya que consideraron que el mismo incumplía muchos artículos de las leyes que establecen restricciones a esta industria, así como las de protección del medio ambiente. Al mismo tiempo advirtieron que si no se cumplía estrictamente con las normas analizaban presentar un amparo judicial.

Los senadores integrantes de las comisiones de Ambiente y de Hidrocarburos, Energía y Minería continuaron analizando hoy uno de los proyectos mineros que impulsaba el Ejecutivo, Hierro Indio, que implicaría una inversión de 2 millones de dólares y daría trabajo a 30 personas, según información oficial. En el encuentro de la semana pasada quedó relegada la iniciativa Cerro Amarillo, ya que los legisladores siguieron la recomendación del director del Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), Ricardo Villalba, de dejar en suspenso su análisis hasta tanto estuviera listo el inventario de glaciares del Río Grande, zona donde se asentaría el emprendimiento.

En ese mismo encuentro, Villalba dejó claro que el proyecto Hierro Indio se encontraba “fuera de todo el sector de glaciares” y que las reservas hídricas en estado sólido se ubicaban a 2832 metros, mientras que el emprendimiento planeaba emplazarse a 2400 metros, es decir por debajo de la zona protegida. En el mismo sentido se expresó el secretario de Gestión Hídrica del Departamento General de Irrigación (DGI), Mario Salomón, quien aseguró que en la etapa de prospección y exploración “no existe ningún tipo de afectación de los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos”, y que la cantidad de agua que se utilizaría sería sólo para el consumo humano, según la presentación que hizo la firma de capitales nacionales.

Con estas opiniones aportadas por los expertos la semana anterior, los senadores continuaron analizando hoy el proyecto Hierro Indio sólo para las etapas de prospección y exploración, ya que si la firma pretende a futuro explotar el mineral, deberá iniciar un nuevo proceso.

El proyecto Hierro Indio ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y tanto el ministro de Energía, Marcos Zandomeni, como el de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, Guillermo Elizalde, aseguraron en el encuentro anterior que cumplía con todos los requisitos previstos en la ley.

Los senadores escucharon hoy a los integrantes de las asambleas por el agua y los bienes comunes, a entidades que nuclean a productores y a vecinos. Algunas con mayor solvencia que otras, todas concluyeron en la necesidad de considerar nula la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) otorgada por el Ejecutivo, por carecer de apego a las normas vigentes e incluso a un trámite administrativo de esta naturaleza.

Los integrantes de las organizaciones repitieron los mismos argumentos. Dijeron que, administrativamente, la DIA no cumplía con lo estipulado tanto en las leyes ambientales como en la 7722 (que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería), ya que aprobaba en forma unificada los procesos de prospección y exploración, cuando las normas preveían que fueran dos instancias separadas, y que no cumplía con ninguno de los mecanismos de participación, como la audiencia pública.

Otra de las críticas que hicieron fue el análisis parcial que se había hecho del proyecto, ya que entendían que una iniciativa de este tipo, que buscaba reabrir el debate sobre la minería, no se podía analizar sólo por etapas –en este caso, la prospección y la exploración– sino que requería de un estudio en forma global. 

El planteo más fuerte, más allá de los temas de forma y de apego a las leyes, fue que las comunidades a las que podía afectar el proyecto tenían derecho a expresarse y sobre todo a decidir cuál era la matriz productiva que querían desarrollar en el territorio.

La voz  de las asambleas

Carlos Fernando Pía, de la Multisectorial de General Alvear, fue el primero en utilizar los diez minutos previstos para cada orador. Pidió que se respetaran los pasos descritos en las leyes y en sus decretos reglamentarios, que preveían contar con un informe sectorial de los departamentos que pudieran ser afectados por el emprendimiento –en este caso, General Alvear y San Rafael–, así como analizar en profundidad las afectaciones ambientales que pudiera tener la iniciativa y la cantidad de agua que utilizaría.

Pía reconoció que en esta primera etapa del proyecto no habría afectación ambiental, pero señaló que tenían temor de lo que pudiera suceder con el avance de la iniciativa.

Eduardo Sosa, de Oikos Red Ambiental, se centró en los vicios administrativos que, a su entender, tenía la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Explicó que el expediente se iniciaba bajo la categoría de “Mina a reactivar”, lo que significaría realizar un proceso más complejo del que se hizo, incluyendo todos los mecanismos de participación, como la consulta y la audiencia pública.

Otro de los errores que planteó fue que el Ejecutivo aprobaba en conjunto las etapas de prospección y de exploración, cuando el decreto reglamentario específico para las iniciativas mineras – el 820– marcaba que se debían presentar y aprobar por separado. Dijo que por todos estos errores, según su punto de vista, la DIA era nula, con vicios “insalvables”, por lo que recomendó volver a foja cero.

También brindó su opinión uno de los integrantes de la Asamblea Popular en defensa del agua de General Alvear, Alberto Kobayashi, quién enumeró los vicios administrativos que a su entender tenía el proceso, por lo que pidió que fuera rechazado. Dijo además que la iniciativa se tornaba inválida porque había sido analizada de manera parcial.

También se expresó en el encuentro Nino Ovando, de la Asamblea por los Bienes comunes de Malargüe, quien desmintió que el departamento sureño fuera pro minero, sino que en todo caso –expresó– existía una cultura minera. Repitió los mismos cuestionamientos por la aprobación de la DIA y les aseguró a los legisladores que aprobar un expediente tan desprolijo y poco apegado a las leyes podía representar un mal precedente para iniciativas futuras.

Ovando también destacó aspectos esenciales que no se habían tenido en cuenta, como la definición clara del agua que se utilizaría, la existencia de 16 puesteros en la zona donde quería instalarse el proyecto, así como la escasa o nula información respecto de la flora y fauna del lugar y del patrimonio arqueológico existente. 

Otro punto clave que planteó Ovando fue que no se cumplía con el derecho de acceso a la información pública, ya que aseguró que era muy dificultoso acceder a los expedientes.

Ricardo Jakovcevic, de la misma organización, aseguró que el Ejecutivo nunca había contestado las recomendaciones planteadas en su informe sobre el proyecto por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCUYO.

Claudia Timoner fue la voz de los especialistas del Consejo de Desarrollo Sustentable. Pidió a los legisladores que realizaran un análisis exhaustivo del proyecto y recalcó que el mismo no tenía un dictamen de la Comisión de Evaluación Interdisciplinaria Ambiental Minera (Ceiam), conformada por especialistas de diversos organismos. Además planteó que el Consejo Provincial del Ambiente –ámbito para tratar estos temas– había suspendido sus actividades por tiempo indeterminado a partir de marzo del 2011, por considerar que la Secretaría de Ambiente (hoy ministerio) no atendía sus recomendaciones.

Uno de los aportes distintivos fue el del director de Ambiente de General Alvear, Alejandro Shulz,ya que fue la voz de una de las comunas que podrían ser afectadas. Consideró indispensable pedir la opinión de las comunas, porque recalcó que sería la única forma de que proyectos de este tipo contaran con la licencia social que buscan. Dijo que la minería era una actividad lícita, legal y necesaria, pero que todos los pasos para activar un emprendimiento debían estar en el marco de la ley.

En este punto, el senador radical Alejandro Molero propuso que la comisión solicitara informes sectoriales a las comunas de General Alvear y San Rafael y que participara en la discusión la Comisión Permanente de Recursos Hídricos del Senado, de reciente creación.

La senadora del Frente de Izquierda, Noelia Barbeito, pidió a los senadores que la DIA del proyecto Hierro Indio fuera declarada nula.

También se expresó el radical Armando Camerucci, quien planteó que el proyecto era la apertura de la discusión sobre minería en Mendoza, por lo que pidió que el análisis no fuera parcial sino global y recalcó que, más allá de los aspectos jurídicos y técnicos, lo más importante era escuchar a las comunidades que habitaban en las zonas donde se pretendía emplazar la iniciativa. Pidió especialmente que la comuna de San Rafael se expidiera sobre el tema.

La reunión continuó con las expresiones del director de la Federación Agraria de General Alvear, Carlos Achetoni, quien recalcó la necesidad de que todas las industrias se desarrollaran en igualdad de condiciones. Explicó que la actividad minera tenía mucho impulso, mucho lobby, pocos gravámenes, y que quien contaminaba por desconocimiento era un ignorante, pero quien lo hacía sabiendo las consecuencias era un perverso. Señaló que su única preocupación era que garantizaran la conservación del ambiente y de los recursos naturales de la zona.

También dio su opinión Fabiana Villafañe, de la Asamblea del Agua Pura de San Carlos. Entregó un escrito en el que se detallaron las irregularidades que existían en el expediente, al que definió como un “engendro administrativo”. Hizo responsables a los senadores si aprobaban un procedimiento que violaba todas las leyes vigentes referidas al medio ambiente y a la actividad minera.

Villafañe fue clara. Dijo que los vecinos estaban cansados que les impusieran un modelo a la fuerza, se preguntó quiénes eran las personas que conformaban la Mesa del diálogo minero y recalcó que los ministros –especialmente Zandomeni– los invitaban a debatir a través de los medios, pero no respetaban los mecanismos de participación previstos en la ley para este tipo de proyectos.

El debate continuará mañana, cuando los senadores escuchen a las organizaciones y particulares que defienden la explotación minera como una de las alternativas de crecimiento para Mendoza.

Con la información y los datos que obtuvieron en todos los encuentros, los senadores de las comisiones de Ambiente y de Hidrocarburos deberán emitir dos despachos sobre el tema y luego el proyecto podrá ser tratado en el recinto.

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