Las propuestas de reformas del Poder Judicial que se han generado desde la Nación se basan en una serie de premisas y viejas deudas de un sistema añejado en el anquilosamiento. De esta forma, se han propuesto desde el Ejecutivo seis puntos de reforma: aumento de 13 a 19 miembros del Consejo de la Magistratura, cuyas incorporaciones podrán provenir de ámbitos académicos distintos a los del Derecho; cambio de régimen de votación decisional para recusar o elegir jueces, que pasará de dos tercios de los miembros a solo la mitad más uno de ellos;  la elección por voto popular de los consejeros; la creación de tres nuevas Cámaras de Casación; la limitación de las medidas cautelares contra el Estado; la creación de un registro público de causas, obligatoriedad de declaraciones juradas de bienes para los tres poderes y la implementación del ingreso por examen al Poder Judicial.  

En función de estas propuestas, el presidente del Observatorio de Justicia Argentina, Bernuz Smucker, en una entrevista realizada para el programa Café Universidad (Radio Universidad, FM 96.5) consideró que el proyecto presentado por la Presidenta tiene aspectos positivos y aspectos negativos. En este sentido, se declaró a favor del desarrollo de concursos para el ingreso al Poder Judicial, como así también se manifestó de acuerdo con que la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura se produjera en base al voto popular. Sin embargo, consideró que esta elección no debería producirse en el marco de una elección general de partidos políticos y, por otro lado, que la promoción de los candidatos al Consejo solo sea a través de la divulgación de su historia de vida y profesional para el reconocimiento de su perfil, sin la necesidad de que se haga explícito su pensamiento partidario.  

Con respecto a los factores que tendrían que primar en el perfil de los futuros jueces, Bernuz consideró que estos deberían conocer la situación política, económica y social de la ciudad en la que deban dictar sentencia, como así también poseer una clara vocación democrática a través de la defensa de los principios que establecen la Constitución Nacional y los pactos internacionales que han sido incorporados en ella. Otra característica que debería tener un aspirante a Juez, señaló, es sensibilidad social. 

Por otra parte, se declaró a favor de la restricción de las cautelares solo si estas medidas son presentadas ante una incumbencia patrimonial, pero no cuando su objeto se atiene a los derechos ciudadanos de otros órdenes. “No es posible que una cautelar haya paralizado por tres años una ley (refiriéndose a la cautelar que reposa sobre la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual). Una medida debe tener un límite muy preciso en el tiempo”, expresó. 




Debate en otro dial

Otro ámbito radiofónico que fue escenario del debate, fue Radio Nacional Mendoza (FM 97.1). El programa El Alegato, emitido a través de esa señal fue el espacio de discusión para los abogados Diego Lavado, Daniel Rodríguez Infante, Pablo Garciarena y el Juez de la Cuarta Cámara del Crimen de Mendoza, Horacio Báez. 

En el estudio de Radio Nacional, los abogados analizaron los distintos aspectos que se juegan en torno a esta propuesta de reforma que ha sumado un importante apoyo por parte de distintos profesionales del Derecho en el movimiento “Justicia Legítima”, una concurrencia de ciudadanos que ejercen su actividad en el ámbito de la Justicia que se han pronunciado, en términos generales, a favor de las propuestas realizadas por el Ejecutivo Nacional. 

En este sentido, el abogado Daniel Rodríguez Infante, quien integra el staff del programa y forma parte del equipo de la fiscalía conducida por Dante Vega, explicó: “Este proceso de democratización de la Justicia surgió desde las propias entrañas del poder judicial. Estos proyectos que ha presentado la Presidenta confluyen con este movimiento que se viene gestando desde fines del año pasado (2012) que se ha denominado como `Justicia Legítima`, y que va a tener un encuentro en Río Cuarto el próximo 26 de abril, al cual intentaremos asistir junto con Dante Vega, Patricia Santoni y quienes integramos la Justicia Federal”, expresó. 

A su vez, el abogado consideró que están “teniendo mucho protagonismo (en este debate) sectores que entienden que existe la necesidad de darle una vuelta de tuerca al Poder Judicial”. 

A su turno, cuando tomó la palabra el juez Horacio Báez, señaló: “Entiendo que Justicia Legítima comenzó a surgir en el Poder Judicial Federal de la Capital Federal. Fue una reacción muy saludable a lo que estaba pasando y lo que pasa, en realidad, hace muchos años en el Poder Judicial: el viejísimo problema cultural antidemocrático que tiene el Poder Judicial; y la provincia de Mendoza, por supuesto, no es una excepción a esto”, expresó. 

El Juez indicó que la problemática judicial es cultural, porque no hay ninguna intervención de la misma (y de los jueces) en las políticas nacionales. “El juez que solo habla en sus sentencias llega a no ver, oír o decir nada de lo que pasa en su sociedad, y las sentencias las lee y entiende muy poca gente”, consideró. Báez, por otro lado, se expresó con respecto al cambio en la fórmula de nombramiento y acusación de los jueces por parte del Consejo, que pasaría a ser por votación de la mitad más uno de sus miembros: “Son cosas que inmediatamente pueden tener alguna resonancia, porque el sistema de dos tercios paralizó de alguna manera el funcionamiento del Consejo de la Magistratura hasta hoy”, advirtió.   

El abogado y docente de la Universidad Nacional de Cuyo, Diego Lavado, señaló que “apuntar a una designación de los miembros del Consejo de la Magistratura por un método más democrático es una estrategia que debería estar orientada a darle mayor dinamismo a las dos funciones principales que tiene el Consejo, como la designación de los jueces; sumaría una serie de ventajas”. En este sentido, el abogado explicó que en Mendoza existen una serie de vacantes que no han podido suplirse debido a los tiempos del funcionamiento actual del Consejo de la Magistratura: “La cámara de apelación está totalmente vacante y, a la vez, en tribunales federales hay dos magistrados que se han jubilado, es decir que existe una vacancia de dos jueces”, expresó. 

Por otro lado, el abogado opinó que las reformas podrían impactar en la forma en que se disciplina a los jueces, algo que suele tardar demasiado en las presentes condiciones. En este sentido, señaló que, más allá de las sanciones que se les aplicaron a los jueces Miret y Romano, que fueron sometidos al tribunal de enjuiciamiento de una manera relativamente rápida, debido a que su caso tuvo un alto grado de exposición, existen muchos otros casos que se suelen dilatar demasiado. 

Otro referente que se incorporó al debate es el abogado Pablo Garciarena, a cargo de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Mendoza. “Esta reforma representa aquello que vienen demandando algunos sectores que forman parte del Poder Judicial en esto que se denomina `Justicia Legítima’, que representa una voz dentro del Poder Judicial que reclama cambios, lo cual es inédito. Es un proceso inédito que se está planteando desde dentro del Poder Judicial, que es un poder donde no ha habido cambios, discusiones, justamente porque esa es la cultura y la división política e ideológica de ese poder. Que hoy la ciudadanía pueda debatir esta reforma a través de los canales democráticos, es decir, a través de la discusión de los debates legislativos, a través de los proyectos que presenta el Poder Ejecutivo, la generación de una modificación de algunas instancias que genera mayor participación, democratización, transparencia y modernización del funcionamiento del poder judicial, creo que son debates bienvenidos”, resaltó.