El juez federal Luis Rodríguez envió hoy a juicio oral y público al exministro kirchnerista Julio De Vido y otros procesados en la causa por defraudación en Yacimientos Carboníferos Río Turbio, según consignó la agencia Télam. En este expediente se investiga un fraude en torno a los fondos sin control que fueron derivados al yacimiento de carbón. También se sentarán en el banquillo Roberto Baratta, principal colaborador de De Vido; el exinterventor del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, Atanacio Pérez Osuna, y el exsecretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, entre otros acusados.

El juez Rodríguez rechazó los pedidos para de las defensas para dictar el sobresemiento a De Vido, Baratta y otros acusados. "Entiendo que no existe elemento probatorio o argumental alguno que permita modificar la situación procesal de los imputados", sostuvo. Las defensas argumentaron que falta terminar una pericia contable, pero el juez informó que se ordenó a los peritos la entrega de la misma para el próximo 30 de septiembre.

La causa se inició en mayo de 2016 a raíz de una denuncia del interventor de YCRT Omar Zeidán. El funcionario advirtió sobre el "calamitoso estado de abandono que denotan las estructuras, instalaciones y adyacencias del Yacimiento, y de los Servicios ferroportuarios". Además, indicó que entre 2005 y 2015 se giraron 26 000 millones de pesos destinados a la mina de carbón.

La investigación se centró en una supuesta maniobra defraudatoria "cuya perpetración se sitúa entre el 14 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2016, que consistió en la ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado Nacional que debían destinarse a la reconversión del Yacimiento Carbonífero y habrían sido desviados.

Esto ocurrió a través de un convenio firmado con la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional y la Fundación Facultad Regional Santa Cruz. Rodríguez se basó en un informe de la Sindicatura General de la Nación. "El perjuicio a las arcas del Estado Nacional asciende, en principio y cuanto menos, a la suma de pesos ciento setenta y seis millones setenta y cuatro mil ($ 176 074 000)", estimó. "De acuerdo a lo informado por la Sigen, además, existe un monto de pesos ochenta y ocho millones trescientos veinte mil setecientos cincuenta ($ 88 320 750) en concepto de gastos administrativos que fue reclamado por la FRSC y la Fundación, pero no fue abonado por YCRT", explicó.

En junio pasado, los jueces de la Sala II de la Cámara Federal Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia habían exhortado a Rodríguez a que elevara a juicio el caso por fraude. Se trata de la investigación que derivó en el desafuero a De Vido en la Cámara de Diputados y su inmediata detención en octubre de 2017.