Verona, en Italia; La Plata y Mendoza, en Argentina. Los exalumnos de las sedes del Instituto Próvolo ubicado en esas tres ciudades denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual y de maltratos por parte de sacerdotes y de quienes debían cuidarlos. Sólo los escucharon en Mendoza, donde hace un año se inició una causa judicial en la que están imputadas quince personas, entre ellas, los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho, las religiosas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez y exdirectivos, empleados y profesionales que se desempeñaron en el establecimiento, ubicado en Luján de Cuyo.

Esa misma ruta: Verona, La Plata, Mendoza fue la que hizo uno de los imputados por abuso sexual y corrupción de menores: el sacerdote Corradi (82), que fue denunciado en la década del ’80 por los exalumnos italianos y cuyo nombre consignaron en una lista de 130 acusados que entregaron en el Vaticano. Y es el mismo nombre y apellido que señaló uno de los denunciantes de la causa que se inició en La Plata, Daniel Sgardelis y el que dieron los testigos en Mendoza.

Los integrantes italianos y argentinos de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico coincidieron en afirmar en entrevistas concedidas a Unidiversidad, que la causa mendocina es una muestra de los traslados que realizaba la Iglesia Católica de los acusados, en lugar de iniciar investigaciones y comunicar a los denunciantes su resultados.

La apertura de una investigación en Mendoza significó una esperanza para los otros denunciantes. Así lo aseguró en una entrevista que concedió a Unidiversidad en junio de 2017, Francesco Zanardi, el titular de la Red Italiana de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico. En Verona, la Justicia determinó la prescripción de los delitos, pero la asociación presentó cuatro denuncias contra autoridades eclesiásticas por encubrimiento y complicidad, que están en trámite.

Próvolo: para las víctimas de Verona es clave el caso local

Una esperanza, la posibilidad de obtener Justicia, de que alguien los escuche después de años de silencio. Con esas palabras, el titular de la Red italiana de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, Francesco Zanardi, describió lo que significó para los 70 denunciantes del instituto de Verona la apertura de una investigación en Mendoza, en la que está imputado y detenido uno de los sacerdotes que ellos acusaron hace 20 años como su abusador: Nicola Corradi.

La causa de Mendoza

El 17 de noviembre de 2016, una persona allegada a la comunidad sorda de Mendoza asistió a una jornada sobre derechos de niños y niñas en la Legislatura. Fue en ese ámbito donde se acercó a la senadora, Daniela García, le dijo que en la sede del Próvolo se cometían abusos, pero que los alumnos y sus familias tenían miedo de denunciar. La legisladora se comunicó con la vicegobernadora, Laura Montero y esta a su vez con el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, para garantizar los derechos de los testigos.

Días después se inició la investigación, que primero lideró el fiscal Fabricio Sidotti (suspendido por el Jury de Enjuiciamiento por su actuación en un femicidio), por lo que quedó en manos de Gustavo Stroppiana. Con el correr de los meses y en base a los testimonios de un grupo de ex alumnos se transformó en una megacausa, por lo que el fiscal se abocó exclusivamente a la investigación.

El inicio de la causa permitió determinar que en 2008 la mamá de uno de los exalumnos realizó una denuncia judicial, que quedó en manos de la entonces fiscal, Claudia Ríos. Nunca se abrió una investigación.

La nueva causa puso en el centro de la escena al Instituto Antonio Próvolo, dedicado a la educación y cuidado de niños y niñas sordomudas que se creó en Italia en 1839 y que abrió sedes en varios países del mundo, entre ellos Argentina donde funciona desde 1914. La sede mendocina se inauguró oficialmente en 1998.

Los primeros imputados y detenidos por abuso sexual y corrupción de menores fueron los sacerdotes Corradi y Corbacho y tres empleados: José Bordón, Armando Gómez y una tercera persona que es sorda (cuyo nombre no se publica por orden de la Justicia). Luego fueron imputadas las religiosas Kosaka y Martínez (integrantes de la Congregación Hijas de María Santísima del Huerto), las exdirectivas Graciela Pascual, Cristina Leguiza, Gladys Pinacca, Laura Gaetán, Valezca Quintana, la psicóloga, Cecilia Raffo y el jardinero Apolinario Choque. A estas catorce personas se suma una celadora.

El fiscal de la causa, Stroppiana, dijo a Unidiversidad que la investigación es compleja, no sólo porque se investigan delitos contra la intimidad, sino porque los hechos pasaron hace años, de acuerdo al relato de los testigos. Pese a esto, dijo que continúa recolectando pruebas, tomando testimonios y que aún falta que se analicen elementos obtenido en los distintos allanamientos.

Los ex alumnos y sus familias siguen buscando respuestas. Paola González, mamá de una de los denunciantes, pidió llegar a la verdad durante un reclamo que hicieron hace un mes. “Les arruinaron la vida a nuestros hijos, han destruido a un montón de familias. Por eso, seguimos luchando para encontrar justicia”, fueron las palabras de la mujer.

De Benedectis: No hay espíritu de ocultar

El vocero del Arzobispado habló sobre las acusaciones de abusos sexuales a sacerdotes en el Próvolo. Dijo que quieren Justicia y aseguró que en ningún momento pretendieron entorpecer la causa.

Aclaraciones del Arzobispado

La investigación produjo un remezón puertas adentro del Arzobispado. Poco días después del inicio de la causa, en 2016, el purpurado Carlos María Franzini dijo que el Instituto no dependía directamente de la diócesis de Mendoza, que desconocía las denuncias que pesaban sobre Corradi, al tiempo que anunció que pondría en marcha medidas de control para los sacerdotes trasladados desde otros países.

La  Iglesia Católica inició una investigación paralela a la judicial dentro del derecho canónico, algo que le permite el concordato que firmó con el gobierno argentino en 1966. Primero el Vaticano envió a Mendoza a Dante Simón y Juan Martínez, pero poco después fueron desplazados por el obispo auxiliar de La Plata, Alberto Bochatey, designado comisario apostólico e interventor del Próvolo en todo el mundo.

Poco después de la apertura de la causa, el senador Julio Cobos solicitó información al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sobre la congregación. El organismo informó que el 30 de abril de 2003 se le otorgó la personería jurídica al Próvolo, que la congregación a la que pertenece está encuadrada dentro del derecho pontificio (bajo la órbita de la Santa Sede y en forma directa del obispo local). También consignaron que dos años antes, el Consejo Generalicio de Verona de la Compañía de María para la educación de niños sordos, remitió un documento en que especificaron los cargos en las sedes argentinas y ahí aparece Corradi como vicedirector y primer consejero, es decir que llegó designado desde Italia.

Próvolo: la trama legal de la defensa de las monjas

Carlos Varela Álvarez denunció a los profesionales del Cuerpo Médico Forense y los intérpretes en lengua de señas. Es por falsedad. Críticas al fiscal Stroppiana y a la jueza Alonso.

Querellantes y defensores

La defensa de los exalumnos -algunos mayores y otros menores de edad- la realizan dos integrantes de la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Xumek), Sergio Salinas y Juan Dantiacq y el representante de la Defensoría de las Personas con Discapacidad, Oscar Barrera. Los tres coincidieron en que si bien se trata de una causa compleja, la investigación avanza y que a lo largo del año se reunieron pruebas contundentes contra los acusados.

Por el otro lado, los defensores de los sacerdotes, Pablo Kletz y Clara Cejas (que renunciaron el 17 de noviembre a la defensa de Corradi y Corbacho) apelaron todas las decisiones de la Justicia. Un camino similar siguió el grupo de profesionales que defiende a las religiosas -liderado por Carlos Varela Álvarez-, que denunció penalmente a siete integrantes del Cuerpo Médico Forense y a las intérpretes en lengua de señas, por falsedad en sus informes e interpretaciones.

Sin cambios de fondo

El representante de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico en Argentina, Carlos Lombardi, dijo que la recolección de las pruebas  en el caso de Mendoza se está realizando de la forma más ordenada y sistemática posible. Y recalcó que lo más importante es dar una respuesta a las víctimas.

Lombardi aseguró que pese a las promesas del Papa Francisco, la Santa Sede no modificó sus prácticas respecto de los sacerdotes que cometen estos delitos, ni siguió las recomendaciones que le hizo el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en 2014, que le solicitó cambios profundos. Dijo que la Iglesia Católica continúa con las investigaciones canónicas en la que no tienen participación las víctimas y cuya información maneja la Congregación para la Doctrina para la Fe, y que sigue vigente el secreto pontificio, es decir la orden de silencio para los estamentos de la curia sobre estas denuncias.

El informe de Naciones Unidas expresa: "El Comité está seriamente preocupado porque la Santa Sede no ha reconocido el alcance de los delitos cometidos, ni adoptado las medidas necesarias para abordar los casos de abusos sexuales de niños y protegerlos, ha adoptado, en cambio, políticas y prácticas que han permitido la continuación de dichos abusos por clérigos y la impunidad de los perpetradores”

Verona, en Italia; La Plata y Mendoza, en Argentina. Los exalumnos de las sedes del Instituto Próvolo ubicado en esas tres ciudades denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual y maltratos por parte de sacerdotes y de quienes debían cuidarlos desde fines de los ‘80. Sólo los escucharon en Mendoza, donde hace un año se abrió una causa judicial, que ya tiene quince imputados.