El fenómeno viral del video diseminado por los enduristas en el que critican la obra hídrica en el curso del río San Isidro, en la caída de la famosa cascada en el piedemonte, fue uno de los hitos públicos del fin de semana. Tanto influyó el corto audiovisual en las redes que obligó al poliempresario Daniel Vila a dar su versión con tono amenazante a sus denunciantes motoqueros. Apuntó a los deportistas como invasores de su propiedad, donde se encuentra su estancia, famosa por ser la sede de la llamada Vendimia Solidaria, el evento que el mismo empresario organiza después de la Fiesta Central y que potencia a través de su pool mediático, recientemente rebautizado como Grupo América.

Llamó la atención que en el descargo de Vila, a través de su Diario UNO, reveló que tenía un convenio con Irrigación tanto para edificar ese dique como para entubar el agua, pero más se hizo notar la negativa del órgano administrador del agua a dar una respuesta pública sobre el asunto.

Los antecedentes sobre la presunta usurpación del curso del agua por parte de la empresa Dalvian –de la familia Vila– los dio El Sol, del Grupo Alonso, en 2010. Hubo dos crónicas sobre el caso que señalaban a la Fiscalía de Estado como factor interviniente en el conflicto.

"Investigan a Vila por la usurpación de una cascada pública en San Isidro" es el título del 9 de noviembre de 2011, de la primera advertencia de lo que ocurría. Al día siguiente, la publicación insistió con este título: "La Fiscalía de Estado investigará la usurpación de la cascada San Isidro". Este último informe resaltaba el estancamiento de un expediente iniciado por el caso hacía ocho años. La denuncia apuntaba al entubamiento del agua que corre por el cauce y las deformaciones naturales del lugar que generan ese salto, en cuya caída ahora se está construyendo un dique.

El punto es que antes del video de los motociclistas, calificados como “intrusos” en el Diario UNO y buscados por Vila a través de Twitter, ya Pablo Icardi contó, el 19 de septiembre, la pelea por el agua en cuestión que debe resolver la Corte de Justicia local. De acuerdo con lo narrado en MDZ Online, en su nota titulada "¿De quién es el río San Isidro?", hay siete privados (entre los que se cuenta la empresa de la familia Vila) que están autorizados provisoriamente a hacer uso del recurso hídrico declarado como bien público por la Ley de Aguas.  

La secuencia de la información deja ver la huella de la forma de proceder de los privados, que primero usan el recurso, y el solo hecho de la utilización del curso del agua los pone en situación de usuarios exclusivos, para luego discutir con el Estado sobre esto. La conflictividad beneficia a quien ocupa de hecho el agua, porque genera antecedentes a su favor al realizar inversiones en su aprovechamiento (como el dique y el entubamiento denunciados en el video). La pregunta se la hacen “ingenuamente” los observadores y potenciales usuarios aguas abajo, quienes creen que el agua es de utilidad pública.

En esta semana corta, el caso pone otra vez en el tapete el problema de la distribución del agua que está regulada por una ley que, incluso, es previa a la Constitución de la Provincia. A propósito, esta semana se cumplen tres años desde que el entonces gobernador Paco Pérez anunciara un proyecto para la reforma de la Ley de Aguas.