Alfredo Cornejo inicia la segunda parte del año con un diagnóstico promisorio de acuerdo a lo que analiza Luis Ábrego en Los Andes este fin de semana. Es una certeza que el gobernador tiene delante de sí, los problemas de índole nacional que no lo exponen como principal responsable de la preocupación ciudadana. El malhumor social se ha trasladado en su prioridad y lo que en el inicio de la gestión era la inseguridad ahora es la inflación.

Este escenario le ha permitido al Gobernador avanzar en sus propios proyectos de gestión, por lo que Cornejo ha podido realizar cambios en las estructuras jurídicas y policiales y así preparar su armazón de contención para la esperada reactivación económica al final del año, como lo anuncian tímidamente los funcionarios nacionales a sus pares provinciales.
 

La IGS como instrumento afín

Dado este escenario, la acción de la Inspección General de Seguridad (IGS) se transformó en una herramienta útil para modificar la plana mayor de la fuerza de seguridad con sus investigaciones de actos de corrupción que, al decir del titular, Marcelo Puertas, encontró al organismo aletargado y sin impulsar investigaciones importantes.

Puertas dijo el viernes 1.º de julio en Unidiversidad Noticias (Señal U) que esta Policía es democrática y la anterior no lo era. Lo importante de los dichos del abogado radical es la contraparte que no expresa. O sea, la Policía hasta 1998 –antes de la reforma– fue golpista. Lo que no dice Puertas es lo que se supone de sus propias investigaciones, lo que heredó esta Policía de aquella, fue el manejo discrecional y corrupto del aparato estatal.

Está claro que ahora el Gobierno espera realizar una reforma de la administración de los servicios extraordinarios. Hasta ahora son adjudicados por los comisarios distritales y ellos deciden cómo y a quién conceder el servicio de custodia especial y fuera de la tarea policial. La tendencia es volver al criterio inicial, que fue concentrar la distribución de estos servicios desde el Ministerio de Seguridad y además avanza la idea de digitalizar los legajos policiales para registrar estas tareas en un banco de datos menos vulnerable. 

Mientras tanto, la investigación avanzará hacia el manejo de los fondos en la compra de combustible para los móviles y el desguace de vehículos que se encuentran en la playa de secuestros de San Agustín.