“Se debe respetar la ley existente, que es de competencia nacional y no provincial y adherir al protocolo nacional acerca del aborto no punible”, dijo en campaña –allá por el 2015– el gobernador Alfredo Cornejo. A mediados de la gestión del mandatario radical, con tres ministros de Salud al hombro, Mendoza todavía sólo cuenta con promesas y expectativas, pero carece de garantías acerca de la adhesión al Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo de ILE) y de la creación de un protocolo provincial propio en la materia.

Primero fue el mismísimo gobernador; luego, el exministro Rubén Giacchi –quien renunció a su cargo tras haber sido denunciado por violencia de género– y después la sucesora de éste y ahora diputada nacional, Claudia Najul. Hoy hizo lo propio la actual y recientemente nombrada ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Elisabeth Crescitelli. Fue en el marco de la puesta en funcionamiento de un resonador magnético nuclear para la Fuesmen.

“Estamos trabajando junto con el subsecretario (de Salud, Oscar Sagás), con la gente que trabajó con los dos ministros que me antecedieron. Estamos haciendo un estudio muy consciente y pormenorizado de los protocolos de las otras provincias y de los avances. En cuanto nos tengamos que pronunciar y consideremos que sea el tiempo de hacerlo, lo haremos”, manifestó este mediodía la funcionaria.

Suena a déjà vu, si se tienen en cuenta algunas palabras de Najul en la campaña para las elecciones legislativas de este año. “En Mendoza se está trabajando en un protocolo, que es una guía de procedimientos. Hay que adaptarlo al sistema de salud de la provincia y al legal. En ese sentido, estamos trabajando con profesionales de salud sexual y reproductiva, con los distintos efectores y con sus asesores legales”, fueron las palabras de la ahora diputada nacional para el diario Los Andes. Sin embargo, fue la misma funcionaria la que dijo en el debate de candidatos a diputados nacionales que realizó Canal 9 que ella “está a favor de la vida”.

Se percibe que el asunto del aborto no punible es un eslogan de campaña que hasta el momento no se ha asumido como lo que realmente es: un derecho de las mujeres argentinas amparado por el Código Penal en su artículo 86, pero también por la Corte Suprema de Justicia de la Nación –en el fallo conocido como "F.A.L. s/medida autosatisfactiva (Fallos 335:197)– y por el protocolo nacional vigente en la materia.

En 2010 se publicó la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, actualizada en 2016 bajo el nombre de Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. En la primera, quedó en claro que el protocolo “es de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino y debe ser puesto en práctica por todas las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas”. En consecuencia, no es necesario que Mendoza adhiera mediante una resolución, un decreto, una ley provincial o cualquier otro tipo de instrumento con carácter reglamentario que ratifique ese cumplimiento obligatorio.

Sin embargo, en la práctica hay un vacío administrativo en el cual caen las peticiones de aborto legal, en especial en hospitales públicos. Ese vacío se llena a criterio de cada gestión del Ejecutivo, responsable último del sistema de salud, y tiene la impronta más o menos confesional de los funcionarios de turno. Por eso resulta vital –en todo el sentido de la palabra– que exista una normativa provincial que zanje la situación de una vez para todas.