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20 DE DICIEMBRE DE 2024
El 3 y 4 de abril, brindó un seminario en la Facultad de Derecho Catherine Amelié Chassin, abogada, profesora de la Université Caen Normandie y especialista en Derecho Internacional Público en materia de Derechos Humanos.Estuvo acompañada por dos reconocidas juristas mendocinas: Georgina Alejandra Guardatti y Silvina Barón Knoll.
Paso Internacional La Quiaca, Argentina-Villazón, Bolivia
Las temáticas del seminario giraron en torno a dos ejes principales: las migraciones internacionales y el sistema europeo de protección de los derechos humanos. El primer día se expuso todo lo relacionado con migraciones internacionales. A partir del proverbio latino: “Donde gano mi dinero gano mi patria”, se desplegó la exposición donde figura la importancia de las migraciones en el ámbito económico. Sería un error verlas desde este lugar, ya que entedemos que “si una persona migra, es para vivir mejor”.
"Las migraciones muchas veces son producto de la globalización que, a esta altura, han alcanzado dimensiones históricas imprevistas para los países receptores. El telón de fondo que viven las personas que deciden encaminar un éxodo es principalmente el miedo y la incertidumbre", contó Chassin.
Agregó: "Otro de los problemas que vemos reflejados dentro de las migraciones es la situación de los nacionales versus el inmigrante. A medida que la población llegada se va agrandando, de a poco van generando tensión en los residentes, ya que vendrían a romper su zona de confort y su estilo de vida. Entonces, a partir de esto, el desarrollo de las urbes sumado a las migraciones forma un rincón atractivo, llamado mixofilia, donde hay una mezcla de cultura y costumbres, y un rincón tétrico, totalmente opuesto al anterior, denominado mixofobia, entendido como ese miedo a mezclarse con alguien. Debido a esto es que nosotros comenzamos a relacionar migrante con inseguridad, narcotráfico, explotación, trata de personas, y es entonces cuando crecen la intolerancia, la dureza, la polarización, el extremismo, la discriminación y la desigualdad, entre otras".
Por casa, ¿cómo andamos?
El 30 de enero se publicó en el Boletín Oficial un Decreto de Necesidad y Urgencia que modificó la Ley de Migraciones promulgada en 2003. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, expresó que la intención del DNU dictado por Macri es combatir al narcotráfico, ya que un estudio agudo sobre esta problemática ameritó incrementar la severidad de la norma.
"Se sacó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que se consensuó con el sector más importante de la oposición, para tratar de corregir y achicar esos plazos tan largos", agregó en declaraciones a la Radio La Red. "Teníamos un problema que se busca corregir con este decreto; hay un dato que es realmente alarmante, que es que, en las cárceles federales, de 100 detenidos que se ven involucrados en hechos de narcotráfico, 33 son extranjeros".
En tanto, el Director de Migraciones, Horacio García, indicó que el DNU busca ser "profundamente restrictivo con los ciudadanos que delinquen", pero no avanza hacia el resto de los inmigrantes, ni siquiera aquellos que hayan entrado al país de manera irregular.
Habiendo analizado los puntos de vista expuestos por los funcionarios, frente a esto, la otra cara de la moneda es la siguiente: esta medida apunta a acelerar los procesos de deportación de extranjeros procesados, aún antes de que la Justicia determine si son culpables o no de los delitos que se les imputan, lo cual es considerable desde un punto de vista de los argentinos.
Ahora lo que no se sabe es que este DNU lesiona un conjunto de garantías mínimas atribuidas al debido proceso legal, al derecho a la protección judicial efectiva y al acceso a la justicia, así como también el derecho a la igual protección de la ley y a la no discriminación y el derecho a la libertad ambulatoria.
Desde otra perspectiva
Las organizaciones allegadas a la sociedad migrante, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caremi) y el Centro Colectivo para la Diversidad (Cecopi), estiman que este decreto es regresivo y le reclaman al Gobierno actual tres aspectos: así como la ley anterior fue, tras un largo proceso de consensos y disensos, debatida y dialogada, esta vez el gobierno actuó sin preguntar al sector afectado. El segundo: la falta de una situación de emergencia que justifique la modificación de una ley nacional vía decreto de necesidad y urgencia. Y, por último, el retroceso en política migratoria y derechos propiamente dichos, como la presunción de inocencia para los extranjeros y el derecho a la defensa por su parte al haber reducción de plazos, entre otros.
"Estimo que varios de los argumentos expuestos por las organizaciones son válidos, como así también logro comprender cuál es el alcance de la intención del gobierno. En este caso, sería preservar la seguridad nacional y la integridad física de las personas que habitan dentro de nuestro territorio, ya sean migrantes o nativos, intentando eliminar el narcotráfico", expresó Chassin, y continuó: "A pesar de esto, a mi criterio, la normativa vigente es aplicable a todos los inmigrantes, por lo que en ningún lado explícitamente expone que será atribuida solo a aquellos que interrumpan el orden; provoca así la estigmatización de todos ellos. En otras palabras, 'los mete dentro de la misma bolsa', cuando hay gente que realmente viene en búsqueda de un presente mejor, ya sea para ellos como para sus familias".
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