En el marco del ciclo “La UNCUYO en el debate social”, la secretaría de Extensión ofreció el jueves 14 de noviembre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales una charla donde se expusieron los modelos educativos universitarios de Chile y Argentina. Las disertaciones corrieron por parte del secretario de Extensión Universitaria de la UNCUYO, Fabio Erreguerena, y del sociólogo chileno Alberto Mayol.

La intención fue habilitar la comparación de ambos sistemas para contribuir al proceso de lucha que vienen protagonizando en los últimos años los estudiantes chilenos en la búsqueda de una educación concebida como derecho y fuera del lucro privado y estatal.

Erreguerena centró su análisis en un diagnóstico estadístico sobre factores propios de la educación universitaria en Argentina, que dieron cuenta de un escenario auspicioso en el plano de lo estatal, aunque no suficiente en términos de igualdad.

El especialista chileno, quien además se ha convertido en una referencia ineludible por su activa participación en el movimiento estudiantil, cotejó el diagnóstico argentino con el caso chileno para dar cuenta de la extrema segregación que afronta la educación trasandina. Mayol enriqueció el debate con la experiencia de los estudiantes movilizados en las calles chilenas durante los últimos tres años que, en su trayecto, se tradujo en un cuestionamiento más profundo sobre el sistema político, económico y social heredado del pinochetismo y reproducido durante las dos décadas de democracia.

Avances e ¿igualdad?

El sociólogo Fabio Erreguerena indicó que, en la actualidad, el país atraviesa la tercera oleada de creación de universidades. En el territorio argentino existen 114  establecimientos dedicados a la educación superior: 55 corresponden al ámbito público, 57 a la órbita privada y dos pertenecen a la gestión extranjera o internacional. De todas las provincias, Mendoza es la que concentra la mayor cantidad de instituciones privadas.

Aperturas. El Plan Taquini implementado a partir de 1968 constituyó el primer hito de expansión del sector universitario. Su ejecución promovió la apertura de 14 casas de estudios repartidas en distintas provincias. En este contexto tuvo lugar el desglose de la Universidad Nacional de Cuyo, del cual surgieron las universidades públicas de San Juan y San Luis, para ilustrar con un caso cercano.

La segunda oleada, explicó el secretario de Extensión Universitaria, se dio en los 90 con la fundación de 11 nuevos establecimientos, entre públicos y privados, que se centralizaron principalmente en el conurbano bonaerense y en la Capital Federal. En tanto, el tercer momento significativo en la apertura de universidades dentro del país, se inició en 2003. Desde ese año hasta 2011 se pusieron en funcionamiento 20 establecimientos, lo que ha permitido que exista al menos una universidad pública en cada provincia. En concreto, Erreguerena señaló que para el período 2003-2011, Argentina presentó un incremento del 25 por ciento de sus universidades públicas y del 11 por ciento de las privadas.

Estudiantiles. Erreguerena expuso que la matrícula universitaria de grado alcanza  a 1.808.415 alumnos en todo el país, de los cuales el 80 por ciento se encuentra estudiando en el sector público y el 20 por ciento en el ámbito privado, una diferencia que el secretario de Extensión subrayó para dar cuenta de las responsabilidades que le competen en educación superior al Estado.

Según el especialista, la evolución de las matrículas universitarias ha sido una constante en el país desde el primer gobierno peronista de 1945 hasta la actualidad. Este proceso solo se vio se interrumpido durante la dictadura cívico-militar por causas como el cupo, el arancelamiento y la desmotivación,  características de las políticas terroristas. No obstante, apenas recuperada la democracia el número de estudiantes universitarios comenzó a ascender nuevamente: entre 1983 y 1993 se duplicaron  las matrículas estudiantiles y la cantidad de profesores universitarios. Además, se calcula que en los últimos 30 años el número de estudiantes matriculados aumentó el 28 por ciento.

Inversión. Otro dato sobre lo “auspicioso” del sistema universitario argentino es el que da cuenta de la inversión anual del Estado sobre el sector. Previo a los números, hay que recordar que las instituciones públicas en Argentina dependen en su gestión y financiamiento de los gobiernos nacionales o provinciales. Por su parte, las instituciones privadas se financian principalmente por el cobro de cuotas, aunque estos establecimientos reciben por lo general algunas cuotas de subsidios públicos.

La inversión estatal en educación universitaria en 2013 ha alcanzado el 6,53 por ciento del PBI, un porcentaje favorable si se tiene en cuenta que la Ley de Financiamiento Educativo al momento de su sanción fijaba como meta el 6 por ciento del PBI.

Desigualdades. Hasta aquí, los datos harían suponer que Argentina ha avanzado a nivel de igualdad en el acceso y el egreso universitarios. No obstante, al comparar las trayectorias de la población estudiantil en relación con sus niveles de ingreso, se advierte que aún no han sido suficientes las políticas públicas dirigidas a popularizar la educación universitaria.

Al analizar a la población estudiantil en quintiles de ingreso, se advierte que el quintil más bajo (el de menores ingresos) contiene el 15 por ciento de la totalidad de estudiantes del sistema universitario argentino y solo el 5 por ciento de los graduados. Mientras que los quintiles superiores (los de mayores ingresos) presentan el 45 por ciento de los estudiantes y el 65 por ciento de los graduados. “Vinculando nuestra situación con la de las universidades chilenas, podríamos pensar que la gratuidad de nuestra enseñanza y su carácter público determinarían un sistema incluyente; sin embargo, una mirada más profunda permite constatar que en nuestro país la educación universitaria continúa siendo excluyente”, consideró el sociólogo.

Pendientes. Erreguerena dividió en tres ejes las prioridades de la agenda universitaria, social y política que permitan alcanzar “una verdadera popularización de la educación universitaria.”

El primero, que debe reconocerse más como deuda que como desafío, se refiere a la necesidad del reemplazo la Ley de Educación Superior N° 24521 que data de 1995. Erreguerena explicó que la norma vigente, “de marcado corte neoliberal está basada fundamentalmente en los parámetros del financiamiento y la evaluación, lo que implicó un cambio de lógica que ha terminado por tensar al sistema universitario hacia conductas institucionales que prevén la segmentación del sistema”.

Lamentó que el tema permanezca ausente en las agendas de las diferentes gestiones gubernamentales y apeló al movimiento estudiantil para instalar el debate en la sociedad. Recordó que existen dentro del Congreso Nacional algunos proyectos interesantes para reemplazar y actualizar la LES, pero cuestionó el hecho de que permanecieran sin consenso, y que por lo tanto no hubieran logrado su tratamiento definitivo. “Si se habilitara el debate a nivel social, avanzaríamos en la democratización de nuestra universidad”, consideró.

En segundo lugar, el expositor delineó desafíos para los rediseños institucionales en base a la educación universitaria como derecho ciudadano universal. Hay una tendencia hacia la materialización de ese derecho, dijo, en medidas tales como la obligatoriedad del nivel medio, la Asignación Universal por Hijo, el incremento de las universidades públicas, el Plan Conectar Igualdad. La imposibilidad de conocer con exactitud el impacto que estas políticas públicas recientes tendrán sobre la educación superior no impide que los resideños institucionales recojan esa complejidad.

Planeta lucro

“Primero, decirles que el planeta del cual vengo es muy distinto del que acabamos de ver. En Chile no hay un sistema de educación universitario sino que hay un mercado educativo”. Con esta expresión comenzó su exposición –a continuación de Fabio Erreguerena– el sociólogo y referente social Alberto Mayol.

Lucro. La gratuidad es una condición inexistente en la educación universitaria chilena, aunque en el país convivan los dos sistemas: el público y el privado. Mayol relató que los estudiantes deben pagar mensualmente aranceles que van de los 450 a los 600 dólares promedio para retener la matrícula. Son los costos si asisten a establecimientos públicos; los privados son todavía más altos. Se trata de la herencia pinochetista que delegó la enseñanza al sector privado. Mayol explicó que a partir de 1981 se transfirió poder a las municipalidades para las primeras etapas, mientras que en una fase superior, que se habilitó en 1988, se favoreció de manera directa a la libertad de mercado dentro de la educación.

Desde ese momento, los alumnos que quieren ir a la universidad pero no pueden costearla deben pedir créditos: estatales, si van a las universidades públicas; bancarios, si deciden estudiar en un instituto privado. Las primeras reciben un subsidio mínimo por aporte fiscal directo, pero ese dinero nunca supera el 5 o 6 por ciento de su presupuesto, detalló el especialista. El grueso de los presupuestos universitarios se basa en los aranceles y las altas matrículas de ingreso que costean los estudiantes.

Para Mayol, es un sistema perverso que deja a miles de jóvenes chilenos de clase media y baja endeudados no bien terminan de estudiar, ya que los créditos universitarios se empiezan a pagar desde el primer empleo.  En concreto, los alumnos aportan un 70 por ciento del crédito, mientras que el Estado financia solo el 30 por ciento restante. Siete de cada 10 estudiantes chilenos deben acceder a estos “préstamos”, que además corren con intereses en el caso de los morosos.

La mercantilización de la educación en Chile no halla justificativos ni siquiera en aspectos cerrados, como el de “calidad educativa”. “De hecho, ninguna universidad chilena supera en los ranking internacionales a la Universidad Nacional de Buenos Aires”, comparó. Los propios contenidos educativos y las metodologías empleadas también han sido foco de reclamos en estos años de revueltas estudiantiles. Según Mayol, a diferencia de Argentina, estas condiciones, sumadas a los arancelamientos ineludibles, hacen que para los chilenos la opción entre la educación superior pública y privada pierda sentido.

No al lucro. El malestar social sobre la situación educativa en Chile estalló en el invierno de 2011, cuando las movilizaciones encabezadas por el movimiento estudiantil tomaron las calles y comenzaron a recibir el apoyo de amplios sectores de la sociedad. El antecedente había tenido lugar cinco años antes, con la llamada “revolución de los pingüinos”: la protesta masiva más importante de estudiantes secundarios dentro de la historia chilena.

En 2006, alrededor de 100 mil alumnos se organizaron para reclamarle al gobierno de Michelle Bachelet el fin de la municipalización y la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) de corte dictatorial. “Como respuesta se hicieron algunas modificaciones a la normativa que, en lo esencial, no provocaron ningún cambio, sino que más bien contribuyeron a mantener el statu quo”, contó Mayol.

Si bien los universitarios retomaron esa lucha en enero de 2011, es recién a partir de mayo de ese año cuando comenzaron a evidenciarla. Mayol relató que durante esos casi seis meses, el movimiento estudiantil logró saldar diferencias internas y consensuar que la causa era la gratuidad. “El discurso hegemónico era tan fuerte que la idea de batallar por la educación gratuita prácticamente no existía entre muchos de los estudiantes, que preferían reclamar por becas y subsidios”.

El proceso de profundización y radicalización del movimiento –derivado de los propios errores del gobierno de Sebastián Piñera, que definió públicamente a la “educación como un bien de consumo por el que se debe pagar”– y la explicitación del mapa ideológico y hegemónico donde estaban parados los estudiantes, provocaron en ese breve período la gran capacidad de movilización y organización interna del grupo estudiantil que comandó las más trascendentes protestas educativas a nivel latinoamericano en las últimas décadas.

Mayol cuenta que los paros y las tomas masivas que acontecieron desde mayo de ese año visibilizaron la desigualdad del sistema universitario chileno ante la sociedad y se tornaron en instancias de organización fundamentales para el movimiento estudiantil de su país.

Durante las tomas, los jóvenes investigaron y accedieron a información que develaba las lógicas excesivamente neoliberales en la educación de su país y la más igualitaria vigente en otros países, como Argentina, temas que estaban vedados en los medios de comunicación chilenos. “Es allí cuando toman conciencia de que hasta ese momento habían estado hablando con la voz del enemigo, al omitir la causa de la gratuidad”, relata el especialista, que integró las actividades iniciales de aquellas revueltas.

“Luego de las tomas, los estudiantes llegaban a sus casas y de a poco iban logrando convencer a sus padres de que el discurso típico de que la ‘educación gratuita es para los países ricos’, no era más que una estrategia de los monopolios de la educación en alianza con el propio Estado”, sostuvo Mayol.

El proceso de empoderamiento de los estudiantes fue impactante y arrastró una labor de contrahegemonía radical por parte de ese movimiento. “Le ganó a la prensa escrita, algo que ningún movimiento social había logrado hacer en Chile. Restó credibilidad a la Iglesia católica y desnudó la crisis de los partidos políticos, pero la institución que más perdió dentro de este proceso fue la televisión”, explicó.

Si bien las condiciones de extrema inequidad continúan en el sistema educativo del país trasandino, para el chileno el mayor logro del movimiento estudiantil ha sido el de poner en cuestión el modelo de sociedad.

En este sentido, cabe señalar que el agregado de “No al lucro” a la consigna de la gratuidad es el mejor ejemplo que encuentra el sociólogo para describir el aporte del movimiento estudiantil a la lucha por la transformación social.

“El movimiento estudiantil no ha logrado ganar en su terreno, pero sí ha marcado un antes y un después en la institucionalidad del país”, analizó. Entre esos méritos se encuentra el de instalar en la agenda de las campañas presidenciales pasadas el tema de la reforma constitucional, con el 45 por ciento de la opinión pública a favor y la posibilidad de debatir, tanto a nivel social como parlamentario, el acceso a derechos sociales como el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto.

Los resultados electorales en Chile del último domingo permiten sumarle al triunfo cultural del movimiento estudiantil sus primeros logros políticos con la conquista de cuatro bancas legislativas para dirigentes estudiantiles que en su momento comandaron la movilización.  Un primer ensayo del poder político de los estudiantes movilizados lo constituyó la abstención de más del 70 por ciento en las elecciones municipales del 2012, cuando el movimiento llamó a no votar como mensaje contra los vicios de la institucionalidad.

Mayol se refirió a la necesidad de no mitificar el movimiento de cara a la continuidad de la construcción social. Aun así, dijo que, pese a que los estudiantes han conquistado su terreno, es preciso “no caer en el discurso derrotista que termina siendo parte de la hegemonía del otro”.