La ley de Ética Pública recientemente sancionada en Mendoza, pone en valor un gobierno abierto que transita el camino de la transparencia.

La legislación nacional Argentina tiene por aprobada la Convención Interamericana contra la Corrupción, firmada en la 3ª Sesión Plenaria de la Organización de los Estados Americanos.

A partir de esta Convención se dio inicio a una agenda respecto a los valores en el desempeño de la función pública. En la misma, se establecen conceptos básicos para trabajar en una anticorrupción generalizada, porque los delitos o faltas de los funcionarios socavan la legitimidad de las instituciones públicas, y atentan contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos.

La Convención considera que la democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de las américas; y que tal democracia, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas.

Con estos conceptos e ideas contra la corrupción, esta semana Mendoza se sumó a las provincias que tienen una ley de ética para el desempeño de sus funcionarios.

La nueva norma mendocina se ha realizado con un diseño institucional que comprende las incompatibilidades,  los conflictos de interés y régimen de declaraciones juradas patrimoniales entre otros, e incluye la creación de una autoridad de aplicación que, al igual que los órganos de control de la Provincia, tendrá autonomía institucional. Y más aún, considerando la alternancia respecto al gobierno en que le toque desempeñarse, el mandato de dicha autoridad se extenderá por cinco años. Esto tiene precedente en regímenes de organismos constitucionales, como la Superintendencia de Irrigación, así como de otros organismos descentralizados.

Es fundamental que los funcionarios públicos se desempeñen con transparencia de cara a la ciudadanía, para que ella pueda estar bien representada y sentirse tranquila y orgullosa de ellos. Sólo así los funcionarios pueden alcanzar una real legitimidad en su cargo.

Tengo la convicción que esta ley, como toda medida que aporte transparencia a las acciones de gobierno y legitimidad a sus funcionarios, fortalece nuestras instituciones democráticas, abriéndolas a la participación social, y sirve para evitar actos de corrupción y revitalizar la confianza del Pueblo en la política. En Conclusión la Ley de Ética Pública de Mendoza se suma a otras iniciativas características de un gobierno abierto y moderno, con una nueva cultura política de cara a la sociedad.