"Entre las zonas que presentan mayores proporciones de causas iniciadas por tenencia para consumo personal con respecto al total de las pesquisas iniciadas por estupefacientes se destacan Mendoza, con el 61 por ciento; Córdoba, 52 por ciento; Resistencia, 51 por ciento; y la Ciudad de Buenos Aires, 41 por ciento". La cita es una de las conclusiones que deja el estudio de la Procuración General de la Nación sobre el abordaje de la narcocriminalidad en Argentina.

El dato se transforma en un ingrediente extra para sazonar aún más la polémica por la despenalización del consumo, para combatir al narcotráfico como crimen y poner al asunto en su punto justo: como un problema de salud pública, tal como ya ocurrió en Uruguay. Los tiempos coinciden con la cercanía de la Marcha Mundial de la Marihuana, que en Mendoza pedirá el cese de allanamientos y causas penales contra consumidores y pequeños cultivadores de la planta. En ese sentido, Movimiento Sur, la expresión universitaria de Libres del Sur, invitó a esta provincia a Sebastián Basalo, director de la revista THC, que difunde la cultura cannábica en todas sus variantes. Esto postulan los organizadores de esta disertación:

"En la Argentina, en los últimos diez años, alrededor de 12 mil causas se abren cada año por infracción a la ley de drogas; de estás causas, el 70 por ciento son por consumo personal; el 29 por ciento, por tenencia simple, y el 1 por ciento, por narcotráfico. Con la despenalización no se procesa a los consumidores; de este modo, el Estado se concentra en (perseguir) el comercio y la producción de estupefacientes, es decir: el narcotráfico. Derogar la tenencia simple y el cultivo es el único modo de terminar con la criminalización de los usuarios de drogas y combatir eficazmente el narcotráfico sin violar los Derechos Humanos".

Dónde estamos

Se transparenta así que Mendoza es una de las provincias que persigue al tenedor de droga para consumo personal y de algún modo favorece el sostenimiento del negocio negro, solo que lo hace “correrse” hacia ámbitos institucionales, como son las cárceles o los centros sanitarios donde terminan alojados muchos de los procesados por tenencia de drogas.

También deja ver que numerosas acciones de los encargados de perseguir el delito terminan en la caza de "perejiles", muchas veces por la falta de coordinación entre el Ministerio Público federal y los organismos provinciales. Situaciones que fueron abordadas en las reuniones de la llamada Mesa de Enlace, en la que se congregan actores responsables de los estamentos estatales que deben perseguir y combatir el flagelo.

Esto fue expuesto en las reuniones que mantuvo el fiscal Félix Crous este mes con los funcionarios locales, entre los que se encuentra el mismo ministro de Seguridad, Leonardo Comparatore. Crous vino a Mendoza días antes del gran operativo que acometió la Gendarmería en Rosario para caer encima de cocinas de cocaína y fraccionadoras de marihuana. Hay una intención de desalentar la llamada desfederalización de las causas de narcotráfico, que creció entre las provincias ante la discordancia entre las administraciones federales y provinciales.

La misión actual de Crous es convencer a las provincias de que los fiscales y jueces federales pueden investigar en coordinación con la acción policial y judicial de los distritos provinciales. Mientras tanto, esto se muestra en la radiografía que demuestra que las policías y los aparatos estatales de investigaciones terminan atrapando a los consumidores para dar señales de que “algo se hace”, aunque en realidad poco y nada se concreta contra el negocio millonario del narco.

El informe de Gils Carbó

El siguiente es el informe publicado por Fiscales.gob.ar,  el sitio el oficial de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó.

La mayor cantidad de causas que tramitan en el país sobre violación a la denominada Ley de Estupefacientes 23737 es por la figura de tenencia para consumo personal, en el 38 por ciento, seguidas por comercio de drogas, en el 35 por ciento de los casos. Pero solo en el 3 por ciento de ese universo se investiga el delito de contrabando de estupefacientes, una de las más graves conductas reprimidas por esa ley. En tanto, las jurisdicciones federales que presentan mayores proporciones de procesos iniciados por estupefacientes en relación con las causas abiertas por otros delitos son: Rosario, con el 68 por ciento; Córdoba, con el 66 por ciento; Mendoza, con el 64 por ciento; y Resistencia, con el 61 por ciento.

Los números forman parte de las conclusiones de un relevamiento realizado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) con base en todas las investigaciones registradas durante 2012 en el sistema informático del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Fiscalnet, que incluye puntualmente el procesamiento de la información de las fiscalías nacionales en lo criminal federal de todo el país y en las fiscalías nacionales en lo penal económico con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El estudio pone en comparación la cantidad de causas iniciadas, los tipos penales más frecuentes y la distribución de la población en cada jurisdicción federal.

El consumo y el comercio

Entre las zonas que presentan mayores proporciones de causas iniciadas por tenencia para consumo personal con respecto al total de las pesquisas iniciadas por estupefacientes se destacan Mendoza, con el 61 por ciento; Córdoba, con el 52 por ciento; Resistencia, con el 51 por ciento; y la Ciudad de Buenos Aires, con el 41 por ciento.

En tanto, las jurisdicciones con mayor proporción de causas por comercio, almacenamiento y transporte de estupefacientes, previstas en los incisos C y D del artículo 5 de la Ley 23737, son La Plata, con el 93 por ciento; Corrientes, con el 90 por ciento; Mar del Plata, con el 78 por ciento; San Martín, con el 88 por ciento; y Bahía Blanca, con el 63 por ciento. 

No obstante, esos valores son relativos para Mar del Plata, San Martín, Bahía Blanca y La Plata, dado que las cuatro se encuentran dentro de la Provincia de Buenos Aires, adherida a la Ley de Desfederalización 26052, que permite a la justicia provincial la persecución de delitos vinculados con el narcotráfico.

En efecto, el informe destaca que "las jurisdicciones federales competentes en el territorio de la Provincia de Buenos Aires se posicionan –relativamente– entre las jurisdicciones con menores cantidades de causas iniciadas por estupefacientes" ante el Poder Judicial de la Nación. "Esto refleja el impacto de la llamada Ley de Desfederalización de estupefacientes, cuya implementación en la Provincia de Buenos Aires desde el año 2005 habilitó a la justicia provincial para entender en ciertas figuras", añade el informe.

Además de Buenos Aires, Córdoba (desde el 1.° de diciembre de 2012) y Salta (desde el 1.° de enero pasado) son las provincias en las que rige esa ley, por lo que impacto de esa norma en los números del informe preparado por la Procunar, que trabajó sobre los datos de 2012, solo puede observarse con claridad en territorio bonaerense.

Respecto del contrabando de estupefacientes, que solo es perseguido en el 3 por ciento del total de las causas por drogas, las dos jurisdicciones con mayor porcentaje son la Ciudad de Buenos Aires, con el 14 por ciento, y Posadas, con el 8 por ciento.

Cuánto se investiga y quién lo hace

En este contexto, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con la mayor cantidad de causas iniciadas, con 7843, que representan el 32 por ciento de todas las pesquisas por estupefacientes del país (24599 causas). La siguen Mendoza, con el 13 por ciento o 3203 procesos; Córdoba, 12 por ciento y 2860; y Rosario, con el 9 por ciento del total del país y 2283.

El trabajo también propone abstraerse de las jurisdicciones federales que integran la Provincia de Buenos Aires y observar la cantidad de causas iniciadas por estupefacientes cada 100 mil habitantes. En ese caso, la nómina sigue liderada por la Ciudad de Buenos Aires, con 271 causas, y la siguen Salta (122), Mendoza (112), Comodoro Rivadavia (93) y General Roca (89).

Otro de los puntos relevados por la Procunar tiene que ver con la dirección de las investigaciones. 
Casi tres de cada cuatro causas (el 72 por ciento) son instruidas por los jueces federales. Solo en el 28 por ciento de los casos la instrucción está a cargo de los fiscales. Esto ocurre, por un lado, por la aplicación discrecional de la delegación de la pesquisa en la fiscalía, que le otorga a los magistrados el artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación; por otro lado, por lo dispuesto en el artículo 353 bis del mismo cuerpo normativo, que pone en manos de las fiscalías las causas que tienen personas imputadas sorprendidas en flagrancia y sobre quienes los jueces consideraron que no correspondía dictar su prisión preventiva.

En ese marco, Bahía Blanca, con el 96 por ciento, es la jurisdicción con más concentración de causas en manos de los jueces, seguida por Paraná (93 por ciento), la Ciudad de Buenos Aires (91 por ciento), San Martín (89 por ciento), Comodoro Rivadavia (87 por ciento), General Roca (85 por ciento) y Mendoza (84 por ciento).