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“Este es un triunfo de la transparencia”, expresó el exsenador nacional Rubén Giustiniani al difundir detalles del acuerdo de explotación de los yacimientos de Vaca Muerta.
Miguel Galuccio, por ese entonces CEO de YPF, y su par para América Latina y África de Chevron, Ali Moshiri, al anunciar el convenio. Foto archivo publicada por La Nación.
El diputado provincial Rubén Giustiniani finalmente pudo dar a conocer el contrato YPF-Chevron, luego de pasados 330 días desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara hacerlo público.
"En principio, lo que vemos es que el contrato es un entramado de empresas offshore, que apuntan a licuar responsabilidades y opacar el proceso", explicó Giustiniani en conferencia de prensa. "Todo el contrato es entre una prestamista, que es una subsidiaria offshore de Chevron, radicada en Bermudas, a un tomador, que es una offshore de YPF ubicada en el estado de Delaware, en Estados Unidos. De esa manera baja el dinero hacia una SRL en el país a la que YPF le cedió el 50 % de la explotación de Vaca Muerta".
El exsenador también reveló que "el contrato está en idioma inglés y se rige bajo las leyes de Nueva York y ante un diferendo va a actuar un Tribunal Arbitral que es la Corte de Comercio de París, y ya sabemos lo que sucede cuando se entrega soberanía: lo padecimos con los fondos buitre recientemente. Así, esta maraña de sociedades offshore licua las responsabilidades y hace muy oscuro todo el proceso, y nosotros necesitamos que el proceso sea transparente, sobre todo cuando hablamos del petróleo y el gas, porque esto después se traduce en tarifas y precios de los servicios", explicó Giustiniani, quien desde 2013 viene solicitando que esta información sea de público conocimiento.
El exlegislador resaltó además que “este es un triunfo del derecho al acceso a la información, que el 10 de noviembre pasado la Corte haya fallado y que 330 días después de que se entregó un contrato tachado, hoy podamos exhibirlo a la sociedad y exhibir la necesidad de un análisis detallado para que una concesión, dada de manera directa por 35 años, no sea lesiva a los intereses nacionales”.
Finalmente, Giustiniani manifestó que se entregará una copia al Congreso de la Nación, otra a la Auditoría General de la Nación y otra en la Defensoría del Pueblo de la Nación. También se convocará a una comisión de especialistas conformada por periodistas, organizaciones ambientalistas y profesionales del Derecho a la Información para hacer una análisis detallado de la letra chica y hacer un informe a la sociedad.
El exsenador estuvo acompañado por el senador nacional Pino Solanas; el referente de la ONG Consumidores Libres, Héctor Polino; el exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR, Javier Ganem, y los doctores Ariel Kaplan y Esteban Sicca.
La historia
En septiembre de 2013, Rubén Giustiniani presentó un recurso de amparo solicitando información sobre los alcances del contrato firmado entre la empresa estatal YPF y la empresa norteamericana Chevron, mediante la utilización del decreto 1172/03 de Acceso a la Información Pública. Tras la negativa de la empresa, Giustiniani decidió recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en noviembre de 2015 el Tribunal resolvió a su favor, al alegar que "el derecho de acceso a la información es del pueblo argentino".
Recién en febrero pasado, YPF entregó en sede judicial una copia parcial del contrato, testado en aquellas “cláusulas confidenciales ostensibles”, con lo que desconocía el fallo de la Corte e impedía su acceso por parte del legislador, por lo que Giustiniani en sendas presentaciones a la Justicia intimó a que se entregue copia completa del contrato. Finalmente, el 22 de septiembre la empresa entregó en sede judicial el contrato íntegro para ser dado a conocer a la sociedad.
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