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El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza aseguró que se trata de "un caso de mucha injusticia" y que los jueces que dictaron el fallo "atentan contra la búsqueda de la verdad".
El ministro Dalmiro Garay. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Dalmiro Garay, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza, criticó este martes 5 el fallo de la Octava Cámara del Crimen en el caso Tupac Amaru, que declaró anoche el cese de la prisión preventiva y domiciliaria a Nélida Rojas, la líder de la organización barrial en la provincia, y sus familiares.
El funcionario, durante una entrevista que le realizó radio Nihuil, dijo que se trata de un caso de impunidad, en el que se está privando a los mendocinos de saber qué pasó con el uso de los fondos del presupuesto provincial y nacional, bajo argumentos que califican a la Tupac Amaru como una asociación civil con derecho a exigirle a sus “socios” ir a marchas políticas bajo apercibimiento de quitarles la vivienda. “Con ese tipo de argumentación, la Cámara descarta 172 denuncias de coacciones de mendocinos que no tenían casa, que no podían tenerla de otra manera si no era con la asistencia del Estado, y que se encontraron con que, por no ir a una marcha después de años o meses inscritos en la Tupac, perdieron el derecho”, afirmó.
“Me parece que (el fallo) es gravísimo, porque atenta contra la búsqueda de la verdad. Estamos hablando de una institución intermedia que manejó más de 800 millones de pesos de todos nosotros (en referencia a los argentinos)”, sostuvo Garay.
Por otro lado, Garay también cree que se está tratando a las víctimas como socios descontentos. “Descontentos porque no les dieron la casa o se la dieron tarde”, dijo el funcionario, y continuó: “Es por eso que la Cámara dice que en realidad no hay coacción, que no son víctimas; es decir, vulnera claramente el derecho de las personas que denunciaron”.
El ministro de Gobierno agreó que espera que la Justicia mire el caso con “total abstracción de la cuestión política” y lo vea desde lo jurídico. “Detrás de las 172 denuncias, hay 172 personas que fueron violadas en su buena fe; no eran socios del Club Regatas, eran personas necesitadas”, afirmó Garay. “(Fueron llevadas) a una situación en la que se explotó su situación de necesidad, a una situación de mucho estrés, de mucha injusticia. Si la corte ve eso, va a encontrar el camino para resolver esta causa”, finalizó.
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