Luego de conocer la sentencia por el caso Carrasco, los abogados de Xumek, Lucas Lecour y Sergio Salinas, como representantes de la familia Carrasco Espina, emitieron un comunicado pidiendo al Tribunal Penal Colegiado N.º 2, conformado por los jueces Mauricio Juan, Eduardo Martearena y María Laura Guajardo, que haga lugar al pedido de medidas de satisfacción y no repetición, requeridas por Xumek, que buscan evitar que se repitan violaciones como las del presente caso, recomendando al Ministro de Seguridad de Mendoza:

1-Diseñar e impartir “Cursos de capacitación en forma periódica para el personal policial”, cuyos contenidos básicos deberán incluir formación sobre el empleo de la fuerza, armas de fuego y sus municiones.

2-Diseñar, implementar y controlar el cumplimiento de un “Protocolo de Actuación para las Unidades de Cuerpos Especiales de la Policía”, o de aquellos efectivos que deban tener a cargo el control de disturbios en espectáculos públicos de audiencia masiva, detallándose las facultades, deberes y responsabilidades del personal en el uso de armamento, el cumplimiento de las directivas y el uso racional del material utilizado.

3-Realizar un pormenorizado estudio de la actual cartuchería empleada con especialistas en balística, debiendo evaluarse el reemplazo de los actuales cartuchos calibre 38.1 por unos más modernos, con menor poder vulnerante.

4-Ordenar la publicación de la parte dispositiva del fallo y sus fundamentos en la página web oficial del Poder Judicial de la provincia.

Además, el comunicado resalta que un Tribunal Penal no haga lugar a esta clase de medidas de reparación, que responden al cumplimiento de deberes internacionales en materia de derechos humanos por parte de los jueces, más allá del fuero al que pertenezcan.

“A pesar de lo positivo de estas medidas de reparación, la falta de una condena adecuada genera una nueva agresión a la familia Carrasco Espina, que ha tenido que soportar en estos cinco años que un ministro de Seguridad diga en los medios de comunicación que la policía había actuado correctamente, sufrir amenazas con armas por reclamar justicia, que el primer juicio fuera anulado por la enfermedad de uno de sus jueces que le impedía asistir al tribunal, pero luego los medios daban cuentan de que ese mismo día este magistrado se encontraba en la Facultad de Derecho de la UNCUYO dictando clases de consulta, que el actual Gobernador diga en los medios que los familiares de víctimas de violencia institucional que reclaman justicia solo pretenden cobrar una indemnización del Estado, cuestiones que llevaron a la madre de Lucas, Viviana Espina, a tomar la triste decisión de quitarse la vida”, expresa el comunicado de  Xumek, Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos.