Las mujeres no desaparecen, sino que alguien las rapta, las amenaza o las mata. Con esa convicción, desde hace cuatro años la comunidad mendocina exige saber qué le pasó a Johana Chacón, la adolescente que sus compañeros vieron por última vez el 4 de septiembre de 2012, cuando se bajó del micro en la puerta de la finca donde vivía, en Lavalle. Todavía seguimos esperando una respuesta.

El símbolo de esa falta de respuestas será el signo de interrogación que sus amigas, sus compañeros y sus maestras pintarán en un mural. Otro más, como el que estamparon cada año que pasó sin saber nada de la niña de 13 años.

La investigación judicial liderada por el fiscal de Delitos Especiales Santiago Garay no tuvo demasiados avances hasta el viernes 6 de noviembre de 2015. Ese día, el letrado imputó y detuvo a Mariano Luque por el homicidio de la adolescente. El vuelco en la causa fue posible gracias a la declaración que la hermana de la víctima y expareja de Luque, Beatriz Chacón, hizo primero ante la Justicia Federal y ratificó ante la Provincial.  

El mismo lugar y contexto

Los nombres de Johana y Soledad Olivera están unidos para siempre. Son dos mujeres de las que nada se sabe, que vivían en Lavalle, muy cerca una de la otra. La primera iba a la escuela Virgen del Rosario, la segunda enviaba ahí a sus tres hijos y ambas conocían a la persona que la Justicia señala como responsable de sus desapariciones: Mariano Luque.

Tan unidas están las dos mujeres que recién el día que las maestras supieron que Johana no llegó a su casa después de clases, también se enteraron de que hacía un año que nada se sabía de Olivera, a la que sus hermanas vieron por última vez el 18 de noviembre de 2011. Eso motivó a las docentes a convertirse en el motor del reclamo social y, sobre todo, a exigir respuesta a la Justicia, ya que la causa de Olivera estuvo parada durante nueve meses, por lo que el fiscal de Lavalle, Darío Nora, enfrentó un jury de enjuiciamiento que finalmente lo sobreseyó.

Más allá de que Nora quedó libre de culpa, la inacción de esos nueve meses sólo benefició a quien o quienes dañaron a las mujeres. Esa o esas personas tuvieron nueve meses para esconder pruebas, para ocultarse, para asustar testigos, para quemar evidencia. Nueve meses de inacción de la Justicia que sólo terminaron cuando Johana Chacón no volvió a su casa.  

La trama de relaciones

La vida de las dos mujeres y de Luque se desarrolló durante años en el mismo espacio físico, a 43 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, en el distrito de Tres de Mayo, al que se ingresa por la ruta 36. Sobre esa vía está la escuela Virgen del Rosario y unos metros más adelante el barrio Los Paraísos de Curi –donde vivía Olivera–, que está rodeado de fincas, en una de las cuales vive Luque (actualmente detenido) y donde vivían en 2011 los cinco hermanos Chacón, entre ellos Johana y Beatriz, que era la pareja del hoy acusado de homicidio.

Los casos están enmarcados en esa verdadera telaraña de relaciones que los investigadores trataron de desentrañar. El fiscal Garay siempre abonó la teoría de que Luque era la clave para resolver ambos casos. Sus razones fueron que el hombre mantenía una relación con Olivera (lo que quedó probado en el juicio) y compartía la vivienda con Johana, además de ser –en ese momento– la pareja de su hermana Beatriz.

Las 12 hectáreas de la Finca Aragón, en calle Rama N.º 4, en la que viven Luque, su mamá y su padrastro, Luis Curallanca, fue el centro de investigaciones y rastreos. La razón fue que las hermanas de Olivera testificaron que hacia ese lugar iba la joven la última vez que la vieron con vida, y que los compañeros de Johana coincidieron en que en esa ocasión se bajó del micro en la puerta del lugar y encaró hacia la tranquera.

Con esos indicios, Garay imputó a Luque en agosto de 2013 por la privación ilegítima de la libertad de Olivera y el hombre pasó dos años en prisión preventiva. Pero el 8 de septiembre de 2015, los jueces de la Segunda Cámara del Crimen lo absolvieron por el beneficio de la duda, con el fundamento de que no existían testigos directos, sino indicios que consideraron insuficientes para determinar con certeza que fue el autor del hecho. Meses después, la Suprema Corte de Justicia anuló la sentencia y ordenó realizar un nuevo juicio.  

Testimonio clave

Este obrero rural, de 35 años, volvió a la finca y siempre dijo que era inocente. Su situación de libertad cambió en noviembre de 2015, cuando el fiscal Garay lo imputó por el homicidio de Johana y lo detuvo. Esto fue posible debido al testimonio de su expareja y hermana de la víctima, Beatriz Chacón, quien declaró que el hombre ahorcó a Johana delante de ella, que quemó su cuerpo, lo enterró en la finca y poco después lo trasladó a otro predio que dijo desconocer.

Luque permaneció detenido hasta que fue liberado el 17 de mayo de 2016, luego de que la titular del Tercer Juzgado de Garantías, Alejandra Mauricio, negó el pedido de prisión preventiva. Sus fundamentos fueron que no existían elementos que acreditaran su responsabilidad en el homicidio, además de que le restó entidad al testimonio de Beatriz Chacón, debido a que fue opuesto a los que sostuvo todas las veces que fue citada, oportunidades en las que defendió a su expareja.

Garay apeló la decisión. El 11 de agosto de 2016 Luque volvió a prisión, luego de que la Cámara de Apelación del Crimen revocó la medida de la jueza Mauricio y ordenó la prisión preventiva del imputado, es decir que estará detenido hasta que se realice el juicio.

Los jueces Ramiro Salinas, Alejandro Miguel y Luis Correa Llano afirmaron que el razonamiento de Mauricio para negar la prisión preventiva fue parcializado, carente de visión de género, lo que no le permitió analizar la vulnerabilidad de la testigo ni las razones de sus contradicciones. Concluyeron que no tuvo en cuenta la situación de la mujer al momento de los hechos: una menor de edad, con una vida marcada por las carencias y el abandono, embarazada, cuyas necesidades básicas eran cubiertas por la familia del imputado; que se encontraba amenazada de muerte por el hombre con quien convivía y que abandonó la finca antes de que Luque quedara en libertad por el caso Olivera.

Los integrantes de la Cámara coincidieron en que la jueza omitió analizar los indicios que fortalecen la última declaración de Beatriz Chacón. Estos son: que su madre, Mirtha Ruiz, aseguró haber leído los mensajes amenazantes que Luque le envió desde el penal; que la joven se mudó de la finca mientras el hombre estaba detenido; que señaló que el obrero no era su pareja sino que abusó de ella, y que dio detalles del supuesto ahorcamiento de su hermana que sólo podría saber un médico o un especialista en la materia.

Los jueces también analizaron la existencia de peligro de fuga y de entorpecimiento probatorio en que podría incurrir el imputado. Concluyeron que existen razones para pensar que, encontrándose en libertad, podría influir sobre los testigos. Finalmente, determinaron que la valoración integral de la prueba producida “autoriza a inferir motivos de convicción suficientes para sostener como probable la participación punible de Luque” en el hecho investigado.

Días después de la detención de Mariano Luque, Luis Curallanca –su padrastro– denunció que a su hijastro le dieron una golpiza, lo que fue confirmado a los medios por las autoridades y que llevó a que lo cambiaran de sector en Boulogne Sur Mer, donde permanece detenido.

La abogada de Luque, María del Carmen Aguilar, recalcó en todos los escritos judiciales la falsedad del testimonio de Beatriz Chacón, así como las justificaciones de su silencio anterior. Además desmintió que vivía amenazada, sino que, por el contrario, estaba integrada a la familia del hombre, lo que, aseguró, quedó probado con múltiples testimonios.

Tanto en la causa de Chacón como en el juicio de Olivera, la letrada recalcó que no existe ninguna prueba que acredite la culpabilidad de Luque, salvo la de conocer a las víctimas, y que su cliente es una especie de chivo expiatorio de la Justicia para dar una respuesta a la sociedad ante dos casos con gran impacto mediático.  

A juicio

Fuentes de la Fiscalía que lleva adelante la investigación confirmaron a Unidiversidad que el objetivo de Garay es elevar la causa de Johana a juicio hacia fin de año, y si esto no es posible, lo hará en los primeros meses de 2017. Antes de este último paso, Garay espera la contestación de la Procuración de la Corte ante el pedido que hizo de que autorice pagar los gastos a un equipo de peritos especializados para que realice un rastreo pormenorizado en la finca donde vive Luque, en busca de algún rastro de Johana.

Fuentes de la Fiscalía también confirmaron que ofrecieron protección a Beatriz Chacón –ahora la principal testigo–, aunque la mujer decidió volver a vivir con su mamá en Tunuyán y desestimó el ofrecimiento.

El representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y querellante en la causa, Fernando Peñaloza, aseguró que el testimonio de la hermana de la víctima fue clave y afirmó que continuará trabajando para lograr una sentencia por homicidio. Y recordó que el caso no está caratulado como femicidio porque al momento del hecho esa figura no estaba contemplada en el Código.

Silvia Minoli, directora de la escuela Virgen del Rosario y motor de la búsqueda, hizo una presentación ante la Fiscalía Especial para convertirse en querellante particular en la causa, patrocinada por los abogados Pablo Salinas y Viviana Beigel. La misma fue rechazada por Garay.

Minoli recalcó que lo más importante es la perspectiva de género con que la Cámara del Crimen analizó el testimonio de la hermana de la víctima y aseguró que seguirán acompañando a las familias de todas las mujeres de las que nada se sabe, como el caso de Gisela Gutiérrez.

La directora comentó que la escuela y su comunidad educativa tuvieron un rol clave para visibilizar los casos pero señaló que, luego, distintas organizaciones y la sociedad mendocina tomaron el reclamo como propio.

Este domingo 4, como desde aquel 4 de septiembre de 2012 en que vieron por última vez a Johana, los compañeros y compañeras pintarán un nuevo signo de interrogación y recordarán a la adolescente en un encuentro del que participarán muchos artistas. Pedirán respuestas, algo que ni ellos ni la sociedad mendocina obtuvieron, después de cuatro años.

Producción y realización de interactivo: Ana Vargas.