Mensajes como "Soy Matías, estoy en Mendoza. ¿Dónde está Santiago Maldonado?" o "Soy Florencia, estoy en Córdoba. ¿Dónde está Santiago Maldonado?" comenzaron a multiplicarse por las redes sociales durante los últimos días. Es que a casi un mes de su desaparición, el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez en una manifestación mapuche reprimida por Gendarmería Nacional, en Chubut, está más latente que nunca. Pero, pese a lo que parece haberse convertido en una demanda ecuménica, el debate de la "grieta" por ver quién puede o no pedir por un desaparecido llegó para quedarse.

Más allá del pedido de colectivos sociales, de las agrupaciones de derechos humanos y hasta organismos internacionales, la búsqueda de Santiago parece finalmente haber tocado las fibras del ciudadano común.

Ese argentino que jura en público ser un escéptico de las causas políticas y sociales, esa argentina que califica peyorativamente a todas las marchas como “políticas” –e ignora el concepto de la palabra–, finalmente ahora supo comprender que nada tiene que ver con banderas partidarias, sino con la defensa de los valores propios de una democracia del siglo XXI.

Sin embargo, un todavía vasto sector de la sociedad prefirió sintetizar la desaparición forzada de un ciudadano en la trivial “grieta”. Es que cada vez es más insólito observar cómo ese concepto puede aplicarse a diario para dar forma a los argumentos y las justificaciones ante alguna problemática coyuntural. Y, por supuesto, la desaparición de Santiago Maldonado no se quedó afuera.

“Yo no vi a los que piden por Santiago Maldonado preocuparse por Julio López” se convirtió en la réplica más frecuente para iniciar la discusión a tono con el manual de estilo de la llamada “grieta”. Cómo se llegó a que los argentinos se chicanearan unos a otros, de un lado al otro, con los desaparecidos en democracia será la reflexión que quedará por pensar. Pero es necesario aclarar que, pese la importancia de ambos casos, no hay que caer en una negación de la realidad por eclipsar a uno con el otro.

Julio López estuvo confinado varios años en los centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar (1976-83), pero pudo sobrevivir y dio testimonio contra el represor Miguel Etchecolatz –quien, por cierto, en las últimas horas sufrió un ACV–. Sin embargo, en septiembre de 2006, un día antes de la condena del genocida, López desapareció sin dejar rastros. Las postales de marchas y fervorosos reclamos de estos días –y que muchos desmerecen– también se registraron diez años atrás.

Santiago Maldonado, de 27 años y oriundo de Buenos Aires, estaba presente en una resistencia pacífica del pueblo mapuche, al norte de Chubut. Pero los testigos del lugar lo vieron por última vez el 1.º de agosto, cuando –dicen– se lo llevó Gendarmería Nacional. La carátula de "desaparición forzada" llegó a la Justicia y, desde entonces, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvo que salir a "hacer malabares" sobre los avances de búsqueda, cuyo resultado se ve cada vez más lejano.

Desde su cuenta de Facebook, el hijo de Julio López tuvo que salir a aclarar su posición sobre el nuevo capítulo de la "grieta" argentina.

Con la ineficacia del Estado para dar con Santiago, y con pocas explicaciones apaciguadoras sobre el caso, se instaló en la sociedad la idea de que si en una gestión anterior hubo personas que desaparecieron, no puede reclamarse por las del presente. Como si se tratara de una serie de requisitos que se le exigen a cada habitante: desde un lado de la grieta piden una especie de certificado que testifique por cuántos desaparecidos mostró preocupación la persona en cuestión, fotografías que demuestren participación en marchas pasadas y hasta el calendario de vacunaciones al día.

¿Hay un plan sistemático para que haya desaparecidos? Claro que no, pero no cabe duda de que el Estado nacional debe asumir la responsabilidad de las fuerzas de seguridad por el paradero de un ciudadano que desapareció en democracia, tal como dice el artículo 142 tercero del Código Penal. De los argentinos dependerá superar el abismo imaginario que los separa y dar con la resolución del interrogante: ¿dónde está Santiago Maldonado? 

Puntualiza el periodista Hugo Alconada Mon en su columna de La Nación: "Existe una doble responsabilidad del Estado: ya sea porque un gendarme hizo algo indebido o porque se le fue la mano; y, por otro lado, porque no se lo logra encontrar. El Estado muestra, una vez más, que es incapaz de encontrar a una persona".