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La única mujer procesada en Córdoba por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar argentina tiene prisión perpetua en el marco de la “Megacausa La Perla-La Ribera”.
Fotografía aparecida en el sitio La Tinta
Unidiversidad/ Fuente: La Tinta
Publicado el 26 DE AGOSTO DE 2016
Mirta Graciela Antón tiene 62 años, pelo corto, cara amargada. Podría pensarse que su expresión se debe a una vida dura que le tocó pasar. Sin embargo, duro fue para aquellos que la conocieron durante una sesión de tortura en el Centro Clandestino de Detención donde funcionaba el Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba, popularmente conocido como la “D2” y paradójicamente ubicado frente a la Catedral y a metros de la Plaza San Martín, donde los ciudadanos paseaban y disfrutaban de su libertad todos los días. Allí se desempeñó desde 1975, cuando tenía apenas 20 años y estaba embarazada, aunque eso no le impedía ensañarse en las sesiones de tortura o rematar a un detenido, según recuerdan los sobrevivientes.
“La Cuca”, como apodaban a Antón, es la única mujer procesada en Córdoba por delitos de lesa humanidad.
“Todos los sobrevivientes de este centro la recuerdan por su brutalidad. Entre otras cosas era la encargada de darle el “tiro de gracia” a los policías que eran asesinados por los propios policías”, sostienen desde Hijos Córdoba.
Su hermano Herminio Jesús “Boxer” Antón también recibió este jueves una pena de prisión perpetua. Fue detenido en 2009 luego de una discusión familiar; era el único prófugo por delitos de lesa humanidad que había en Córdoba.
Cuando tuvo la oportunidad de dar su palabra en el juicio, la Cuca Antón aseguró que “jamás empuñó un arma contra nadie”, que sólo hacía “tareas administrativas”, y que se la acusa de ser la esposa de su exmarido, el represor Raúl Bucetta.
Fue sentenciada por la causa Barreiro, en la que se relataron secuestros, torturas y homicidios cometidos en el Departamento de Informaciones de la Policía (D2) contra 80 víctimas (13 sobrevivieron, 21 fueron halladas muertas y el resto permanecen desaparecidas) entre los años 1975 y marzo de 1976.
Antón ya está cumpliendo una condena de siete años en la cárcel de Bouwer, desde julio de 2009, por la causa UP1, y seguirá allí hasta sus últimos días.
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