Previo a realizar una breve opinión técnica acerca de los barrios privados en el Gran Mendoza, quiero dejar en claro el ángulo de mi visión mediante un juicio de valor: los barrios privados no son buenos. No colaboran con la construcción  de una sociedad abierta y enriquecida con sus mixturas. Tampoco son buenos para el territorio, ya que destruyen o impiden la construcción de infraestructuras urbanas fluidas y el uso ostentoso del agua y el suelo.

Desde lo perceptivo, el barrio privado es malo porque muestra que el que más tiene puede acceder al paisaje hermoso y a la seguridad personal. Significa que el Estado desaparece y abandona su rol de regulador de la ciudad, su población y recursos. Significa que la cultura del agro puede y debe ser abandonada en pos del logro de dineros producto de la especulación inmobiliaria. Significa que nuestros baluartes naturales pueden ser atropellados en pos de quienes puedan permitírselo, aún a costa de graves riesgos para la población toda.

Encontramos de inmenso valor este trabajo y los aportes técnicos, donde se expone claramente la secuencia de urbanización, reconociendo allí cómo una legislación no ejecutiva (Ley de Uso del Suelo 8051) y la mala gestión pueden provocar el efecto contrario al esperado. En este caso, a partir de la Ley, el territorio es objeto de una avalancha de oportunistas que se encuentran fraccionando, dividiendo y loteando el territorio rural y piedemonte para que, cuando la misma se reglamente, los encuentre favorecidos con algún cupo de agua y otros servicios.

Propongo abundar en dos temas específicos:

· Ausencia del Estado

En el proceso de abandono del Estado en la regulación del territorio, encontramos que una sumatoria de inacciones son conducentes a la promoción de la especulación inmobiliaria (el concepto de "privado" le aporta al precio del suelo gran valor agregado). Podemos enunciar el abandono de las funciones de seguridad ciudadana, el desmedido (no se mide ni cuantifica) uso del agua, controles inexistentes en el proceso de urbanización de zonas suburbanas, abandono de las capacidades productivas periurbanas y falta de accesibilidad de la población en general a créditos para vivienda o parcelas urbanas. En la medida en que todas estas formas de desatender a la población y el territorio no sean corregidas, el privado tomará el guante y avanzará sobre el territorio.

La combinación de estos componentes conforma el caldo de cultivo para la especulación inmobiliaria. En el mejor de los casos, los desarrollistas (incluyendo al IPV) se ajustan a la Ley de Loteos, lo cual exige cierta revisión de proyecto, inversión y regulación del uso del suelo por parte de los municipios pero, en los casos que predominan, los procesos se dan simplemente por la subdivisión de parcelas y venta clandestina de las fracciones.

· Relación de impacto territorial del barrio privado y su ubicación

Un componente importante de  impacto territorial del barrio privado se observa por su ubicación, ya sea en área urbana o suburbana (abstrayéndonos de su modalidad y escala). Puntualmente, los impactos en el área urbana se presentan en la construcción de grandes cierres que impiden el completamiento de la trama urbana mediante la apertura de calles y fomentan la discriminación social.

En ese contexto, los municipios deberían contar de manera formal y anticipada un plan de aperturas de calles a los efectos de condicionar a los emprendimientos a colaborar con la construcción de la ciudad. A su vez, todos los emprendimientos privados deberían realizar aportes en términos de equipamientos comunitarios y mejoras urbanísticas en el entorno propio del emprendimiento. Esto surge como compensación por el uso exclusivo sobre infraestructuras públicas y que son solventadas inicialmente por gran parte de la comunidad.

En el caso de los suburbanos, produce dos impactos importantes: la eliminación de suelos rurales en detrimento del soporte de abastecimiento rural próximo y la pauperización de la ciudad consolidada. Esto último, porque la implantación de barrios en zonas que no cuentan con equipamientos comunitarios, ni redes de agua, ni cloacas, ni transporte público, fuerzan al Estado a realizar transferencias presupuestarias (para el caso de que existan partidas), lo que deteriora servicios de otras zonas, para lograr con los mismos recursos ampliar redes y construir nuevos equipamientos para las nuevas poblaciones suburbanas. Sin duda, como acción fundacional y primaria en la declamativa e improductiva Ley de Uso de Suelos, se debe implementar con acuerdo de los municipios un límite urbano, que permita indicar hasta dónde debe ampliar y mejorar los servicios el Estado y la frontera hasta la cual se pueden edificar barrios.

Concluyendo, los barrios privados son una realidad en la que se refleja una sociedad fragmentada, abandonada y empobrecida. Pero el Gran Mendoza como unidad social y territorial es mucho más que ese síntoma. La mayor parte de la población elige vivir en comunidad, cuidar el agua y fomentar una hermosa área urbana. Es por eso que el Estado debe apurarse en planificar lo que viene, ordenar lo que existe y controlar el uso racional de los recursos.