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La Corte Suprema ocupa el centro de la escena pública por el fallo que beneficia a un represor con la aplicación de la derogada ley del “dos por uno”.
Los integrantes de la Corte Nacional, hoy en el medio de la escena política. Foto: archivo Corte Suprema.
Jorge Fernández Rojas
Publicado el 04 DE MAYO DE 2017
La Corte Suprema, por mayoría, declaró aplicable el cómputo del 2 x 1 para la prisión en un caso de delitos de lesa humanidad, titula el Centro de Información Judicial, la agencia de noticias del Poder Judicial.
El mismo título parece una sentencia con tono periodístico que llega desde el mismo medio judicial y, de algún modo, deja ver la molestia que produce este fallo dividido, que promete tener consecuencias negativas para los sectores defensores de los derechos humanos.
Rosenkrantz y Rosatti tienen luz verde para ir a la Corte
La Cámara Alta avaló ambos pliegos. Con el voto dividido en el bloque del PJ-FpV, el oficialismo logró una holgada cantidad de votos a favor para convertir en jueces a los postulantes sugeridos por el presidente Mauricio Macri.
En esa resolución de la causa Muiña, los últimos dos jueces que ingresaron a la Corte, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti (los designó Mauricio Macri) junto con la jueza Elena Highton de Nolasco, declararon la aplicabilidad de la ley nacional –ya abolida– conocida como la norma del "dos por uno". La regla definía que, una vez transcurridos los dos años de prisión preventiva y por cada año posterior de detención para los procesados, estos se computen doble en la condena.
“Rosatti expuso el dilema moral que plantea en el juzgador la aplicación de un criterio de benignidad a condenados por delitos de lesa humanidad, para concluir que este dilema debe ser resuelto con la estricta aplicación de la Constitución y las leyes. Afirmó que si el legislador no previó un régimen diferenciado que excluyera la aplicación de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad, no lo puede hacer ahora el juez, pues de otro modo éste se convertiría en aquel, violentándose el principio constitucional de división de poderes”, remarca el informe del CIJ.
En tanto, los jueces Ricardo Lorenzetti (presidente de la Corte) y Juan Carlos Maqueda se apoyaron en la definición más política y social, en la que se considera la gravedad de los delitos de lesa humanidad, declarados imprescriptibles, para votar en contra de la mayoría.
“Con votos concurrentes, (Lorenzetti y Maqueda) sostienen que no se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad. Por el contrario, existe una consistencia en la definición, calificación y persecución de este tipo de delitos que se ha mantenido en diversos precedentes, no sólo de esta Corte Suprema, sino de todo el Poder Judicial. Más aún, puede decirse, como se lo ha señalado en diversos pronunciamientos institucionales de esta Corte como cabeza del Poder Judicial, que se trata de una política de Estado, afirmada por los tres poderes, en diversas épocas, de modo que constituye parte del contrato social de los argentinos”, sostiene la crónica judicial.
Está claro que el criterio aplicado se mantiene sobre la idea fundada en los tratados internacionales incorporados en la Constitución Nacional de 1994, por la que se debe ocupar la ley más benigna en delitos permanentes y graves, como las violaciones cometidas por los ejecutores de la represión aplicada por la dictadura cívico-militar.
La reacción de las organizaciones que impulsan los enjuiciamientos a los represores no se hizo esperar, ya que, para ellas, se trata de un cambio de paradigma en la Corte en consonancia con el del Gobierno Nacional.
Carlotto: \Vamos a hacer una denuncia feroz contra la Justicia argentina\
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Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, hizo resonar su voz apuntando a este cambio dentro del Poder Judicial y a la iniciativa de la Iglesia a un intento de reconciliación, remarcando que se pretende eliminar la memoria colectiva de lo que ocurrió en los años 70.
Una cuestión en la que el constitucionalista Gregorio Badeni coincide, pero con tono positivo, al afirmar esta mañana en MDZ Radio que el fallo evidencia ese cambio de paradigma para dar seguridad jurídica en las sentencias. También aceptó que este tipo de sentencias producen jurisprudencia y, por eso, admitió que se podrán presentar otros acusados (unos 750, advierte La Nación) que están en proceso de enjuiciamiento por delitos de lesa humanidad.
Mirá el análisis de Jorge Fernández Rojas, en su columna APD sobre el polémico fallo 2x1 de la Corte Suprema.
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