En el documento ¿Qué pasa con la impunidad del abuso sexual en el Poder Judicial?" dado a conocer este sábado y firmado por más de 60 organizaciones, se identifican, en base a situaciones reales, las dificultades que enfrentan las víctimas y se reclaman cambios judiciales que garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Las organizaciones reclaman una reforma judicial que escuche a niñas, niños y adolescentes, que les proteja del abuso sexual, les escuche y les crea; que el sistema judicial deje de usar para investigar el abuso sexual los mismos métodos que utiliza para otros delitos, teniendo en cuenta que las formas infantiles de expresarse no son las mismas que en personas adultas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños sufren o han sufrido abuso sexual.

En la Argentina no hay estudios estadísticos sobre denuncias de abuso que llegan a condena, pero el ex juez federal Carlos Rozanski, director de la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales -firmante del pronunciamiento-, en su libro "Abuso sexual infantil, ¿denunciar o silenciar?", da un indicio: 99 de 100 niños y niñas que denuncian abuso sexual pueden quedar a merced de quien los abusó.

Para las organizaciones firmantes del documento esta situación "es responsabilidad de gran parte de la trama de actores del sistema judicial: jueces, fiscales, cuerpo médico forense, Ministerio Público Tutelar y defensorías de Menores e Incapaces".

Sara Barni, integrante de Red Viva, organización que lleva acompañados más de 700 casos de abuso sexual en todo el país, sumó también "a grupos antiderechos que, conformados por una minoría de profesionales (abogados, psicólogas, médicos peritos de parte) son muy activos y agresivos en la defensa de abusadores sexuales, especialmente en los casos de incesto".

Y Victoria Acebedo, de la organización Yo sí te creo, identifica cuatro mecanismos "que llevan a la impunidad y revinculación de las niñas y los niños con los abusadores".

Se trata de desacreditar el testimonio de las adultas protectoras -la mayoría de las veces, madres- al aplicar el Síndrome de Alienación Parental (SAP) -que la OMS estableció como 'inexistente'- que afirma que las mamás influyen hasta 'alienar' a niños y niñas para que digan cosas que no sucedieron

El otro eje es desacreditar la voz de niños y niñas cuando cuentan el abuso "con el falso Síndrome de Falsas Memorias (SFM), que señala que su relato es un 'recuerdo implantado' por la madre, la psicóloga clínica o la médica que los atendió".

El tercer punto es "amedrentar a profesionales que certifican los abusos a través de denuncias penales por mala praxis, falsedad ideológica o amenazas directas".

Y el cuarto es el 'negacionismo' al momento del examen físico forense "que consiste en negar las lesiones observables o en algunos casos reconocerlas pero asignarles un motivo diferente al abuso", detalla Acebedo.

En el informe, las organizaciones cuentan que "dentro de los juzgados a las madres se las retrata como obstructoras del vínculo paterno, con el fin de encubrir a los denunciados por abuso sexual infantil (ASI)".

Hay casos donde los niños y las niñas son alejadas del amparo de la persona adulta protectora y llevadas por la fuerza pública a kilómetros de distancia.

 

Los casos de Arcoiris , Sol y Martín