El gobernador Alfredo Cornejo firmó un decreto que cede oficinas del ex-D2 al Ministerio Público para que instale una fiscalía especializada destinada a víctimas de violencia de género. El pedido de la ciudadanía de que se implementen políticas para detener la violencia machista se combinó con el reclamo que hacen las organizaciones defensoras de derechos humanos, que expresaron su preocupación porque no se considera el valor que tiene para ellos, y para la historia reciente, el excentro de detención.

El decreto 1625/16 publicado en el Boletín Oficial derogó la resolución 499/14 que había firmado el exgobernador Pérez. La anterior normativa entregó el Espacio Para la Memoria (EPM) a organizaciones para la difusión y promoción de los derechos humanos. Esto se concretó el 12 de septiembre de 2015. Un año después, la nueva publicación dejó sin efecto, por ejemplo, el traslado de la Policía de Mendoza al nuevo edificio de Base Cóndor, no reconoce la totalidad del edificio bajo control de los organismos y asigna espacios pendientes a otras dependencias.

Además, según indicaron desde el EPM, la normativa viola la Ley Nacional 26691 sobre la señalización y preservación de sitios del terrorismo de Estado. “Queremos que se sepa lo que fue el D2. El decreto nos ha dejado como una cáscara y no sabemos qué lugar vamos a tener”, se lamentó Eugenio París, detenido durante la dictadura. Como víctima de la violencia de Estado, afirmó que el lugar tiene un gran valor histórico y que incluso hay “recovecos” que no se han recorrido y que pueden ser investigados.

París argumentó que hubo una reunión con el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, quien les pidió espacio para poder aplicar las políticas del MPF. Los organismos entienden la necesidad del Gobierno de tener un lugar, pero sostienen que eso no implica que deban quitarles lo que habían conseguido. “Yo creo que este Gobierno no le da mucha importancia a los derechos humanos”, sentenció París, al tiempo que aclaró que el EPM no tiene presupuesto y que los gastos se cubren con fondos propios.

Los miembros de las organizaciones insistieron en continuar las políticas de promoción y defensa de los derechos humanos. Para esto piden que se aceleren los tiempos y que se avance en una ley para que el ex-D2 sea declarado espacio de la memoria. En la actualidad hay un proyecto que descansa en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías. Según París, es importante que esto suceda porque "pretendemos seguir militando desde allí la protección de derechos humanos", sentenció.
 

Fiscalía especializada funcionará desde diciembre

El procurador de la Corte, Alejandro Gullé, explicó a Unidiversidad que aún no sabía de la implementación del decreto. Agregó que este conflicto es responsabilidad del exgobernador Pérez, porque durante su gestión se “entregó todo a todos”, y que no se tocarán las oficinas de los organismos defensores de Derechos Humanos.

Sin embargo, el funcionario repitió que requiere espacios para poder trabajar. Necesita calabozos y oficinas fiscales y, dado que todavía no existe una oficina exclusiva para el Ministerio Público, las salas que no se usan del excentro de detención pueden ser utilizadas.

El jefe de los fiscales explicó que la fiscalía especializada en violencia de género funcionará desde diciembre. En el lugar trabajarán cuatro fiscales, dos ayudantes fiscales y una directora de enlace. Se trata de una persona que vincula la actividad de los encargados de la investigación con los juzgados de Familia. De acuerdo con lo que explicó Gullé, el lugar recibirá denuncias de la 1.ª Circunscripción (Gran Mendoza), al tiempo que se avanzará en la creación de oficinas fiscales especializadas en violencia de género en el resto de las comunas, aunque desctacó que esto depende del Presupuesto.