Dice el jurista y filósofo español Manuel Atienza: “En el fondo de cada caso jurídico que no sea puramente rutinario suele esconderse una cuestión moral y/o política de envergadura”. Vaya sugerencia para pensar el litigio planteado por el empresario inmobiliario Alfredo Luis Vila contra la institución de educación superior más prestigiosa de la provincia como lo es la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos hablando de un caso que duró más de veinte años en la justicia federal de Mendoza y que llega a su fin gracias a la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un fallo que es histórico y llega a conmover a toda la sociedad mendocina que lo celebra y aplaude casi al borde de las lágrimas.

¿Qué viene a decir el fallo de la Corte? Es simple: confirma que la Universidad Nacional de Cuyo es propietaria de 32 hectáreas ubicadas en litigio, ubicadas al Oeste del actual predio universitario, por lo que se revierte la decisión que tomó la Cámara Federal de Apelaciones de concederle una franja de terreno de unas 17 hectáreas al Sr. Alfredo Vila. De este modo no se pone punto final a una simple controversia entre dos actores sino a un serio problema de racionalidad en el derecho, lo cual lejos está de ser una cuestión simple. Para dar un ejemplo tomado de Atienza, esto viene a ser como cuando en la república platónica filósofos, artesanos y guerreros debían cumplir su papel. Siendo los filósofos los que debían regir la actividad de artesanos y guerreros. Pues bien, en éste caso algo pasó con determinados artesanos y guerreros que no escucharon a los filósofos y fueron demasiado lejos con una demanda firmada por un señor llamado Alfredo Luis Vila.

El señor de los dominios  

Para empezar, hay que aclarar el carácter del actor que inició este juicio y el derecho que invoca llamado usucapión. Ya que nuestro derecho ha evolucionado respecto de la época en la que se escribieron los primeros códigos y que tomaban como paradigma de regulación, a un hombre abstracto, ajenos a sus peculiaridades y circunstancias, no está de más señalar quién era este actor que en 1981 empezó a reclamar por la propiedad de un terreno en la justicia federal.   

La usucapión es un derecho que asiste a las personas que habitan desde hace tiempo en una zona  y nunca han gestionado la regularización de las tierras. Hablamos, por ejemplo, del caso de los puesteros de Lavalle, o de las comunidades indígenas, o sea, de personas que habitan un predio o poseen verdaderas unidades productivas en funcionamiento, con construcciones, alambrados, pozos, etc. y que están bajo una incertidumbre jurídica al no tener un título de posesión de sus cosas.

No era el caso del señor Alfredo Vila, dueño del primer barrio exclusivo de Mendoza, -Dalvian-, accionista de la empresa que tuvo durante años la concesión del agua potable y las cloacas de Mendoza, y padre de Daniel Vila, empresario de medios de comunicación entre otros negocios. Para dar sólo una idea del contraste entre el puestero y el actor en cuestión basta decir que el segundo es quien levantó torres y dúplex en 33 mil metros cuadrados en la zona del piedemonte.

Vale recordar que Alfredo Vila compró hace años tierras en dicha zona a muy bajo precio al carecer de los servicios esenciales para la construcción de viviendas, pese a lo cual hizo el barrio Dalvian. Usó un sector que no le pertenecía para extraer ripio y áridos, lo cual no implica una posesión sino más bien una destrucción del terreno; extendió hasta allí una línea eléctrica desde su propiedad, y en 1985 peticionó al ex rector de la UNC, Dr. Isidoro Busquets, la donación de una franja de terreno; ello no prosperó y al año siguiente presentó la demanda para que una parte de lo que se denomina “Polígono de Tiro”, -un conjunto de terrenos que usaba el ejército para sus prácticas habituales- fuese adquirida por prescripción.

A partir de allí la Universidad Nacional de Cuyo, a través de sus representantes legales, comenzaron a hacer el siguiente planteo: si el Polígono de Tiro fue incluido en el patrimonio de afectación de esta Universidad por ley que le asignó un fin educativo, es claro que los terrenos pretendidos pertenecían al dominio público y no podían por lo tanto ser adquiridos por prescripción (es doctrine unánime en materia civil que el dominio público es algo inalienable e imprescriptible).

Pues bien, pasaron varias gestiones en la Universidad y todas defendieron el mismo argumento, pero fue rechazado una y otra vez por los jueces. El primero en hacerlo fue Alfredo Manuel Rodríguez, quien firmó el fallo del Juzgado Federal N°2 como juez subrogante. Rodríguez dividió el terreno y el dominio de propiedad sobre un espacio ubicado entre lo que es Dalvian y el Polígono de Tiro, restándole a éste último una franja de aproximadamente 17 hectáreas, más otra de extensión similar y colindante cuya titularidad de dominio se desconoce. Desde hace unos años Rodríguez renunció a su cargo no sin antes haber adquirido una casa en Dalvian y participado en reuniones amistosas con la familia Vila que fueron difundidas en la sección social del diario Uno.  

Un fallo arbitrario

En segunda instancia, la Cámara Federal, reconoció el derecho de posesión y propiedad de Alfredo Vila, sosteniendo que si bien los terrenos que donó el ejército a la Universidad pertenecían al dominio público, eran susceptibles de prescripción adquisitiva, interpretación que se sostuvo en un forzado argumento.

El razonamiento de los camaristas era el siguiente: si bien dicho inmueble fue cedido a la Universidad Nacional de Cuyo y ésta aduce que el inmueble está afectado al servicio público educativo (Ley 22297 de 1980), corresponde entrar a analizar la “aptitud”, esto es, la pérdida de la actitud que posee un inmueble para el uso público.

Ahora bien, aquí la Cámara introduce lo que se denomina “desafectación tácita”. Según el fallo de segunda instancia, la Universidad había hecho abandono del terreno por lo que transcurrido un período prolongado de tiempo sin que el Estado haya demostrado interés en su uso público o habiendo asumido una actitud pasiva o tolerante frente a la utilización por parte de terceros, el inmueble que en un primer momento estuvo afectado al uso militar, dejó de estar bajo el amparo de la Ley.

Si se lo analiza, el razonamiento resulta falaz y peligroso. Falaz porque de la desafectación del uso para prácticas de tiro no se sigue la pérdida del carácter de dominio público.  Y peligroso porque entonces todos los bienes de dominio público cuyo destino es el uso común y el goce de todos los ciudadanos, que estén desocupados o si se quiere, hayan sido “abandonados” por el Estado, serán susceptibles de prescripción adquisitiva si un particular se propone hacer lo mismo que Alfredo Vila.

Golpe a golpe 

Hay que decir que en este punto a la comunidad educativa se le propinó un golpe importante. Una verdadera coacción se levantaba en la justicia en nombre del derecho: se reprochaba una obligación impropia para una Universidad nacional. Fue como señalar a la UNCuyo como “la culpable” del avance sobre el dominio público en manos de un particular que se dio a la estrategia para acrecentar su patrimonio.

Semejante golpe tuvo su reacción en la solidaridad de los mendocinos.  Pero aún no había llegado el golpe más estridente. Ocurrió el 24 de junio de 2007,  luego de una movilización de estudiantes secundarios, universitarios y docentes que recorrió el centro de la ciudad, Alfredo Vila hizo pública una carta abierta a la rectora en la que subestimaba con insidiosas acusaciones y directas advertencias al alumnado para que desistieran de hacer “piquetes” en su propiedad. Dicha carta fue publicada como solicitada a página completa un día domingo, gesto que debió haberle costado fácilmente unos 40.000 pesos.

¿Se podía llegar más lejos aún? La respuesta fue sí, aunque resulte increíble. Anoticiada la sociedad de que el doctor Julio Petra Fernández, firmante de la sentencia, vivía en el barrio Dalvian, y que el camarista Alfredo López Cuitiño, se había excusado invocando razones de índole moral que no fueron aclaradas, las autoridades universitarias plantearon la necesidad de que el caso fuera evaluado por jueces imparciales.

Por entonces la rectora María Victoria Gómez señalaba “Espero que la sociedad se dé cuenta de que no está bien lo que están haciendo estos empresarios porque afectan algo que es de todos como la universidad que es gratuita y que permite estudiar a todos los mendocinos”. Consultada por los integrantes del tribunal, especialmente Julio Petra que justamente vivía en Dalvian, la ex rectora  manifestaba: “Espero que su conciencia le diga cómo actuó y si no le dejara apoyar la cabeza en la almohada y si sufre que sepa que nosotros también estamos sufriendo”.   Por toda respuesta, la Cámara Federal de Apelaciones le impuso una multa a Gómez de Erice de 1.000 pesos, que no fue recurrida sino pagada por todos los integrantes del Consejo Superior en un gesto de total apoyo a lo manifestado.

A las puertas de una condena social 

En octubre del 2007 la Cámara Federal de Apelaciones rechazó el recurso extraordinario presentado por la Universidad con lo cual la obligó a tener que seguir el litigio a través del Estado Nacional. Fue el representante en Mendoza del Estado Nacional quien se presentó el escrito de recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia. El 29 de abril de 2008 fallece Alfredo Luis Vila, a los 81 años de edad, siendo sus herederos quienes prosiguen el juicio. Cuatro meses después se conoce que el máximo Tribunal admite que la sentencia de la Cámara Federal sea revisada.  

A finales del año pasado renunciaba Julio Petra a su cargo de camarista. Se trataba de una salida decorosa para zafar de serias denuncias que se presentaron en su contra en el Consejo de la Magistratura (tenían que ver con favores a represores de la última dictadura militar). Mientras tanto, hacia el verano del 2012 los movimientos de tierra junto a Dalvian hacían presagiar lo que luego pudo confirmarse: la construcción de nuevas calles y locales comerciales del supermercado Vea, todo en función de una “cesión de derechos” por parte de la familia Vila.

No había más que decir: estaba en juego alguna ventaja económica que si no era para la familia empresaria, lo sería para un tercero. De fallar en contra de Dalvian, como todo hacía suponer, el supermercado sería el reaseguro de una ganancia, aún cuando tuviese que pagar un alquiler por el terreno, ya es una inversión que traerá réditos excepcionales en vistas a la enorme cantidad de habitantes en la zona del piedemonte.

Si bien la construcción es legal, -fue habilitada por la Municipalidad de Capital y tuvo el visto bueno de la Dirección de Hidráulica de la provincia- la Universidad se vio en la necesidad de hacer la denuncia penal correspondiente la cual se encuentra en la etapa de investigación. Los delitos que presuntamente se han cometido son incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia a una orden judicial ya que existía desde 1993 una expresa orden judicial de no innovar.

La lucha por el derecho

Como broche final de esta historia, el pasado martes 18 de setiembre el Diario UNO anunciaba que los herederos de Alfredo Vila habían decidido “desistir” de su demanda a la Corte. Sin embargo, nada de eso se pudo verificar en concreto en la sede judicial. Y fue ese mismo día que se conocía el fallo zanjando definitivamente la cuestión en favor de los argumentos esgrimidos por la Universidad. Por lo tanto, Dalvian tiene que desocupar y devolver en forma inmediata las 14 hectáreas comprendidas en el litigio. “Primero, cuando leía la nota me pareció que era un intento de reconocer la realidad abrumadora y para intentar salvarse un poco de la condena social. Nos llamaba la atención que no hubiese notificación oficial, eso sí. Pero después de ver la sentencia se notó que habían tenido conocimiento y trataron entonces de tapar el sol con un harnero. Si hubiese pasado un mes entre el anuncio de desestimar y la sentencia, podría haber existido credibilidad. Pero al haberlo hecho el mismo día, se tornó lamentable”, señaló el rector Arturo Somoza.

En lo que hace al supermercado Vea, el Director de Asuntos Jurídicos de la UNCuyo  Horacio Cuervo informó que se encuentra fuera del área a desalojar, pero dentro de las 33 hectáreas del Polígono de Tiro cuyo titular es la Universidad. En dicha franja existe una superposición de títulos entre los que destacan los nombres de los herederos de Alfredo Luis Vila y de Ricardo Alfredo Dumit.

Si bien el fallo de la Corte establece sin lugar a dudas cuál es el alcance de la propiedad de la Universidad, la nueva infraestructura comercial del piedemonte se asienta en una realidad confusa. La Universidad ya anticipó que hará las presentaciones correspondientes para que la justicia defina cuál es el plano y título definitivo. Una vez más se precisa de artesanos y guerreros. No vendría nada mal ir convocando desde ya a los filósofos de la República de Platón para que los guíen sin sobresaltos de ahora en más.