La Auditoría General de la Nación (AGN) publicó un crítico informe sobre la gestión de los recursos genéticos en Argentina. Detectó falta de instrumentos de planificación estratégica y operativa para cumplir con los objetivos de conservación y uso sustentable de los mismos, así como formas de aprobación de los transgénicos incompletas y poco transparentes, sin atender a los postulados de tratados internacionales y a leyes ambientales vigentes.

El informe denominado Recursos genéticos y organismos genéticamente modificados, fue realizado por los integrantes del Departamento de Control de Gestión Ambiental de la AGN y contempló el análisis de la actuación que tuvieron sobre el tema el Ministerio de Agroindustria y la Secretaría de Ambiente, entre 2015 y 2018.

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El estudio

El informe puso la lupa sobre los dos entes oficiales auditados, en relación al cumplimiento de estos tratados y leyes vigentes, así como en la forma en que aprueban la utilización de estos recursos y al seguimiento que hacen de los mismos. Los resultados no fueron alentadores.

De acuerdo a las conclusiones del estudio, la forma de gestión vulnera aspectos previstos en las normas ambientales y no sigue las recomendaciones de los tratados internacionales a los que Argentina adhirió. “Tanto en la Secretaría de Gobierno de Agroindustria como en la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable se detectó la falta de instrumentos de planificación estratégica y operativa para cumplimentar los objetivos de conservación y uso sustentable de los recursos genéticos en general y fitogenéticos contemplados en instrumentos internacionales”, fue una de las conclusiones del trabajo.

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Otro de los aspectos que analizaron los profesionales de la AGN fue el mecanismo que se utiliza para aprobar la utilización de un transgénico. Concluyeron que no existe un manual de procedimiento para evaluar las solicitudes de las compañías y que se da el visto bueno sin realizan análisis experimentales sobre los materiales a aprobar, sino que la única información disponible es la que aportan las mismas compañías.

“Las evaluaciones de riesgo ambiental son de tipo documental, realizadas en base a la información técnico científica remitida por el solicitante  a modo de declaración jurada”, se lee en uno de los párrafos del informe.

La Auditoría también fue crítica con la actuación de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), el organismo que autoriza la experimentación de Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Concluyó que sus decisiones no son publicadas para conocimiento de la población, que no especifica qué organismo controlará el proceso ni cuáles son los aspectos ni criterios a controlar.

“El marco regulatorio no prevé el monitoreo de los impactos de los organismos genéticamente modificados (OGM) posteriores a su liberación comercial, contrariamente a lo previsto en los principios de la política ambiental establecidos en la Ley 25.675. Tampoco se encontró evidencia de la realización de monitoreo de los impactos sociales, económicos y ambientales de la utilización de OGM en los agroecosistemas”, concluyó la Auditoría.