La semana pasada, el Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó el “Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T (N de R: Lesbianas, Gays,​ Bisexuales y Transexuales)”, que deberá ser utilizado por las fuerzas policiales y de seguridad federales. Por lo tanto, no puede ser utilizado por las fuerzas de seguridad provinciales.

Según la asociación que defiende los derechos humanos, Xumek, este protocolo, cuya Resolución 1149-E/2017 fue publicada el 30 de octubre en el Boletín Oficial, merece críticas que pueden resumirse en tres grandes puntos: "desconocimiento de la realidad, imprecisiones conceptuales y sobreabundancia normativa". Sumado, fue diseñado sin la participación de las organizaciones referentes en el tema.

“El protocolo regula la forma práctica de cómo debe ser la requisa, el trato y qué personal policial es el que debe actuar. Es similar a uno aprobado en 2011. Establece qué se considera tortura y agrega generalidades tales como qué tipo de dolor se puede infringir y hasta el tono de voz”. Lo que se intenta normalizar es la legislación a niveles internacionales”, explicó Gonzalo Evangelista, abogado e integrante de las secretarías de Seguridad Ciudadana y Violencia Institucional, y de Investigación, Formación y Promoción de Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos.

Si el protocolo se aprobara, el ministerio de Seguridad de Mendoza deberá regular uno similar ya que es de exclusiva aplicación nacional. “Las detenciones deber ser controladas por parte de las autoridades judiciales y deberían proporcionarse datos serios u oficiales de las personas detenidas. Es difícil analizar el protocolo sin información”, agregó el letrado.

En consonancia con esta postura, la comunidad LBGT realizará la VII Marcha del Orgullo LGBT de Mendoza bajo el lema: "Con ajuste y represión no hay celebración". Se realizará el próximo viernes 10 de noviembre, a las 18, en el kilómetro cero, de Ciudad. 

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