La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habla este martes a través de sus redes sociales luego de que el Tribunal Oral Federal 2 rechazara su pedido para ampliar la declaración indagatoria en el juicio por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en el que la Fiscalía pidió que se la condene a 12 años de cárcel y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. "Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019", expresó este lunes la expresidenta en Twitter tras la negativa del tribunal.

En ese marco, anunció su comunicación de hoy a las 11. "A través de mis redes, voy a demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guion que montaron los fiscales", anticipó.

En tanto, una vigilia de militantes se congregó durante la madrugada y continúa esta mañana frente a la casa de la vicepresidenta, en el barrio porteño de Recoleta, a la espera de la salida de Fernández Kirchner hacia su despacho en el Senado, desde donde hablará a partir de las 11. Las expresiones de apoyo comenzaron este lunes en las inmediaciones de su casa, en la intersección de las calles Juncal y Arenales, y a la llegada de un grupo opositor que se diluyó con las horas, se sumó la represión policial denunciada por la expresidenta, que responsabilizó al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

El rechazo a su pedido de ampliación de la indagatoria fue comunicado por el presidente del TOF2, Rodrigo Giménez Uriburu, tras una deliberación de 30 minutos con sus colegas Andrés Basso y Jorge Gorini, con quienes coincidió en que la próxima instancia que tiene la vicepresidenta para exponer ante el tribunal es la que se conoce como "últimas palabras", previa al veredicto. Este lunes se completó la novena audiencia del alegato acusador en la causa también conocida como Vialidad, en la que los fiscales pidieron penas para todos los acusados.