Por segunda vez en pocas horas, la expresidenta Cristina Fernández recurrió a las redes sociales para defenderse de las acusaciones que surgen de las investigaciones que realiza la justicia argentina. Cerca de las 15.30 del jueves 30 utilizó Facebook y Twitter para posicionarse como "la única ciudadana en la historia judicial argentina que es investigada por dos jueces federales de Comodoro Py EN FORMA SIMULTÁNEA SOBRE UNA MISMA CAUSA: Los Sauces S.A." y para denunciar una "sincronización informativa sorprendente" respecto de la difusión que tuvieron los allanamientos que se realizaron en el marco de esa causa.

Luego, a las 20, publicó otro escrito, ya no tan coloquial como el primero, en el que aseguró que es víctima de una "venganza" orquestada por el "Partido Judicial, el Gobierno y los medios hegemónicos", con el objetivo de "distraer a la población mientras el ajuste y la debacle económica aumentan la pobreza, la desigualdad y la inseguridad de manera ya inocultable y exponencial".
 

Esta es la primera de las publicaciones:

Río Gallegos. Abro mi computadora y accedo al portal de noticias de Infobae. Mi rostro aparece en primera plana bajo el título, con letras catástrofe: “Allanarán propiedades de una empresa de Cristina Kirchner¨, en la bajada: “Los operativos se realizarán en Río Gallegos, El Calafate y El Chaltén como parte de la causa Los Sauces”. Los allanamientos, como no podía ser de otra manera, los ordena Bonadío.

Debo ser la única ciudadana en la historia judicial argentina que es investigada por dos jueces federales de Comodoro Py EN FORMA SIMULTÁNEA SOBRE UNA MISMA CAUSA: Los Sauces S.A. Antes, el ensañamiento de Bonadío era Hotesur S.A., hasta que lo apartaron de la causa. Es más, el otro miembro de Comodoro Py, Julián Ercolini, ha ordenado una pericia integral sobre Los Sauces S.A. desde el año 2008 a la fecha. Es muy probable que como Bonadío allanó hoy las oficinas donde hay documentación de la sociedad, sustrayéndola, no se pueda hacer la pericia que el otro juez ordenó.

Pero no todo queda ahí. También allanaron departamentos propiedad de Los Sauces S.A. que están alquilados a terceros. Me dicen que a uno de los inquilinos, que no estaba en Río Gallegos, le rompieron la puerta a patadas. Hacía tiempo –décadas, diría– que no se veía un abuso de poder y persecución política semejante.

Además, la sincronización informativa es sorprendente. Infobae, house organ de la embajada, en un ejercicio de clarividencia predijo el futuro: “allanarán… para incautar documentación”. Y en otro ejercicio de adivinación, TN “casualmente” se encontraba en Santa Cruz. ¿Transmitirán en vivo y en directo los allanamientos arrasando los códigos vigentes y los más elementales derechos y garantías que la Constitución Nacional reconoce a cualquier ciudadano?

Esta no es la primera ni tampoco será la única causa que inventarán, ni la última “excursión de pesca”; lo vienen haciendo desde el año 2003 a la fecha. Nunca hubo en las últimas décadas presidentes más denunciados e investigados que los que ejercimos la primera magistratura desde el 2003 al 2015, y como nunca tuvimos cuentas en negro en el exterior, o bienes no declarados en el extranjero sustrayéndolos del fisco argentino, siempre han inventado sobre las DDJJ, que siempre en tiempo y forma hemos presentado ante la Oficina Anticorrupción desde que ejercimos cargos electivos nacionales y desde siempre ante la AFIP para pagar los impuestos al día.

No estamos en los Panamá Papers ni en ningún otro escándalo internacional. A propósito, ¿alguien sabe si al Presidente y su familia –todos involucrados en Panamá Papers– le allanaron sus casas, sus empresas o sus oficinas? ¿O la de alguno de sus funcionarios involucrados que lo acompañan desde el inicio de su gestión en el Gobierno de la Ciudad, que además provenían de las empresas familiares con altos cargos directivos? ¿O en las de sus primos y amigos contratistas de la obra pública?

¿Creerán que de esta manera lograrán disciplinar a la dirigencia política, sindical o social opositora? Tal vez podrán con algunos, o tal vez con todos. Conmigo no. No cuenten con ello. Podrán hacer mil allanamientos más, podrán televisarlos, podrán meterme presa, su claro objetivo... Lo que nunca van a poder tapar son las consecuencias de un plan económico que sólo distribuye pobreza para los trabajadores, las clases medias y los pequeños y medianos empresarios. ¡Y subordinación nacional para todos y todas!

Reproducimos aquí la segunda carta de Cristina:

Estado de derecho, pobreza y desigualdad

En los últimos días, el Partido Judicial, con inusitada virulencia, instado por el Gobierno y con el explícito incentivo que le brindan los medios hegemónicos de comunicación han intensificado su campaña de persecución y difamación contra el Gobierno que presidí, con un evidente doble objetivo:

1) Instalar en la opinión pública que el anterior gobierno durante los doce años y medio de gestión tuvo como único propósito cometer delitos de manera indiscriminada.

Se intenta crear un nuevo tipo penal: el delito de haber pertenecido al gobierno durante el período 2003/2015.

2) Distraer a la población mientras el ajuste y la debacle económica aumentan la pobreza, la desigualdad y la inseguridad de manera ya inocultable y exponencial.

Hechos y medios

I.- El viernes 24 de junio, casi todos los medios de prensa concentrados destacaron la medida requerida por el fiscal Gerardo Pollicita, pidiendo el levantamiento del secreto fiscal respecto de mi familia. Pretendían instalar que de ello derivaría un agravamiento de mi situación procesal.
Vale aclarar que la información requerida por el fiscal –cuando pide el levantamiento del secreto fiscal– ya se encuentra incorporada en la causa “Hotesur” desde diciembre del año 2014. Sí, desde el 2014 está incorporada la información y consta en 40 cajas de documentación que se encuentran a disposición del juzgado.
Es más, respecto de tal documentación –entre otras obrantes en la causa– el juez Ercolini ordenó hace casi 60 días, el inicio de una pericia contable que el fiscal de manera inexplicable viene dilatando.
II.- El 27 de junio del corriente año, también se dio extraordinaria difusión a la denuncia por asociación ilícita presentada por la diputada oficialista Margarita Stolbizer en las causas judiciales existentes.
Tal presentación carecía de toda originalidad que justificara semejante difusión, máxime cuando ese supuesto delito –de contornos dudosamente constitucionales y que se presenta cuando no se tiene prueba concreta de alguna infracción penal– viene siendo denunciado e investigado desde ya hace varios años y sin que ninguna prueba concreta permita avalarlo.
III.- En la misma fecha, Bonadío, cuándo no, me impuso de manera arbitraria e ilegítima la obligación de tener que concurrir nuevamente a su juzgado para cumplir un trámite procesal totalmente insustancial, esto es, notificarme de una resolución que ya conozco y que apelé a través de mi defensa hace más de un mes.

Puede advertirse, una vez más, cómo el poder jurisdiccional conferido a este personaje viene siendo ejercido con fines de venganza.

Simplemente, me permito recordar que el mismo “juez” hace apenas unas semanas, para recibir declaración testimonial en la misma causa, utilizó una vía elemental que da la tecnología, esto es, la videoconferencia, utilizable sobre todo cuando las personas tienen domicilio real a más de 2000 kilómetros de distancia del juzgado.
IV.- En el día de la fecha, nuevamente este oscuro personaje, que cuenta naturalmente con la protección del Consejo de la Magistratura, comandado por el oficialismo y el Partido Judicial, volvió a ordenar nuevos allanamientos en la provincia de Santa Cruz, incluso en domicilios que ya fueron allanados en más de una oportunidad en este último año. Todo ello, con el inequívoco propósito de que la prensa militante en el oficialismo pudiera difundirlos con títulos catástrofe.
V.- Sin embargo, faltaba la frutilla del postre. La pusieron, otra vez, los jueces de la Sala II de la Cámara Federal, los “prestigiosos”, según la prensa hegemónica y oficialista, Eduardo Guillermo Farah y Martín Irurzun. Debo recordar que estos mismos jueces se encuentran actualmente denunciados por el delito de prevaricato cometido en mi contra en la causa del “Dólar futuro”.
Esa causa tan particular donde Bonadío dice que la Presidenta, el Ministro de Economía y el directorio del Banco Central del gobierno anterior cometieron un delito para que ganaran plata los miembros del gobierno actual que fue el que devaluó nuestra moneda. También se les ha requerido, a ambos, su juicio político ante el Consejo de la Magistratura, el cual, no lo dudo, obedientemente habrá de rechazarlo con fundamentos que repugnan el más elemental criterio de justicia.
Estas mismas personas, abusando de su posición como jueces de cámara, se ponen al descubierto ahora con mayor claridad aún, como mis concretos y directos acusadores, pretendiendo imponerle a Casanello –a quien, repito una vez más, no conozco– la obligación de investigarme por hechos que ya se encuentran a conocimiento de otros juzgados.

En síntesis, persiguen multiplicar las causas judiciales en mi contra por los mismos hechos, vulnerando así prohibiciones expresas que establece la Constitución Nacional y tratando de impedir toda posibilidad de defensa como la que debe otorgarse y a la que tiene derecho cualquier persona.

¿Qué garantía de imparcialidad puede esperar cualquier ciudadano cuando los mismos jueces que deben evaluar de manera imparcial un caso, son los que acusan, valiéndose además de las falsas evidencias que vienen inventando los conocidos y conocidas denunciadores/as de siempre?

En suma, se viven tiempos difíciles para el Estado de Derecho.
Lo que realmente nos debe preocupar no es ninguna situación personal, sino que todo esto resulte ser, como lo es en realidad, una tapadera para hacer retroceder a nuestro país a una situación de desigualdad social y subordinación al poder económico concentrado que creíamos definitivamente desterrados.