Existe un viejo refrán que reza: “crisis es igual a oportunidad”. Puede que contenga cierta y capciosa verdad. Porque una crisis para los más débiles del sistema puede ser una oportunidad para los más fuertes. Esto es lo que parece ocurrir con la preocupante situación que se vive hoy en el sector vitivinícola provincial.

En los últimos días, los medios han replicado el concepto de “sobrestock” de vino y lo han traducido en litros: “Sobran 200 millones de litros en el mercado”. Pero ¿cómo es que “sobran” 200 millones de litros de vino? ¿Acaso el vino no se puede añejar? ¿Quién lo tiene, a quién le sobra? Y por último, ¿por qué sobra? Son las preguntas que cualquier lector no avezado en el tema vitivinícola se podría hacer cuando lee en los medios esta consigna se repite incesantemente.

Unidiversidad consultó con Francisco Maravilla, un ingeniero agrónomo que integra la cooperativa de pequeños productores El Algarrobal, donde el 28 de enero recibieron al presidente Mauricio Macri para que anunciara la ayuda que venía a otorgarle al sector. Con sencillez echó luz sobre los motivos de un problema que parece ser complejo, pero que en realidad tiene una sola explicación: es el fruto de una cadena de malas decisiones.
 

¿Por qué se produjo de más?

Maravilla explicó que, mientras los productores que se dedican a los vinos varietales de alta gama sí trabajan con un cupo anual, que es el que está regido por las posibilidades de venta del mercado interno y la capacidad de exportación que tenga cada empresa, los pequeños productores de hasta 20 hectáreas, aproximadamente, y los que cosechan una uva que sirve para realizar vinos de menor calidad,no tienen un cupo de producción establecido. Están atados al precio del litro de vino que imponen los mayoristas y dependen del pronóstico de cosecha que cada año emite el Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Lo que hace el INV, junto a los cooperativistas, las entidades gremiales y el gobierno de turno, es aconsejar que cierta cantidad de la uva que se cosecha se convierta en mosto, justamente, para que no existan sobrantes de vino. Esto, según explicó el ingeniero, es porque el mercado de consumo del vino se mantiene estable y, por más que la cosecha sea muy abundante un año con respecto a otros, no tiene sentido fabricar vino de más, porque de todas formas no se va a poder vender.

El problema surgió en 2014. Ese año fue de cosecha abundante y de decisiones erróneas.

Es que mientras el conjunto de gremios, cooperativas y productores –que son los primeros eslabones de la cadena, los que más saben acerca de lo que producen– aconsejaban convertir el 25 % de la cosecha en mosto, el sector político e incluso el empresariado decidieron que sólo se utilizara el 20 % de la cosecha para mosto y lo demás se vinificara.

He aquí el nudo del problema. “Parece un porcentaje muy escaso, pero no es así. Una diferencia del 5 % en el total de la cosecha hace una diferencia importantísima en los resultados finales”, explicó el ingeniero.

Pero ¿a qué se debió esa decisión? Los motivos puede haber sido dos: torpeza o malas intenciones.

En el primer caso, tiene que ver con el clásico desconocimiento hacia ciertos temas de la comunidad que tienen los políticos que igualmente toman las decisiones. Se pensó que era mejor producir el vino, que es un producto comercializable en el mercado, y no el mosto, que es un commodity cuyo precio no lo fija el mercado interno ni la provincia, ni siquiera el país. Es estable. No se gana ni se pierde demasiado con él. En cambio, si sobra vino, este hace que repercuta y decaiga el precio del producto en el mercado. Y esto sí impacta negativamente en la economía regional. 

La segunda causa puede tener ya que ver con la mala voluntad de los grandes empresarios que compran el vino a los pequeños productores y lo convierten en un producto de venta mayorista. Pero ¿en qué sentido?. Para estos eslabones intermedios en la cadena de producción, comprar un vino a un pequeño productor, que lo produce y lo vende pero que no puede comercializarlo, cuando hay sobrestock, significa bajarle mucho el precio. Hay grandes cooperativas que compraron  el vino a $ 1,50 por litro.

En tanto, con la ayuda que trajo ayer el gobierno nacional, hay un precio de venta establecido de $ 2,70 a $ 3 por litro. Este es el motivo por el cual los pequeños productores pedían ayer que el gobierno compre la uva y no el vino sobrante. Porque casi todo el sobrante lo tienen los mayoristas fraccionadores, no los pequeños productores. Entonces, puede que estos empresarios, que le compraron el vino por monedas a los productores, reciban el doble por parte del gobierno por cada litro de vino sobrante que les vendan. Un negocio redondo. Sin embargo, el gobierno dio detalles sobre cómo hará llegar el dinero a los productores chicos para que sean ellos los que lo aprovechen.
 

¿Qué se hará con el sobrante?

Tanto Maravilla como otras fuentes consultadas del sector vínico explicaron que el vino sobrante simplemente se destila y lo que se obtiene es alcohol puro. Sin embargo, hacen falta aproximadamente 15 litros de vino para obtener un litro de alcohol. De todas maneras, hay que reconvertirlo para poder utilizarlo.

Con los 200 millones de litros de vino se podrían fabricar un número cercano a los 13 millones de litros de alcohol puro, a un costo de 45 pesos el litro –considerando que el vino se pagará a tres pesos por litro–.
 

La polémica del mosto y los endulzantes

Otra gran complicación del mercado vitivinícola es la uva que se convierte en mosto concentrado. Una de sus principales utilidades es la de edulcorar las bebidas dulces –gaseosas, por ejemplo–; su capacidad de agregar sabor a la bebida es perfecta y además, produce mucho menos daño a la salud que los productos utilizados en la actualidad: jarabe de maíz de alta fructuosa y azúcares refinados. El punto es que es más económico hacerlo de la manera tradicional que utilizando el mosto y no sólo de la uva, sino de otras frutas con alto contenido de azúcar y que pueden servir para este fin.

Hay en el Congreso de la Nación un proyecto de ley desde el 2014 para librar de impuestos internos (cerca del 2,8 %) a los fabricantes de bebidas sin alcohol que utilicen el mosto de la fruta para edulcorar. Sin embargo, el proyecto quedó estancado en comisiones por el lobby que realizaron, especialmente, dos cámaras nacionales.

Una es la Cámara Argentina de Fructosas, Almidones, Glucosas y derivados de la molienda húmeda de maíz (Cafagda), que reúne intereses de varias provincias argentinas, como Santa Fe, Córdoba, San Luis, Buenos Aires y Tucumán. La otra entidad que presionó para que la iniciativa no caminara fue la Central Azucarera Argentina (CAA). La presión consistió en difundir que las bebidas aumentarían hasta el 30 % su valor actual, que las empresas deberían despedir gente y que hace más de 40 años que se utilizan el jarabe de maíz de alta fructuosa (JMAF) y el azúcar refinada para endulzar, proponiendo que este es casi un derecho adquirido por el sector y que las medidas no pueden ir en detrimento de ellos.