El caso de las torturas cometidas contra los internos del penal San Felipe que trascendieron públicamente en los últimos meses no es una situación aislada del resto de las cárceles de la región. Se trata de una realidad generaliza que obliga a  la reflexión sobre la actual situación del sistema carcelario tanto a nivel local como regional. Con este objetivo NU Digital entrevistó a la especialista peruana Lucía Dammert, quien visitó la provincia con el objeto de disertar en el Diplomado de Seguridad Democrática que se desarrolla en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

Dammert, con amplia experiencia en la elaboración de  políticas de seguridad en América Latina y asesora del Secretariado General de la OEA y de organismos de Naciones Unidas, considera que los sistemas penitenciarios de toda la región están en crisis. Esta situación provoca que aún perdure al interior de las cárceles la violación sistemática de los derechos humanos de los presos. A continuación las percepciones de la socióloga sobre una problemática que necesita instalarse en el debate social como modo de promover una transformación profunda.

Tomando como disparador el caso local de la cárcel de San Felipe ¿A qué cree que responden los hechos de torturas y violaciones a derechos humanos que perduran aún en plena de democracia dentro de las penitenciarias de la región?

La agenda de derechos humanos en América Latina en general se ha trasladado a una agenda de temas de derechos al interior del sistema carcelario porque de alguna manera se ha logrado limitar el uso de la fuerza innecesario en el espacio público. Pero no así el sistema carcelario de la región que ha quedado a manos de nadie. Esto es por varios motivos. Primero, porque la ciudadanía por lo general no está muy interesada en lo que sucede al interior del sistema. Segundo, porque a los políticos se les acaba la preocupación cuando la persona que cometió un delito quedó encerrada, ya que a nivel social y político prevalece la sensación de que lo que no se ve no existe. Y tercero, porque  el sistema penitenciario ha quedado bajo la órbita de instituciones que no han sido reformadas en décadas y en las cuales también ha habido muy poca inversión. Se trata de instituciones que saben que están tratando con gente que no se va a socializar, no se va a rehabilitar porque no están las condiciones dadas para que así sea,  sino más bien que el trabajo realizado es para mantener a las personas dentro de la cárcel.

¿Y esas circunstancias de qué manera repercuten sobre el interno?

Los sistemas carcelarios han pasado de ser espacios de castigo y rehabilitación a espacios únicamente de castigo,  donde en líneas generales las personas tienden a empeorar todas sus condiciones de vida; es decir, el adicto, el infractor, sale en peores condiciones que las que presentaba en su ingreso. Y es ahí cuando se generan situaciones de violencia que se manifiestan no sólo entre los presos, sino también por parte de la institución con el interno a través del uso excesivo de la fuerza y de las violaciones a los derechos humanos. Es en esas circunstancias cuando sale lo peor de las personas y de la institución.

¿Qué importancia le dan los gobiernos latinoamericanos al sistema penal dentro de las políticas públicas de seguridad para revertir esa situación?

El tema de la seguridad en general tiene un rol bastante invisible en términos de política pública, sin embargo es muy visible en términos de política electoral. En ese marco sucede que primero se hacen ofertas y después esas ofertas no son seguidas de contenidos.

Dentro del sistema de justicia penal ha habido una mayor inversión en la policía y algunos cambios en la justicia, pero todo el sistema carcelario es prácticamente invisible a la preocupación de la agenda pública. De hecho sólo aparece cuando hay este tipo de eventos como lo ocurrido en el penal mendocino de San Felipe, o cuando hay motines, fugas, etc. En los últimos 15 años la preocupación ha pasado de ser una preocupación general del entorno a asegurarse que no haya fugas. Entonces lo que pasa en muchos sistemas carcelarios de América Latina es que el gobierno de la cárcel lo tienen los presos, y lo que tiene el Estado es el gobierno del perímetro. Da lo mismo si adentro hay extorsiones, consumo, violaciones mientras los internos no se fuguen.

Sólo cuando ciertos hechos trascienden a la esfera pública las autoridades rápidamente dicen: “bueno, hay que recuperar la cárcel”. Pero recuperar la cárcel no es llegar y poner a cada preso en una habitación distinta.

¿De qué modo es posible “recuperar la cárcel”?

Primero hay que entender que la cárcel no es la solución para la delincuencia, pues aquella persona que ingresa al sistema penitenciario difícilmente salga de el. Eso sucede acá y en cualquier parte del mundo. Esta tarea es ardua porque como sociedad nos cuesta mucho reconocer que la solución de la delincuencia no es la cárcel,  porque es una idea históricamente instalada y la “solución” más fácil de nombrar.

Lo segundo es darnos cuenta que como sociedad necesitamos invertir en las cárceles. Cada vez que un candidato ha dicho que invertiría en el mejoramiento de los penales, inmediatamente han surgidos objeciones tales como “¿por qué no se invierte en los buenos en lugar de hacerlo en los malos?”.  Este tipo de actitudes ha generado décadas de olvido en términos de mejoramiento de la infraestructura y en implementación de políticas educativas para los internos. Sin dudas, para aquellas personas que realmente merezcan estar dentro del sistema hay que mejorar tanto la infraestructura como la estructura carcelaria.

Y por último, hay que reformar aquellas instituciones a cargo del sistema, porque a golpes nadie entiende, entonces hay que buscar mecanismos que son en cierto sentido dispositivos de resocialización, de educación, de salud mental. Se necesitan muchos menos guardias y más trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos al interior del sistema carcelario de toda Latinoamérica. Cuando conoces de cerca la realidad del sistema te das cuenta que muchísima de la gente que está allí con un mínimo tratamiento de educación o de salud mental previo probablemente hubieran evitado la vida de infracción. Por ahí hay que empezar, es toda una decisión…

Esto es priorizar el trabajo sobre las causas que llevan a que una persona termine en la cárcel y no enfocarse exclusivamente en las medidas carcelarias...

Por supuesto, hay un caso que es muy interesante para ejemplificar. En América Latina hace 20 años atrás las mujeres tenían una presencia carcelaria mínima, casi inexistente. Hoy en día la presencia de las mujeres es muy grande y sigue creciendo. Se sabe que la mayoría de las mujeres que caen en una cárcel es a causa del microtráfico. La mayor parte de esas mujeres no son consumidoras sino que ven en el microtráfico como una forma de sobrevivencia de sus hijos y de sus familias. Esto genera además un problema de máxima gravedad que es que cuando esa mujer cae presa, sus hijos que vivían a expensas del microtráfico, quedan dependientes del tráfico. Entonces, si las autoridades ya conocen esta realidad, que por cierto hay numerosos estudios que la describen ¿Dónde está el Estado elaborando los programas que contengan a las mujeres que caen presas y a sus hijos? ¿Dónde está el Estado haciendo programas de intervención más sólidos sobre estas problemáticas? Es mucho más barato trabajar con los hijos de las mujeres presas y asegurarse que vayan a la escuela, que dejarlos a la deriva y después llevarlos presos.

¿Existe algún país de la región que haya avanzado en este tipo de perspectivas sobre la seguridad y el sistema carcelario?

No, en general en cada país latinoamericano se presenta una situación crítica de su sistema carcelario, unos más o menos hacinados, más o menos violentos, pero todos son críticos. Incluso los países que registran menos inseguridad, como Uruguay y Chile, se enfrentan a una seria crisis del sistema penitenciario donde la cárcel sólo es vista como forma para solucionar el problema, donde hay un marcado hacinamiento y una severa falta de inversión.

Respecto a los avances lo que hay más bien son hechos  puntuales que generales, aún en instancias de pruebas piloto más que de la aplicación de un programa a mediano y largo plazo. Entre ellos está el caso de Costo Rica que está intentado realizar una cárcel modelo, en México también se está trabajando con esa idea y existe el proyecto de hacer un penal en la isla María que alojaría a los internos con sus hijos. En Bolivia también se presenta este intento de conformar dentro de los penales un sistema de convivencia casi con la familia para los componentes de menor gravedad.

¿Y como definiría la situación de Argentina?

Argentina al ser un país federal tienen diversas situaciones, pero en promedio se puede observar que las cárceles han sido bastante olvidadas y que no han sido consideradas dentro de esquemas de rehabilitación alguno. Al interior del sistema carcelario hubo durante un largo tiempo personas a la espera de condena, lo cual constituye  doble victimización de esa persona. Otro problema de gravedad que se presenta aquí es que a causa del hacinamiento en las cárceles, las comisarías han empezado a alojar personas y esto es aún más violento para el detenido porque la vinculación con el policía es peor. Todos estos elementos demuestran que hay una bomba de tiempo en el sistema carcelario argentino, a la que contribuyen notablemente los medios de comunicación que a través de sus periodistas vinculan permanentemente hechos delictuales con organización desde el sistema penitenciario.