El país se ha conmocionado, a pesar de la acción distractora de la tv: el asesinato del joven Lucas González –rodeado de circunstancias de ocultación ya descubiertas- ha encendido todas las alarmas. Un joven asesinado a tiros desde un auto en el cual, sin chapa, iban policías de civil. ¿Es legal que estén portando armas cuando no están con uniforme, y no hay una orden judicial que lo autorice? No es el caso. Menos legal, claro, es disparar las armas contra personas indefensas que, al advertir que no había uniformados, al ver civiles armados creyeron que se trataba de asaltantes.

Se tronchó la vida de un joven de 17 años: se arruinó la vida de su familia, se enlutó la de sus amigos cercanos. No hay atenuantes ni justificaciones: los jóvenes no estaban armados, aunque no faltó la consabida coartada de “plantarles” un arma. Esta vez, nadie lo creyó.

Uno de los ocupantes del automóvil desde el cual se hizo los disparos, anduvo hacia 2016 en misiones encubiertas por la provincia de Santa Cruz, una semana en la cual fueron a patear la casa de los Kirchner en Río Gallegos. Fue en tiempos de Macri, y la actual vicepresidenta lo denunció entonces. Se ve que hay ciertos comportamientos mafiosos que se mantienen bajo el manto de la policía, en este caso la que depende de Rodríguez Larreta.

Así nos hemos enterado de la insólita existencia de las “brigadas”. No sabemos si tildarlas de dudosa legalidad, o de patente ilegalidad: decenas de automóviles con policías de civil andan diariamente por la CABA –y quizá no es sólo allí- realizando acciones que muchos podemos colegir, y que en más de un caso tendrán que ver con aprietes, extorsiones y manejos turbios diversos. Podría hacerse tareas de prevención del delito: pero dado lo sucedido y lo esperable, seguramente en muchos casos las conductas son muy otras.

Por supuesto, todos queremos seguridad y buena protección policial. Pero esto es todo lo contrario: el delito en nombre de la lucha contra el delito, el crimen de parte de los que dicen luchar contra el crimen.

Es que la seguridad es problema multicausal, y no se resuelve con gritos de mano dura, ni irresponsables pedidos de “balas”, como los de Espert: éste es el resultado. La política de seguridad es combinación de acción social, prevención, inteligencia previa, defensa comunitaria, políticas penitenciarias, entre otros factores. La defensa de Chocobar por Bullrich, el llamado público a promover la violencia policial, inevitablemente conduce a casos como el de Lucas: uno más entre tantos otros.

En el fin de semana se agregó el asesinato de un joven mapuche en la zona de conflicto por la propiedad territorial cerca de El Bolsón (Cuesta del Ternero). Los criminales dijeron que “iban a cazar”, y llevaban armas calibre 22. Las descargaron sobre los jóvenes: uno muerto, otro herido de gravedad.

También hay responsables aquí: los que llaman “terroristas” a los miembros de la etnia mapuche, los que dicen que forman improbables y fantasiosos grupos de acción directa con jefaturas iraníes o venezolanas. Una serie de ridiculeces aptas para ignorantes e incautos, pero que sirven a abonar el terreno para la violencia. Pichetto es experto en esas declaraciones delirantes y estigmatizadoras.

No se necesita endiosar ni romantizar a los indígenas, para respetarlos como actores sociales. Se puede acordar o no con sus reivindicaciones de tierras, se puede aceptar o no su metodología de acampamiento: lo que no puede hacerse sin resultados desastrosos, es tratarlos como si fueran delincuentes, con el fin de favorecer y auspiciar que se los ataque de cualquier modo. En este caso –y no es el primero-, con el asesinato.

TAMBIÉN DE CIVIL. ¿Quiénes eran los asesinos, en este crimen que es obviamente político? O mano de obra desocupada, o sicarios pagados, o fuerzas de seguridad encubiertas. Estos señores que se dijeron “cazadores”, es obvio que fueron a cometer el crimen, que esa era su función: y cuesta creer que en esto no existan padrinos que están más allá.

Hay que decir basta a esta nueva forma de promover crímenes desde lo policial, desde las fuerzas de seguridad o formaciones parainstitucionales. Encubrirse, yendo de civil, es el viejo/nuevo modo de disimular la responsabilidad institucional.

Ya hemos visto proliferar –a veces con brutalidad extrema- a civiles en el desalojo o la represión hacia manifestantes, incluso aquí en Mendoza. Hay que exigir el desmantelamiento de esas estructuras de acción semiclandestina. Se atenta contra derechos elementales de la ciudadanía.

Esperamos alguna nueva legislación, y un fuerte debate nacional sobre la cuestión. Los atentados a garantías constitucionales, ahora parece que se hacen preferiblemente de civil. Hay que actuar con energía, y cercenar la posibilidad de que estos atropellos se sigan cometiendo.-