Violencia y maltrato infantil: 7 de cada 10 víctimas fueron agredidas por su entorno íntimo

Sociedad

La última audiencia pública se hizo en el marco de otra movilización popular frente a las puertas del Centro Judicial de la Capital Pampeana, convocada desde las 10 por la Asociación Civil "Lucio Dupuy", que fue creada por su abuelo Ramón para luchar por los derechos de las infancias, y que tiene como consigna "Que se haga justicia - Reclusión perpetua para las asesinas".

En tanto, más de 150.000 personas sumaron su firma a una campaña lanzada a través de la plataforma de Change.org en reclamo de "justicia por este niño" y de que se investigue además "a los policías por mal desempeño, a los jueces que no le quisieron dar la tenencia a su padre, y a los médicos que lo revisaron y vieron a todo lo que era sometido el pequeño y no hicieron nada".

De la audiencia participaron el padre del niño Christian Dupuy; sus abuelos paternos, Ramón Dupuy y Silvia Gómez; el abogado querellante, José Mario Aguerrido; el equipo del Ministerio Púbico Fiscal, integrado por Máximo Paulucci, Verónica Ferrero, Marcos Sacco y Walter Martos; y las asesoras de Niños, Niñas y Adolescentes Graciela Massara y Gabriela Manera. Las acusadas no tenían la obligación de presenciar la audiencia en Santa Rosa y podían seguirla desde el penal de San Luis.

Tras conocerse la sentencia del jurado popular, diputados del oficialismo y de la oposición pampeanos presentaron dos pedidos para que la jueza Ana Clara Pérez Ballester sea sometida a juicio político por su intervención en el proceso para otorgarle en 2020 la tenencia de Lucio a su madre. El 13 de febrero pasado la fiscala Verónica Ferrero pidió que las dos acusadas sean condenadas a prisión perpetua porque, frente a los delitos cometidos, el Código Penal solo prevé solamente esa pena.

Por su parte, el abogado querellante particular, en representación de la familia Dupuy, José Mario Aguerrido, adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal, pero le añadió el requerimiento de que la pena sea de reclusión por tiempo indeterminado, una alternativa que prevé el artículo 52 del Código, en relación con el 80. Lo fundó, entre otras razones, en la extensión del daño provocado a "un chico absolutamente vulnerable", agregando que la muerte de Lucio fue el final de un proceso de maltrato infantil.

Por su parte, la defensora oficial Silvina Blanco Gómez, le pidió al tribunal que cuantifique la pena que le correspondería a Páez, por entender que si se aplicase la prisión perpetua —con las normas vigentes hoy en el país— "solo saldrá de la cárcel con su muerte, ya que actualmente la pena perpetua es material y literalmente perpetua". Además, solicitó que esa cuantificación sea la mínima por la carencia de antecedentes penales y la edad de la imputada (28 años); y afirmó que la Corte Suprema ya fijó la inconstitucionalidad de la reclusión por tiempo indeterminado.

Por último, el defensor oficial Pablo De Biasi, al hablar por Espósito Valenti, brindó argumentos similares y requirió que se le fije "una pena en años", con lo que coincidió en que "la prisión perpetua que establece el Código Penal es inconstitucional" ya que "los tratados internacionales impiden la aplicación de penas crueles, inhumanas y degradantes". El 2 de febrero, Espósito Valenti, la madre del pequeño, fue declarada autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento.

A su vez, Páez fue declarada autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento; en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente, como delito continuado.

Lucio Dupuy, de cinco años, fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en la casa de la calle Allan Kardec al 2300 de Santa Rosa, donde vivía con la madre y su pareja. La Justicia estableció que las dos participaron de la golpiza mortal. El Tribunal de Audiencia, en la sentencia de 126 fojas, estableció que el niño fue víctima, recurrente, de violencia física, psicológica y sexual y determinó que se pudo advertir un "crescendo de violencia", a la luz de los chats entre ambas imputadas, ventilados durante el juicio, a partir de mediados del mes de octubre de 2021.