La disparada que tuvo la inflación tuvo un impacto directo y contundente para las familias que, poco antes, se habían arriesgado a cumplir el sueño de la casa propia contratando un préstamo hipotecario en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). Sucede que, con esta modalidad, lanzada en 2016, los pagos y el total de la deuda se actualizan mes a mes según el Índice de Precios al Consumidor del Indec. Y eso, sumado al retraso de los sueldos, hizo que lo que al inicio parecían cuotas accesibles, similares o sólo algo mayores a un alquiler, se hayan vuelto de repente una carga para muchos cada vez más pesada de sostener.

Cuando estas personas hacían las averiguaciones previas para contratar el préstamo, los bancos ofrecían simuladores online que permitían proyectar la evolución de las cuotas en distintos escenarios económicos. Pero ni las situaciones presentadas entonces como más “pesimistas” lograron anticipar lo que al final pasó, justo después de un boom inmobiliario en el que llegó a haber 24 mil nuevos “propietarios UVA” por trimestre.

Sólo en los últimos seis meses, las cuotas se incrementaron un 30%. Y cerraron el 2018 con un alza del 46,8%. Se trata de una suba interanual muy superior a la de los salarios de los trabajadores registrados, que a octubre se habían actualizado sólo un 27,3% en 12 meses, tal como informó este jueves el Indec.

Desde la Secretaría de Vivienda de la Nación -aseguraron a diario Clarín- que calculan que alrededor de 30 mil deudores -sobre más de 130 mil préstamos- habrían quedado a fines de 2018 en condiciones de activar la “cláusula gatillo” que el sistema UVA prevé para aliviar las cuotas en períodos como el actual.

Lo que dice la “letra chica” de todos los créditos UVA es que, si desde el inicio las cuotas subieron 10 puntos porcentuales más que lo que habrían aumentado al ajustarse según el Coeficiente de Variación Salarial del Indec, el cliente puede pedir que le recalculen los pagos con un plazo hasta 25% mayor: por ejemplo, pasar de 20 años a 25, o de 30 a 37, lo que rebaja un poco los montos, aunque en algunos casos de manera poco significativa (ver abajo). Esto se puede hacer sólo una vez a lo largo de toda la vida del préstamo.

Como alternativa, en octubre se sumó un sistema que le pone un tope a las cuotas, para que nunca sean más de un 10% respecto al valor que tendrían si se hubiesen ajustado con el índice de salarios. Así se logra un techo a las subas sin ampliar el plazo, pero lo que deja de pagarse se compensará con cuotas más altas en futuros años de bonanza, en los que los sueldos le ganen a la inflación (como había sucedido en 2017). Y por ahora, sólo los bancos públicos planean tener disponible este recurso, no los privados.

Con cualquiera de las dos modalidades, las cerca de 30 mil personas que ya habrían cruzado el “umbral del 10%” recién podrán recurrir a esa herramienta a partir de febrero o de marzo. Esto es, una vez que el Indec  publique los datos de salarios de noviembre y diciembre, que son los que marcarían la mayor brecha entre ingresos e inflación, habilitando por primera vez el uso de la cláusula.

Cuando se dé la situación, el banco le debe notificar al cliente que está en condiciones de ir a pedir la prórroga, indicaron en el organismo oficial. Algo que la mayoría prevé hacer por correo electrónico.

Frente a este panorama, el secretario de Vivienda, Iván Kerr, busca dar un mensaje tranquilidad y optimismo. “El sistema sigue funcionando. No hay mora en el crédito y las familias tienen la posibilidad de refinanciarlo en caso de que tengan algún problema. Por otro lado, en los próximos meses, el salario irá recuperando de vuelta poder adquisitivo y, con una inflación que empieza a estabilizarse, va encontrar de vuelta su equilibrio”, explicó a diario Clarín.