El Gobierno nacional extendió hasta el 31 de enero el congelamiento de las cuotas de los créditos otorgados por los bancos a casi 95 000 familias en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA).

En su artículo primero, el decreto aclara que la medida se dicta en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la Ley N.° 27541. Esa emergencia fue ampliada por el Decreto N.° 260/20 y su modificatorio, y el Decreto N.° 297/20, que estableció la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio", y sus normas complementarias.

Asimismo, se extendió la suspensión en todo el territorio nacional de las ejecuciones hipotecarias, judiciales o extrajudiciales, en las que el derecho real de garantía recaiga sobre los inmuebles.

Cómo se calcula la nueva fórmula del Procrear que reemplaza a los créditos UVA

El presidente Alberto Fernández relanzó el Plan Procrear, que incluye una inversión de $ 25 000 millones en nueve líneas de créditos destinadosa la construcción, refacción y ampliación de viviendas. El objetivo es reactivar la actividad y reducir el déficit habitacional.

¿Qué pasará post congelamiento? 

El decreto, que prorroga el congelamiento de las cuotas de los créditos UVA hasta el 31 de enero de 2021, establece que, a partir de entonces, los pagos deberán ir actualizándose en un esquema de 18 meses, de manera que las cuotas vuelvan a seguir el ritmo de la inflación y se compensen los meses congelados. ¿Qué implicaría esto? Esto significaría que, en el período entre febrero de 2021 y julio de 2022, aumentarían el 163 %, según los cálculos del economista especializado en vivienda Federico González Rouco. 

De acuerdo con el experto, el incremento del 163 % se debe a que las cuotas no solo están congeladas desde las PASO de agosto de 2019, sino que también están por debajo de los niveles que deberían haber alcanzado.

Siguiendo la convergencia que se había estipulado en febrero de este año, las cuotas serían el 27 % más altas aproximadamente. Si nunca hubiera habido congelamiento, los tomadores de créditos estarían pagando el 34 % más.

"Lo que hace el Gobierno es congelar hasta enero, calcular todo el atraso y dividirlo por 18. Cada una de las próximas 18 cuotas va a aumentar lo que corresponde (por la inflación) más un puchito para converger. Ese puchito es mayor al principio que al final. Eso da el 163 % en 18 meses, entre inflación y atraso, siempre según lo que espera el mercado", explicó vía Twitter. Agregó que, mes a mes, las cuotas van a llegar a más que duplicarse y van a estar un año creciendo a más del 70 % anual.

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El gobierno decretó la extensión del congelamiento de las cuotas UVA hasta enero.Después de eso, entre febrero 2021 y julio 2022, las cuotas van a aumentar lo que corresponda (la inflación) + cerca de 3% para compensar.En total, las cuotas van a aumentar 163% en esos 18 meses pic.twitter.com/vgCtZ8gVeb

Qué dice el decreto

En la normativa, se dispuso que hasta el 31 de julio de 2022, las entidades financieras deberán habilitar una instancia para considerar la situación de aquellos clientes que acrediten que el importe de la cuota a abonar supera el 35 % de sus ingresos actuales.

Además, las instó a "contemplar situaciones especiales debidamente acreditadas que deriven en una variación de los deudores/codeudores considerados".

En otro punto, se fijó que las deudas que pudieren generarse desde el 1.º de octubre próximo y hasta el 31 de enero de 2021, originadas en la falta de pago o por pagos realizados fuera de plazo o por pagos parciales, podrán ser convertidas a Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y refinanciadas a pagar a partir de la finalización del cronograma vigente del préstamo, en cuotas que no podrán superar la cuota original del préstamo. Por otra parte, de aplicarse intereses compensatorios, estos no deberán exceder la tasa de interés del préstamo original.

La norma determinó que las deudas acumuladas previstas en el Decreto 319/2020 podrán ser refinanciadas y agregó que "las partes podrán pactar una forma de pago distinta que no podrá ser más gravosa para la parte deudora". También puntualiza que la referida emergencia "ha dificultado para una importante cantidad de locatarios y locatarias, la posibilidad de hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos suscriptos con anterioridad a la aparición de la pandemia por COVID-19, la  que ha modificado la cotidianidad y las previsiones de los y las habitantes del país".