Desde los estudios de Señal U, Damián Salamone, titular del Instituto Provincial de la Vivienda en Mendoza (IPV), detalló que la extensión del plan Procrear busca reducir el déficit habitacional provincial. La novedad: podrán acceder aquellas familias que estén por debajo de los dos salarios mínimos, vitales y móviles (alrededor de 16 mil pesos de ingreso total), como también así aquellas que lo superen.

Las primeras, según Salamone, recibirán el préstamo al 100 % del Estado. Esto significa aproximadamente el 70 % de financiamiento nacional y el 30 % de financiamiento provincial, por la articulación de estas dos partes en el nuevo programa de viviendas.

La segunda categoría de familias, quienes perciben más de 16 mil pesos al mes, recibirán un financiamiento del 30 % por parte del Estado y el resto a través de créditos hipotecarios. Esto permite a la clase media acceder a programas de vivienda. Lo que se busca con esta diferenciación es “activar también la obra pública y poder captar a aquellas familias que puedan acceder a un crédito con este 30 % de financiamiento del Estado”.

El antecedente que permitió este nuevo plan fue el acceso al crédito a nivel nacional, a través de créditos hipotecarios con el sistema de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). El crédito no se toma ni en pesos ni en dólares, se toma en UVAs, que se convierten a pesos y se ajustan por el índice de inflación. De esta forma, el préstamo se modifica según la inflación que registre el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

Salomone también hizo referencia al estado del Instituto cuando empezó su gestión en 2016. “Había bancos de proyectos en los municipios que superaban los 10, 12 y hasta 15 años.” “Los primeros días de la gestión notificamos, desde el Instituto, a cada director de vivienda y a cada intendente para que blanqueen ese banco de proyectos. Es decir que hoy las entidades intermedias, cada dirección de vivienda de cada municipio y el IPV tienen la misma información”, dejó en claro Salomone, y agregó que “ahora podemos planificar de una manera mucho más seria, más prolija y más ordenada”.

En cuanto a los requisitos para acceder a los créditos, el titular del IPV dijo que “básicamente los requisitos son los mismos que antes: no tienen que haber sido adjudicatarios de otra vivienda; ser un grupo familiar conformado; cumplir con todas las presunciones vigentes, por más que el plan nacional haya cambiado la política habitacional en Mendoza”.
 

Proyectos mixtos

Dentro de las novedades del nuevo plan de viviendas en la provincia, Damián Salomone detalló un gran cambio en cuanto a los desarrolladores de proyectos. La variante que se llama "conjuntos urbanos integrados" consiste en que el “desarrollador privado tenga la posibilidad de trabajar con el Estado, bajo la revisión profunda y exhaustiva de todos los proyectos por parte del Instituto”. Para el titular del IPV esto “es algo muy nuevo y diferente que ha funcionado por muchos años en otros países de la región”.

A estos proyectos mixtos, que antes no tenían lugar, se les exige que un tercio de esas casas sean cedidas a vivienda social. En palabras de Salomone: “Un tercio del desarrollo que se va a llevar a cabo, el Estado lo va a financiar bajo el régimen de vivienda social”, mientras que de los dos tercios restantes del proyecto, “el desarrollador, dentro de sus posibilidades, también puede ceder una parte al Procrear o invertir bajo su costo en alguna plusvalía; por ejemplo, en un centro comercial”.
 

Los números en Mendoza

Salomone estimó el déficit habitacional en Mendoza en más de 60 mil casas nuevas y más amplio si se toman en cuenta las reparaciones, mejoras y ampliaciones en viviendas ya existentes. Aclaró que el número “es variable porque no hay datos certeros en cuanto a los relevamientos de los últimos censos”.

Aseguró que hoy en día en el Instituto “no existen deudas con empresas”, lo que les permitirá “planificar y poder asegurarnos que vamos entregar entre 2000 y 3000 viviendas este año”. En 2016 el Instituto Provincial de la Vivienda entregó apenas 500, situación que el funcionario le atribuye a que “toda la obra pública estaba paralizada prácticamente desde mitad de 2015 hasta el primer cuatrimestre de 2016”.