Cómo crecieron los gastos provinciales en un año y medio
Prioridades y deudas del Gobierno provincial. Aquí un análisis comparativo del Presupuesto aprobado la semana pasada, cuando ya transcurrieron casi ocho meses del año.
Un momento de la votación de la Ley de Presupuesto en la Cámara de Diputados.
El presupuesto 2014, aprobado a esta altura del año, ¿es pura formalidad? Tanto en el oficialismo como en la oposición coinciden en que ya que se ha ejecutado más de la mitad de la pauta de gastos (se usó el del año pasado) y que lo que el Gobierno buscaba como prioridad era que tener el aval legislativo (lo necesita porque la Constitución provincial lo pide) para endeudarse, en este caso, por 800 millones de pesos que es a lo que accedió el radicalismo (en realidad es más, ya que se lo autoriza a emitir letras por hasta el 2,5 por ciento del total del presupuesto). Sin embargo, al ritmo de la inflación, el texto había que aprobado Diputados a principio de año cambió, pero mucho más lo hizo respecto de aquel aprobado a principio de 2013 y que sirvió hasta este miércoles 23 de julio para los últimos ejercicios. En 2013, la Legislatura aprobó 24,5 mil millones de pesos como autorización de gasto al Ejecutivo para que funcione el Estado. Un año y medio después, avaló un presupuesto de 35 mil millones de pesos. En 2013, de acuerdo al texto que figura en la página del Ministerio de Hacienda Provincial, lo aprobado para la amortización de la deuda fue de más de 569 780 000 pesos, mientras que lo autorizado esta semana para el ejercicio 2014 fue de 1 671 073 714 pesos, es decir que se triplicó.
¿Cómo creció la planta de personal de acuerdo a la comparativa de ambos presupuestos? El artículo 8 del presupuesto 2013 decía: “Fíjase en setenta y cinco mil ochocientos veinte (75 820) el número de cargos de planta de personal permanente y en dos mil ochocientos dieciséis (2816) el número de cargos de la planta de personal temporario”. El texto sancionado esta semana estableció en 77 789 el número de cargos de planta de personal permanente y en 2859 el número de cargos de la planta de personal temporario. Pero hubo, a pedido del radicalismo, limites a la incorporación de personal. Sólo se sumarán a la Administración Pública agentes de áreas relacionadas con los servicios básicos brindados por el Estado: salud, educación, seguridad, penitenciaria y justicia, además de aquellas incorporaciones surgidas por los acuerdos paritarios.
En salud también habrá un seguimiento sobre los gastos que se hacen por contratación de personal, que está vinculado a la puja que mantiene el ministro Matías Roby con profesionales que trabajan en el sector público. Se declaró la “emergencia” de los profesionales en especialidades criticas de anestesiología pediátrica y neonatal, cirugía pediátrica y neonatal, traumatología pediátrica, neurocirugía pediátrica y neonatal, neonatología y terapia intensiva pediátrica, terapia intensiva de adultos y recuperación cardiovascular y anestesiología, dentro del ámbito de los efectores públicos y organismos descentralizados, centralizados dependientes del Ministerio de Salud y de la Obra Social de Empleados Públicos (O.S.E.P.). Para sus contratos habrá auditorías. Además, el presupuesto prevé “un sistema de recupero de gastos en que incurran todos los efectores públicos originados en la atención de pacientes con coberturas sociales privadas y/o cuyas erogaciones deban ser afrontadas por compañías aseguradoras” y la conformación de “juntas médicas” que permitan hacer un efectivo seguimiento de las ausencias por enfermedades del personal.
El año pasado, para la empresa estatal que da el servicio de agua potable, Aysam, se autorizaron 36 000 000 pesos. Este año, el pedido de autorización de de 76 000 000 pesos, es decir, un poco más del doble. El artículo 113 aclara: “en la medida que presupuestaria y financieramente sea factible y hasta tanto la empresa logre su equilibrio presupuestario”.
El Instituto Provincial de la Vivienda recibirá menos dinero que el año pasado. Serán 160 000 000 pesos para este año, mientras que el año pasado fueron 250 000 000, aprovechando la expansión del plan Procrear que viene directamente de la Nación, a través de los fondos de la Anses.
El canal de TV provincial, Acequia, recibirá 7 millones de pesos, “en la medida que sea factible”, aclara el presupuesto. Se trata de una apuesta del Gobierno provincial que surgió luego de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es el segundo canal de TV que nació después de esa instancia en Mendoza. El primero en inaugurarse fue Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo.
El Plan Nacer (cuyo objetivo es mejorar la cobertura de salud y la calidad de atención de las mujeres embarazadas, puérperas y de los niños/as menores de 6 años que no tienen obra social) también recibirá más del doble de los recursos. En 2013 se estableció un presupuesto de 4 620 000 pesos, mientras que en 2014 es de 7 349 630 pesos.
Este año, a pedido del radicalismo, habrá un control sobre la información de los gastos públicos. Se estableció en el artículo 89 “la Obligatoriedad del Sistema de Información Contable (SI.DI.CO.) para los Organismos de Administración Central (Carácter 1), Descentralizados (Carácter 2), Cuentas Especiales (Carácter 3), Otras Entidades (Carácter 5) y Entes Reguladores y Otros Organismos (Carácter 9)”. Además, la Contaduría General de la Provincia deberá arbitrar los medios necesarios para incorporar las ejecuciones presupuestarias al SI.DI.CO. en un plazo de un año contado a partir de la publicación del pauta de gastos.
Endeudarse
La discusión del Presupuesto que llevó medio año entre el oficialismo y la oposición estaba dada en que el gobierno de Francisco Pérez quería tomar deuda por 1700 millones de pesos. Tire y afloje, finalmente la UCR (que es el partido de la oposición con mayor representación parlamentaria) dio el OK para que la Casa de Gobierno se endeudara por 800 millones. Pero en realidad es un poco más, ya que el artículo 92 establece: “Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir letras del tesoro, pagarés u otros medios sucedáneos de pago por un monto en circulación de hasta el dos y medio por ciento (2,5%) de los ingresos totales previstos en el presupuesto vigente, para cubrir déficit estacionales de caja. Estos medios de pago podrán emitirse en un plazo y vencimiento que no exceda al ejercicio fiscal en que fueron emitidos y deberán ser cancelados antes del 31 de diciembre del año en que fueron emitidas”. Es decir que Pérez podrá colocar letras por más de 700 millones de pesos.
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