La cantidad de denuncias judiciales por violencia ejercida contra personas mayores aumentó en los últimos años, especialmente las relacionadas con maltratos verbales, psicológicos y económicos. Así lo aseguró la jueza de Familia de Las Heras, Susana Mastromauro, durante las Segundas Jornadas sobre maltrato y acceso a la justicia en las vejeces, que se realizaron en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO.

En el encuentro, organizado por el Centro de Estudios sobre Vejeces y Envejecimiento Poblacional (Cevep), expuso un grupo de profesionales de distintas ramas sobre la problemática del maltrato hacia personas mayores, con el foco puesto en el acceso a la justicia. Coincidieron en dos aspectos: que Argentina cuenta con un andamiaje jurídico robusto en materia de protección, pero que es necesario hacerlo efectivo; y que este colectivo se topa con una barrera tecnológica a la hora de acercarse a los efectores judiciales porque no cuenta con un dispositivo o porque no sabe utilizarlo.

En el encuentro expuso un grupo de profesionales que coincidió en la barrera tecnológica que enfrentan las personas mayores cuando buscan ayuda judicial. Foto: gentileza Coco Yañez

Un fenómeno mundial

Una persona se considera mayor cuando tiene 60 años y más, según la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de ese colectivo. Ese lineamiento lo sigue Argentina, que ratificó el tratado en 2017.

La directora del Cevep, Belén Álvarez Vargas, destacó la importancia de contar con un espacio de reflexión sobre los desafíos que plantea el envejecimiento poblacional, un fenómeno mundial que se replica en Argentina. Esto se produce cuando el porcentaje de personas de 60 años y más llega al 7 % de la población total (en el país es del 14,3 %), y al mismo tiempo, disminuye el de menores de 15 años.

El fenómeno mundial posee dos características que se replican en Argentina: la feminización de la población de 60 años y más, y la migración hacia los centros urbanos, debido a la concentración de servicios.

Esta realidad también se observa en Mendoza. Según los resultados definitivos del Censo Nacional de Población, Hogar y Vivienda 2022, en la provincia viven 53 personas de 65 años y más por cada 100 que tienen entre 0 y 14 años.

La jueza Mastromauro expuso en las jornadas que se realizaron en la Facultad de Ciencias Políticas. Foto: gentileza Coco Yañez

Aumento de denuncias

Mastromauro, jueza de Familia y Violencia Familiar del Juzgado de Gestión Asociada de Las Heras, fue una de las expositoras de las jornadas. Explicó que las denuncias por maltrato contra las personas mayores se incrementaron en el último tiempo, una realidad que, aseguró, implica conflictos complejos en el seno familiar.

La jueza comentó que, en muchas oportunidades, la denuncia la realiza la persona violentada en forma presencial, debido a la imposibilidad de utilizar medios electrónicos, lo que consideró una barrera de acceso a la justicia. En la mayoría de los casos, comentó, son mujeres de entre 60 y 65 años que sufrieron violencia verbal, psicológica y económica por parte de un familiar directo, es decir, hijos, hijas, nietos, nietas.

La magistrada destacó la violencia económica como una de las que más crecieron en los últimos años. Dijo que la misma implica que deciden sobre los bienes de esa persona, sobre su jubilación o pensión, así como su casa, donde no solo habita la familia extendida, sino que, en muchos casos, se disputan esa propiedad como si el dueño o dueña no pudiera decidir.

“Generalmente, a quien denuncian es a un a hijo o a un nieto. Hay un agotamiento de una situación de mucho tiempo, una angustia muy grande, y hay algo, un quiebre, que las llevó a decir basta”, explicó la profesional.

La magistrada marcó un cambio cultural que consideró clave para comprender la complejidad de la problemática. “Muchas veces, en una misma vivienda tenemos distintas generaciones, y en esas generaciones tenemos dos de adultos mayores, es decir, hijos adultos mayores que cuidan a padres adultos mayores, un fenómeno que no se ha dado en otras oportunidades y que implica conflictos familiares”, expresó.

Información clara

Cuando una persona se acerca al juzgado, explicó la magistrada, lo primero que hace el equipo es escucharla y brindarle información sobre el proceso de denuncia, sobre las posibles medidas a tomar para que cese la violencia, así como sus consecuencias. Esto porque, si bien para realizar la denuncia no se necesita de patrocinio letrado y las medidas de protección (como una prohibición de acercamiento o exclusión del hogar) se determinan en 24 horas, para levantar las restricciones sí se necesita asistencia jurídica. Por eso, subrayó, quien denuncia debe estar segura de su decisión y comprender los alcances del proceso.

La jueza comentó que existen situaciones muy complejas que se despliegan a partir de la denuncia y para las cuales la justicia no tiene soluciones porque no es su materia, aunque buscan alternativas viables. Dijo que, en estos casos, citan a referentes de distintos organismos oficiales y de la obra social para intentar buscar soluciones de vivienda o de cobertura médica.

La profesional dio un ejemplo de las situaciones complejas a las que se enfrentan. Contó que, si alguien denuncia a su cónyuge –también adulto mayor– y se dicta una medida de exclusión del hogar, es imprescindible determinar dónde vivirá esa persona, quién cuidará de ella, porque. si no existen otros familiares, la responsable ante la ley de que quien ejerce el maltrato no quede en estado de abandono es su esposa o su pareja.