El director general de Escuelas, Jaime Correas; el ministro de Hacienda, Martín Kerchner, junto al director de administración de la Dirección General de Escuelas (DGE),Gabriel Sciola, informaron durante el mediodía de este jueves 21 de enero la detección de 101 celadores que se encontraban con “usurpación de licencia”.

Las contrataciones irregulares fueron dadas de baja ayer. Y aunque no es problema hacer esto una vez que son detectados los casos, el director general de Escuelas expresó su interés por llegar más lejos y eliminar estos mecanismos, estos favores políticos, que cuentan con la complicidad de muchos actores del sistema.

Jaime Correas se mostró muy molesto al hablar sobre la deuda con la que se encuentra la DGE, que ronda los 140 millones de pesos. Para dimensionarla, explicó que el año anterior, según la directora saliente, la suma era de 13 millones de pesos, es decir que se habría multiplicado por 10.

Correas comentó como uno de los puntos que conforman esa deuda el gas de las escuelas (por lo cual se le debe a YPF). En este caso, el gasto es por los chicos, pero por la usurpación de suplencia se pagó más de un millón y medio. Este dinero, enfatizó Correas, podría haberse destinado a los alumnos y no a gente que inclusive no realizaba una tarea útil.

“Yo quiero que la comunidad tenga claro que mientras se hacen estas gracias y se gastan grandes sumas en gente que nunca debería haber estado ahí, estamos debiendo la plata del transporte, de los alquileres, el gas, cosas que van destinadas directamente a los pibes”, reclamó el director general de Escuelas.

Finalizando la conferencia, Correas hizo una pregunta crítica a los mendocinos: "¿Debemos crear puestos de trabajo o mantener las escuelas limpias?". Para él, el sindicato de los celadores debería organizarse para prestar un servicio que ayude a que los alumnos estudien en un ambiente limpio o, tomando la situación de Buenos Aires como ejemplo, contratar empresas de limpieza que realicen la tarea. Con esto criticó que en algunos establecimientos solo hay una persona a cargo, mientras que en otros hay 13 personas cumpliendo la función de celador.

En qué consiste la usurpación de suplencia

Esta irregularidad consiste en hay un titular que por alguna razón pide licencia y se asigna un suplente, pero cuando vuelve esta persona se mantiene al que entró en reemplazo. Incluso, explicó Correas, se habían detectado casos donde, ante un solo titular con licencia, hay dos personas que cumplen su función.

Los casos fueron revelados, según compartió Kerchner, a partir de noviembre, cuando se hicieron las detecciones. A esto, el ministro de Hacienda sumó que en muchos casos, cuando fueron a notificar a las personas que usurparon esas suplencias, no pudieron encontrarlas en las escuelas donde se suponía debían estar, por lo que debieron reubicarlos, incluso no prestaban la función de celadores.

“El Estado pasó a convertirse en una bolsa de trabajo a costa de recursos que se les saca al destinatario del servicio que son los chicos”, dijo Correas. Enfatizó sobre la necesidad de terminar con la falta de control y la desidia y puntualizó que si bien el 98 por ciento del presupuesto educativo está destinada a sueldos, “ todos esos cargos no estuvieron pensados en función de los chicos”.

Las responsabilidades, un tema caliente

Correas admitió estar azorado con la situación encontrada, porque considera que quien permitió las designaciones, porque alguien le dio la orden, debería ser juzgado penalmente. Además, dijo que le gustaría que existiera un derecho de “lesa educación” para que delitos como este no proscriban y una Conadep que defienda los derechos de los alumnos.

El ministro Kerchner calmó la situación diciendo que le corresponde a la Fiscalía de Estado determinar quién es el responsable político. Inmediatamente, debido a las insistentes preguntas de una periodista, Correa concluyó diciendo que no era necesario que él acusara a Francisco Pérez, exgobernador de Mendoza, por un delito penal cuando él (por Pérez) tiene una responsabilidad política y debe asumir junto a todo su partido las cosas que hicieron.

Para salir de la situación, Kerchner transmitió la preocupación de Alfredo Cornejo, gobernador de la provincia, por la cantidad de dinero que se gastaba en educación y aclaró que esto sería positivo si realmente se vieran mejoras para los estudiantes, pero que es negativo porque el “cliente principal”, los alumnos y sus padres, no accedan a una mejor calidad educativa. Por lo tanto, según explicó el Ministro, el objetivo de todas estas investigaciones es lograr un mejor servicio educativo para los chicos, no hacer arreglos políticos o beneficios económicos del Estado a través del empleo público.

Como será el control para que las usurpaciones de suplencia no sucedan más

El ministro Kerchner explicó que, de acuerdo con el decreto 65 firmado en 2016, todos los ministros acordaron una serie de restricciones que prohíben todo incremento de designación, ajuste de revista, suplementos por subrogancias y contrataciones por el sistema de locaciones y servicios. El objetivo de esto es que sea el Gobernador, según lo que establece la ley de presupuesto, el que analice cada designación (que están suspendidas y prohibidas, sólo se analizarán casos de la Seguridad o la DGE muy necesarios) para terminar con el incremento de la masa de empleados del Estado.