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El lunes, el Gobierno decidió pasar a pasiva a cuatro comisarios generales por posibles hechos de corrupción. Uno apunta a un negocio paralelo con el que, dicen, se ganaban 10 millones de pesos mensuales. Desde el FpV aseguran que esa cifra es imposible de obtener.
Foto archivo Prensa Gobierno de Mendoza
Si hay una verdad irrefutable por estos tiempos es que no es una buena etapa para el peronismo. La situación se repite tanto a nivel nacional como local.
Es difícil salir a defender causas con tantas sospechas de corrupción de por medio. Por eso, el Frente para la Victoria (FpV) no ha tenido una posición de conjunto acerca del pase a disponibilidad, y luego a pasiva, de cuatro comisarios generales que, según el órgano investigativo (la Inspección General de Seguridad) podrían ser parte de un millonario negocio paralelo, generado por servicios extraordinarios no declarados.
Que no alcen la voz públicamente no significa que no tengan nada para decir. Así, un exfuncionario de este partido, que manejaba temas de seguridad pública, cuestionó fuertemente la cifra de 10 millones de pesos mensuales que desde el oficialismo sostienen que se ganaban con esos servicios.
El caso puntual cuestionado es el del comisario Víctor Daniel Loyola González, que es quien, según las sospechas, canalizaba la mayor parte de los servicios extraordinarios truchos. El cuestionamiento surgido del FpV no es sobre la inocencia o culpabilidad de Loyola, sino acerca de la cifra que, dicen, manejaba.
La explicación puede traducirse en una ecuación matemática. Por cuatro horas, un policía abocado a un servicio extraordinario le cuesta al privado 450 pesos. Si ese policía trabajara las 24 horas durante un mes –situación que es imposible en la práctica–, cobraría 81 mil pesos. Es decir que harían falta 125 policías trabajando las 24 horas durante un mes para hacerse con la cifra de los 10 millones de pesos. O bien, que la cantidad de involucrados y de eventos truchos fuese el doble o el triple de las denunciadas.
Pero hay un detalle más: según la denuncia, el pago por fuera del sistema era conveniente para las empresas que lo contrataban; por lo tanto, los servicios extraordinarios ilegales deben de haber costado menos que 112 pesos por hora, como se pagan en el sistema legal. La cifra de los 10 millones queda definitivamente muy grande para el exfuncionario consultado.
La bicameral pidió la presencia de Puertas
Este jueves 23 se reunió la bicameral de Seguridad y hubo acuerdo para citar al director de la IGS, Marcelo Puertas. Lo que piden desde el FpV es que se expliquen los detalles que sostienen las denuncias realizadas, puesto que hasta el momento no han trascendido con exactitud. El oficialismo se comprometió a gestionar la presencia de Puertas en esta bicameral en los próximos días.
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