Si los días que vienen mantienen el ritmo de los que ya pasaron, seguiremos teniendo novedades importantes en la causa de los cuadernos de las coimas. Para algún desprevenido, tal vez se trate de un capítulo más de la Argentina intensa y volátil a la que ya estamos acostumbrados. Pero no.

Se ha roto definitivamente el círculo de lealtades que hasta ahora, de alguna manera más o menos efectiva, escondía el carácter sistémico de la corrupción en los años kirchneristas. Los motivos están a la vista. Son tantos los actores involucrados (funcionarios de primera y segunda línea, empresarios, empleados) que es imposible controlarlos. No hay manera de prolongar el pacto de silencio.

Además, se hizo visible en los últimos días una dimensión por demás real y tangible del relato kirchnerista. No había en él únicamente símbolos, apelaciones populistas y una (re)construcción permanente del pasado reciente. Intervinieron decidida y organizadamente en la realidad. Sobornando. Robando. Llenándose los bolsillos con la plata de todos los que aportan para que Argentina, cuando menos, funcione.

El hecho de que en el Gobierno de Cambiemos los valores de las licitaciones de la obra pública estén 40 % debajo en comparación con la época del kirchnerismo es un dato tan elocuente que habla por sí solo. Pero está claro que no alcanza con las buenas intenciones ni con unos cuantos funcionarios que decidan hacer bien las cosas. Urge avanzar en un marco legal que regule con eficiencia cómo debe responder el Estado en situaciones como esta.

Desde 2015 se ha hecho mucho. Y en la vorágine judicial de las últimas semanas en Comodoro Py hemos visto palmariamente la aplicación práctica de la ley del arrepentido. Esta figura jurídica, vigente desde noviembre de 2016, es la carta que ha permitido que la investigación de los cuadernos avance en múltiples e inesperadas direcciones.

La ley penal de personas jurídicas, que puso a la Argentina a tono con estándares internacionales, es otra herramienta clave para marcar la cancha y establecer pautas claras de acción para empresas y sociedades, principalmente en sus vínculos con el Estado. Hoy, las personas jurídicas son responsables por cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y balances e informes falsos agravados, entre otros delitos.

El presidente Mauricio Macri anunció en los últimos días un paquete de tres proyectos fundamentales en este sentido. La ley de Ética Pública, de una vez por todas, pondrá límites claros en el accionar de los funcionarios, principalmente en todo lo relativo a declaraciones juradas y patrimonio de familiares. El INDEC, que ya ha cambiado su cara y ha recuperado credibilidad internacional después de años de oscuridad, pasará a ser un organismo descentralizado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, con independencia funcional, autonomía financiera y personería jurídica propia. Por último, ingresará al Congreso un proyecto para actualizar la actual ley de Protección de Datos Personales, incluyendo disposiciones acordes a las amenazas actuales en materia de datos, principalmente en el mundo virtual.

Todos estos son instrumentos indispensables para ordenar y bajar una línea institucional de conducta para todos aquellos que se relacionen, directa o indirectamente, con lo público, con lo que es de todos. Pero falta todavía una cuestión indispensable: la ley de extinción de dominio, que buena parte de los senadores se resiste a sancionar.

El mensaje de la sociedad es fuerte y directo: hagan lo que hay que hacer para que el Estado recupere los bienes adquiridos con dinero de la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos y otras actividades ilícitas que dañan gravemente a una sociedad democrática. No vamos a aceptar una media sanción que excluya o limite el carácter retroactivo de la ley ni que dilaten por años el proceso: quienes sean encontrados culpables en la causa de los cuadernos de las coimas no solamente deben cumplir su pena en la cárcel, sino que tienen que devolver lo que robaron.

Entre tanto bombardeo mediático y judicial, donde todo parece cambiar hora a hora, encuentro una certeza excepcional. Esta causa no es igual a otras; la ciudadanía está despierta y exige resultados. Porque ha quedado clarísimo cómo la corrupción generalizada lesiona el funcionamiento elemental de un Estado democrático.

Como señala el Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos, son las familias más desprotegidas las que sufren los mayores impactos en un contexto generalizado de corrupción. Porque el dinero destinado a programas sociales, a salud, a la vivienda, seguridad, educación va a parar a sobornos que alimentan una estructura clientelar.

La ciudadanía exige respuestas y tenemos que dárselas.

Aprovechemos esta oportunidad para demostrar -y demostrarnos- que no todos somos iguales, y que tenemos la suficiente madurez política e institucional para que los delincuentes paguen por el daño que hicieron. La transparencia, la igualdad ante la ley, una Justicia abierta y presta para actuar, no son metas lejanas. Son medios imprescindibles que necesitamos para desmantelar el aparato corrupto que heredamos y avanzar hacia un Estado más justo y moderno. Ya no hay dudas: Argentina está cambiando.